Washington D. C. - Una coalición de organizaciones de la diáspora neoyorquina llevó a cabo esta semana una protesta en contra del proyecto Esencia de Cabo Rojo, con ocasión del décimo aniversario de la aprobación de la ley Promesa.

La manifestación tuvo lugar el martes frente al hotel Mandarin Oriental de Nueva York, una de las hospederías que puede ser parte del proyecto hotelero y de viviendas que se ha propuesto para la zona oeste de Puerto Rico.

“Como caborrojeña, como hija, nieta y bisnieta de Cabo Rojo, es mi deber defender esta tierra hasta el último aliento. Sueño con regresar algún día a Borikén y contribuir a la importante misión de preservar nuestro patrimonio cultural. Esta lucha no es solo por mí y por mi familia, es por el futuro de Puerto Rico. Es algo profundamente personal”, dijo Adriana Ruiz Sorrentini, una de las manifestantes.

Ruiz Sorrentini argumentó que el proyecto Esencia, que contaría con más de 1,000 residencias privadas y 500 habitaciones de hotel, representa “la colonización y el saqueo de nuestras tierras por parte de capitalistas buitres multimillonarios no equivalen a progreso, sino que son todo lo contrario a la sostenibilidad”.

Isabel Guzzardo, del Colectivo Diáspora Pa’lante, abogó por la movilización de los puertorriqueños en Estados Unidos “porque el futuro de Puerto Rico pertenece a todos”.

Los manifestantes indicaron que Mandarin Oriental legitima el proyecto Esencia. Durante la actividad, exhortaron a la empresa a retirarse del proyecto, respetar la autodeterminación de la comunidad caborrojeña y dar prioridad a la “sostenibilidad, la biodiversidad y los derechos humanos por encima de las ganancias del sector inmobiliario de lujo”.

El mes pasado, la concejala municipal boricua de Nueva York, Alexa Avilés, presentó una resolución que busca el apoyo del ayuntamiento a los esfuerzos por frenar la construcción del proyecto Esencia.

La medida, radicada el 11 de junio junto a su colega boricua Tiffany Cabán, indica que el sitio propuesto para la construcción “es un terreno rural de importancia ecológica, ubicado entre dos reservas naturales y que sirve de hábitat para aves en peligro de extinción, como el guabairo puertorriqueño”, una especie rara de lagarto y “una especie de lirio en peligro de extinción”.

Además, la resolución –número 494 de 2026– sostiene que esos terrenos contienen, “al menos, 24 sitios arqueológicos precoloniales y coloniales, muchos de los cuales aún no han sido excavados”, y que el proyecto “podría ejercer una presión excesiva sobre el suministro local de agua y correr el riesgo de dañar los criaderos de ostras e interrumpir el flujo de agua dulce y salada a través de los humedales del sitio”.

La medida también denuncia, entre otras cosas, que el proyecto podría “causar una erosión extrema del terreno, así como deslizamientos de tierra”.

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó, en diciembre, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aunque con ciertas condiciones que deben completarse durante su construcción.