Washington D.C. - La congresista Alexandria Ocasio Cortez afirmó que las crisis en el suministro de energía y en el servicio de agua potable a que se enfrentan decenas de miles de residentes en Puerto Rico no puede desvincularse de la imposición de la ley Promesa y la responsabilidad administrativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Las crisis actuales en la isla no pueden separarse de Promesa, la JSF y la mala gestión del presupuesto de Puerto Rico por parte de la Junta”, indicó la puertorriqueña Ocasio Cortez, demócrata por un distrito de la ciudad de Nueva York, con ocasión del décimo aniversario de la imposición del estatuto que creó la JSF y un sistema de bancarrota territorial que ha permitido reestructurar gran parte de la deuda pública de Puerto Rico.

Ocasio Cortez enumeró varios problemas a los que se enfrenta aún Puerto Rico, como “el deterioro de la infraestructura pública, la salud y las escuelas”, 10 años después de la imposición de la ley Promesa, década durante la cual la JSF “ha funcionado como la principal administradora del estado colonial de Puerto Rico”, sin auditar la deuda pública y buscando “enriquecer a los fondos buitre de Wall Street”.

Aunque advierte de esfuerzos de “mala fe” por eliminar la JSF con el propósito de aún imponer una carga pesada a Puerto Rico con respecto a la deuda pública de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ocasio Cortez sostuvo que “el camino a seguir para Puerto Rico” debe incluir la derogación de la ley Promesa y la disolución de la JSF.

Pero, también abogó por poner fin a “políticas tributarias corruptas” como la antigua Ley 22 –ahora parte de la Ley 60 de 2019–, que considera permite a “inversionistas estadounidenses y extranjeros explotar a Puerto Rico y sobrecargar sus sistemas públicos sin contribuir a ellos”.

Ocasio Cortez, quien no debe tener problemas en ser reelecta en noviembre como congresista de un distrito que incluye zonas de Queens y el Bronx, exhortó a “eliminar los contratos energéticos corruptos que impulsan precios récord e invertir en energía pública y renovable (y) proteger a nuestros adultos mayores de los ataques a sus pensiones y atención médica”.

La legisladora federal boricua reafirmó, además, su rechazo al proyecto hotelero y de vivienda Esencia, en Cabo Rojo, y la defensa del “derecho constitucional a la propiedad pública de las playas y tierras públicas para todos los puertorriqueños”.

El Congreso, agregó, debe, a su vez, “proporcionar financiamiento sólido para restaurar los sistemas públicos de salud y educación de la isla”.