El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) calificó el jueves como justa la nueva política de elegibilidad del Comité Olímpico Internacional, que excluye a atletas transgénero de las competencias, aunque expresó reservas sobre las pruebas requeridas para confirmar el sexo de las deportistas.

La nueva normativa entra en vigor de inmediato y será aplicada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con el objetivo de “proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

“El Comité Olímpico tiene que acatar la reglamentación internacional. Creo que es lo más justo para todas nuestras atletas, que puedan competir en igualdad de condiciones. Si los varones compiten en igualdad de condiciones, ¿por qué las féminas no? Es una decisión justa”, expresó Sara Rosario, presidenta del Copur, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Olímpica.

“Cuando se trata de atletas transgénero, cuya participación es mínima, hay que proteger a la mayor cantidad de deportistas que compiten y desean hacerlo en buena lid. Estoy a favor de la decisión”, agregó.

No existe certeza sobre cuántas mujeres transgénero compiten a nivel olímpico. De hecho, ninguna mujer que haya hecho la transición tras nacer hombre participó en los Juegos Olímpicos de París 2024. A nivel local, tampoco hay casos registrados en las federaciones deportivas.

No obstante, Rosario manifestó preocupación por las pruebas requeridas, que incluyen la detección del gen SRY, ubicado en el cromosoma Y y responsable de iniciar la determinación del sexo masculino.

“Es un retroceso volver a exigir pruebas de feminidad en el deporte. Es regresar a las décadas de 1980 y 1990. En atletismo ya se implementaron para el Mundial de Tokio. Nuestras atletas tuvieron que realizarlas en laboratorios en Puerto Rico, y son costosas. En algunos países, incluso, son ilegales”, señaló.

El costo de estas pruebas puede oscilar entre 100 y 2,000 dólares, lo que, según Rosario, representa un reto adicional para las atletas y las federaciones.

“Es un tema complejo desde cualquier ángulo. Tampoco se puede dejar a la sospecha, porque eso sería aún más indigno. No es la alternativa ideal, pero para garantizar igualdad de condiciones y tranquilidad, parece ser la solución que han encontrado”, indicó.

El COI, presidido por Kirsty Coventry, publicó un documento de 10 páginas que también establece restricciones para atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), como la doble campeona olímpica Caster Semenya.

Coventry, primera mujer en dirigir el organismo en sus 132 años de historia, inició en junio pasado una revisión sobre la “protección de la categoría femenina”.

Previo a esta política, federaciones internacionales como las de atletismo, natación y ciclismo ya habían aprobado medidas similares antes de París 2024, excluyendo a mujeres transgénero que pasaron por la pubertad masculina.

La decisión también ha sido comparada con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre deportes femeninos de cara a los Juegos Olímpicos en territorio estadounidense, aunque Rosario descartó una relación directa.

“El COI lleva trabajando este tema desde mucho antes. Hay grupos de trabajo desde 2021 evaluando la evidencia científica. No creo que tenga que ver con la política de Estados Unidos, que solo aplica a su territorio”, sostuvo.

La normativa no aplicará a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ni a los Juegos Panamericanos 2027.

“Ahora corresponde ver cómo las federaciones internacionales implementarán la medida y cómo orientarán a las atletas. Es probable que en eventos mundiales comiencen a exigir estas pruebas, como ya ocurrió en atletismo. En competiciones regionales será más difícil por los costos y el poco tiempo de adaptación. Será un proceso gradual que debe madurar antes de su plena implementación en Los Ángeles 2028”, concluyó Rosario.