El propósito de la demanda que radicó Enrique Martin Morales, conocido artísticamente como Ricky Martin, contra su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin no sería para obtener los $30 millones por daños, sino como un ejercicio para limpiar su imagen y un detente a las acciones del demandado.

En esto coincidieron los abogados Edwin Prado y Donald Milán Guindín, quienes fueron consultados por El Nuevo Día para analizar los pormenores de este caso, las posibles razones del astro boricua para iniciar este pleito civil y las posibilidades que tenga de prevalecer en los tribunales del país.

El cantante sometió ayer, miércoles, una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios.

Esto, luego que Sánchez Martin solicitara el pasado 1 de julio una orden de protección ex parte, bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. En la petición, el sobrino alegó —falsamente, según los abogados de Ricky Martin— que ambos habían tenido “una relación romántica” por siete meses y que el artista “no aceptaba” la ruptura.

Ese mismo día, la jueza Raiza Cajigas Campbell expidió el remedio. La demanda resalta que, durante una vista inicial, Sánchez Martin “admitió que hacía mucho tiempo que no hablaba” con su tío y que este “nunca lo había agredido sexualmente, ni de otra forma”.

Posteriormente, en una vista celebrada el pasado 21 de julio, Sánchez Martin solicitó el archivo y desistimiento de la causa que había presentado contra el exintegrante de Menudo.

Entonces, ¿por qué demandar e iniciar un nuevo proceso judicial que será altamente mediático?

“Ricky Martin nunca tuvo la oportunidad de defenderse, es una manera de vindicarse, de decir que no era cierto, que no estaba conforme”, apuntó Milán Guindín vía telefónica.

Durante el proceso anterior, la única vez que se escucharían los alegatos del artista era durante la vista de finales de julio. Sin embargo, con el archivo, esto no ocurrió.

“Ricky Martin recibió un golpe bien fuerte. Una persona que tenía una plusvalía, el valor pecuniario de su nombre, de su imagen, que vale millones, se vio empañada con esta radicación (de orden de protección). Las marcas están contigo en las buenas, pero no en las malas. Así que la reacción (de la demanda) es normal. Es una cuestión más moral que otra cosa”, argumentó, por su parte, Prado, en una conversación por separado.

De acuerdo con la demanda, las acciones de Sánchez Martin fueron motivadas por “el deseo de exponer” a su tío “al odio y desprecio de su fanaticada y de coartar sus oportunidades de negocio y destruir su reputación”. Por esto, alegaron los abogados, le cancelaron a Ricky Martin “contratos millonarios” y proyectos artísticos, pérdidas que cuantificaron en una suma no menor de $10 millones.

Asimismo, las alegaciones del demandado habrían causado daños a la reputación “intachable” del también filántropo, que los abogados contabilizaron en unos $20 millones.

Prado explicó que, en el caso de los artistas, existe el “derecho a la publicidad”, que es el valor pecuniario que tienen sobre su imagen. Ese derecho, dijo, no existía en Puerto Rico hasta el caso de Roberto Vigoreaux Lorenzana contra Quizno’s, por utilizar su imagen y la de Carlos Pesquera Morales en un anuncio tras las primarias de noviembre de 2003 con la frase: “Para los que se quedaron con las ganas”. Los demandantes prevalecieron.

“En este caso (de Ricky Martin), esa imagen se ha dañado, publicaron una supuesta relación incestuosa y cuando buscas en redes sociales eso es lo que te aparece, no que se archivó. Esa imagen está dañada permanentemente”, agregó el licenciado. “Como especialista en el área de entretenimiento, esto es un pleito de relaciones públicas”.

Sin embargo, ambos letrados concurrieron en que, con esta demanda, Ricky Martin se expone a un proceso judicial que conlleva descubrimiento de prueba.

“Tengo que pensar que está preparado para eso y no tienen nada que ocultar. Se expone a deposiciones bajo juramento y pruebas”, mencionó Prado.

Mientras, Milán Guindín recordó que, en las deposiciones, el alcance de las preguntas es muy amplio.

“Ese abogado del demandado puede preguntar de lo que quiera, desde que naciste hasta qué piensas hacer cuando seas más grande. Asumo que Ricky Martin debe estar claro a lo que se va a enfrentar”, resaltó.

Uno de los cuestionamientos más sonados de la demanda es la cantidad monetaria que requiere el artista, $30 millones por los daños en su contra.

El documento judicial no enumera bienes o propiedades que posea Sánchez Martin. De hecho, menciona que, “según información y creencia”, reside con su padre.

“No hay forma de cobrar ese dinero. Los abogados y Ricky Martin saben que no van a obtener ese dinero. Es más bien un asunto para que la prensa cubra la posición de Ricky Martin, que nunca tuvo oportunidad. Hay gente que dice que es exagerada esa cantidad, pero, para mí, es bien poco para lo que vale Ricky Martin”, opinó Prado.

Por su parte, Milán Guindín expuso que, primero, el demandante deberá probar que, como parte de la solicitud y divulgación de la orden de protección, el artista sufrió daños.

“Yo parto de la premisa que Ricky Martin no necesita ese dinero. Como opera el derecho puertorriqueño, yo puedo poner el número que yo quiera, lo importante es que yo lo pueda probar”, dijo.

Aun así, el también notario presumió que Sánchez Martin “no tiene esas cantidades de dinero”.

“Suponiendo que Ricky Martin prevalezca y el tribunal le conceda la cantidad que sea, pasa, entonces, al proceso de ejecución de sentencia en medio de embargo. Si el sobrino no tiene dinero o propiedades, Ricky Martin no cobra nada”, aclaró.

Por esto, para Milán Guindín, el interés del exponente musical reside en el último punto de la demanda, en el que le solicita al tribunal que le ordene a su sobrino “que se abstenga inmediatamente de comunicarse con el demandante y su familia”, ya sea en persona, por teléfono o redes sociales.

“Más que un ejercicio de cobrar, es una manera de detener a este joven de que continúe con las expresiones que está haciendo. No creo que el interés sea obtener dinero. El interés está en ese último párrafo y vindicar su imagen de un proceso que, en cómo se trabajó esa orden de protección, se le cerraron las puertas”, expuso.

Por otro lado, desde el inicio de la controversia, uno de los argumentos de la defensa de Ricky Martin era que su sobrino padecía de trastornos de la mente.

“Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia, que tristemente está con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y encuentre la luz”, manifestó el propio artista en un vídeo luego que se archivara el caso.

De hecho, la demanda califica a Sánchez Martin como “una persona desajustada”.

Para Milán Guindín, este argumento podría ser “un punto bien controversial” en el proceso judicial.

“Yo no creo que eso sea positivo para el demandante. Si una persona no conoce las consecuencias de sus actos por su condición de salud, no tiene la intención de causar daño. Les puede traer problemas a la hora de probar la intención de daños”, analizó.

Según el licenciado, la defensa podría utilizar los mismos conceptos para argumentar que “ese jovencito, que está desajustado, no sabía el alcance” de sus acciones.

No obstante, el delegado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico reconoció la calidad profesional de los licenciados que representan a Ricky Martin en el caso y supuso que “cada palabra está colocada con una intención”.

Milán Guindín estimó que, como cualquier pleito civil ordinario, podría tardar “años” en resolverse “porque ahora el demandado tienen 30 días para contestar y ahí entonces empiezan los trámites y términos a correr”.

Pero, Prado está convencido en que, al final, Ricky Martin prevalecerá.

“Yo no creo que quisieran radicar una demanda así si tiene esqueletos en el clóset que esconder”, apuntó.