Un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó este martes que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pretende poner fin a la quiebra de la corporación pública ignorando sus derechos y la capacidad de pago que, a su juicio, posee que la empresa eléctrica estatal.

En una declaración enviada a este diario, los bonistas criticaron la oferta de $3,000 millones que el organismo presentó el pasado 1 de junio, formalizando así su rechazo a la propuesta.

Es la cuarta vez que la JSF y los bonistas de la AEE barajean una oferta monetaria sin que se llegue a acuerdo.

Según el grupo de acreedores, la oferta más reciente de la JSF “ignora los datos más recientes en torno al desempeño financiero de Puerto Rico”, las decisiones del Primer Circuito de Apelaciones en su favor y tampoco considera las determinaciones recientes del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). Entre estas, la resolución del regulador eléctrico que insta a la AEE a elaborar estimados “razonables” de gastos y “el desacierto” de utilizar ingresos corrientes para pagar por obras de capital.

“La divulgación pública de una propuesta de mediación de dos párrafos para pagar menos de 25 centavos a una reclamación de bonos acumulados es el ejemplo más reciente de un enfoque que no provee un camino para una resolución constructiva”, reza la declaración de los bonistas.

La declaración de los bonistas se produjo unos 14 días después de que la JSF informara de la oferta que se presentó a través del Equipo de Mediación de la AEE, pero también a solo horas de que la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, celebre la audiencia general de los casos de Título III de Puerto Rico del mes de julio. La declaración también ocurre a solo días de que el proceso de quiebra de la AEE marque su noveno aniversario.

El grupo reiteró que son los abogados y consultores de la JSF y el gobierno quienes se benefician de la prolongación del proceso de quiebra.

Según la declaración, la AEE “languidece” y el proceso de quiebra ha impedido que la empresa eléctrica pueda acceder a los mercados para reparar su infraestructura.

“Bajo la supervisión de la JSF, más de $12,000 millones en fondos federales disponibles para la red eléctrica permanecen si utilizar”, reza la declaración conjunta.

Aunque los bonistas suscribientes no se identificaron, El Nuevo Día supo que la declaración fue emitida por GoldenTree Asset Management y los dos grupos organizados de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE y el Grupo Mayoritario Ad Hoc AEE o MAHG), así como las aseguradoras municipales Assured Guaranty, Syncora Guarantee y National Public Finance Guarantee.

Por su parte, la JSF recordó que la oferta en la mesa casi duplica la recuperación que los bonistas de la AEE hubieran recibido de haberse confirmado el cuarto Plan de Ajuste de la AEE (PDA-AEE).

“Los bonistas que no han consentido a un acuerdo no presentaron una contraoferta”, indicó la JSF en una declaración emitida esta noche.

De acuerdo con el organismo, la reclamación de los bonistas, que ronda unos $8,500 millones más intereses acumulados, representa “una cantidad que es muy superior a lo que el pueblo de Puerto Rico puede pagar”.

“La (JSF) comprende plenamente la carga que la quiebra de la AEE supone para Puerto Rico”, reza la declaración del organismo al agregar que la oferta contemplaba un Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés), lo que habría implicado pagos adicionales a los bonistas para consumar la reestructuración financiera de la AEE.

El organismo dijo que esperaba que la nueva oferta sirviera para que los bonistas se involucraran activamente en el proceso de mediación, lo que no ha sido el caso.

El mes pasado, anticipando que la oferta de $3,000 millones no prosperaría, la gobernadora Jenniffer González Colón dijo que los bonistas no habían mostrado voluntad para llegar a un entendido.

El nuevo rechazo de los bonistas objetores de la AEE sale a la luz mientras se dirime el proceso adversativo para dirimir la reclamación contable de los bonistas de la AEE y en el que tampoco ha habido progresos concretos. A través del litigio, los bonistas intentan demostrar que la AEE utilizó incorrectamente cerca de $3,700 millones en fondos que pertenecían a los bonistas y que se utilizaron para otros fines distintos al pago de la deuda pública.

La semana pasada, El Nuevo Día reveló que para el año fiscal 2023, el déficit acumulado de la AEE rondaba $10,132 millones.