Tras residir por cerca de 28 años en territorio estadounidense, el comerciante Sandro “Juancho” González Domínguez, uno de los propietarios de los restaurantes Callejeros, una cadena especializada en comida tex-mex, fue detenido el 26 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La detención del comerciante, natural del estado de Guerrero, México, y quien entró hace casi tres décadas a Estados Unidos, habría ocurrido frente a uno de los ocho locales de Callejeros, empresa de la que posee el 50 % y que emplea a unas 115 personas, según un recurso de habeas corpus presentado ante el Tribunal federal.

El documento de 14 páginas, que califica la detención de “ilegal”, fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) liderada por su directora ejecutiva, la licenciada Annette Martínez Orabona, así como su director legal, el abogado Fermín Arraiza Navas.

“Sandro no solo tiene vínculos comunitarios y familiares con Puerto Rico, sino que también es un ejemplo de cómo la comunidad migrante es parte de la economía que mueve y sostiene a nuestro país, incluso en medio de la violencia institucional que enfrentan nuestros inmigrantes”, dijo Arraiza Navas. “Exigimos la liberación de Sandro y exigimos el cese de la detención ilegal de personas inmigrantes en nuestro archipiélago”, afirmó.

El caso fue asignado al juez presidente del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, Raúl M. Arias Marxuach. No obstante, el Tribunal de Inmigración emitió una citación para una vista el 1 de octubre a las 8:30 a.m.,tras ser informada sobre el caso en cuestión.

En el recurso de habeas corpus figuran como emplazados Garret J. Ripa, director de la Oficina de Campo de Miami del ICE; David Venturella, director interino de ICE; Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS); Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos; Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico; y Carmen Figueroa, directora de la Oficina de Campo de Puerto Rico de la Oficina de Ejecución y Operaciones de Remoción de ICE, todos en sus capacidades oficiales.

“El país debe saber que las autoridades federales de inmigración siguen violentando los derechos de las personas inmigrantes que residen en nuestro archipiélago, ignorando incluso los procedimientos establecidos por las mismas leyes y reglamentos federales, así como la Constitución de Estados Unidos, lo que convierte en ilegal la detención de Sandro y de miles de inmigrantes”, manifestó la licenciada María “Charito” García, abogada de inmigración de González Domínguez y directora de la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En resumen, el recurso cuestionó la legalidad de la detención de González Domínguez y solicitó que se haga valer el procedimiento de revisión individualizada de custodia que, según los propios documentos de DHS, tiene derecho a solicitar.

De acuerdo con la petición, los documentos emitidos por el DHS establecen que González Domínguez podía solicitar ante un juez de inmigración una revisión de su detención. El equipo legal sostiene que el empresario ejerció ese derecho, pero que su solicitud no había sido atendida al momento de presentar el recurso federal.

Por ello, la representación legal no solicita en este recurso que el Tribunal federal determine si González Domínguez puede o no ser removido de Estados Unidos. Lo que plantea, según el documento, es si el gobierno puede mantenerlo físicamente detenido sin permitirle la revisión individualizada de su custodia.

La petición también detalló los vínculos personales, familiares y económicos de González Domínguez con Puerto Rico. Según el documento, González Domínguez nació en Guerrero, México, pero ingresó a Estados Unidos sin inspección el 15 de octubre de 1997, por la zona de Douglas, Arizona.

Según el documento, lleva unos 28 años residiendo en territorio estadounidense y tiene dos hijos que son ciudadanos estadounidenses, y conforme a una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, es responsable del 51% de los gastos de uno de ellos.

En el ámbito empresarial, la petición señaló que González Domínguez posee el 50% de Callejeros, negocio que desarrolló durante varios años junto a su compañera y socia comercial. La empresa, según los documentos presentados al tribunal, pasó de operar como un camión de comida a contar actualmente con ocho restaurantes y unos 115 empleados. La defensa también incluyó como evidencia las declaraciones de contribuciones sobre ingresos presentadas por González Domínguez en Puerto Rico entre 2022 y 2025.

La petición describió, además, las circunstancias de la detención. Según el documento, varios de los agentes que participaron en el arresto tenían el rostro cubierto. “Una fotografía tomada en relación con el incidente muestra a personas que aparentemente eran agentes del orden con el rostro cubierto, inmediatamente afuera del establecimiento de Callejeros”, indica el recurso.

Según información recibida por El Nuevo Día, la detención ocurrió cuando el empresario se disponía a abordar una guagua BMW blanca. La intervención habría sido realizada por agentes de ICE. Tras su detención, fue trasladado a las oficinas de ICE en Guaynabo, donde también ubica el Centro de Inmigración.

“Bajaba del segundo piso del restaurante y lo interceptaron tan pronto se montó en su guagua”, dijo una persona que aseguró haber visto el operativo y prefirió reservar su nombre. “Bloquearon el paso, sacaron armas largas y él tuvo que salir de su vehículo y lo montaron en una de las guaguas (de ICE)”, agregó. “Fue tipo película. Lo montaron en cuestión de segundos”.

En el documento, el equipo legal sostuvo que González Domínguez no intentó huir ni evadir a los agentes. Tras su detención, según la petición, solicitó la asistencia de su abogada de inmigración, María del Rosario García, quien posteriormente se reunió con él en Guaynabo.

La petición también planteó que sus huellas dactilares y datos biométricos fueron tomados después de la detención y que el empresario solicitó representación legal antes de proporcionar esa información. No obstante, la defensa indicó que el Formulario I-200 del DHS incluye la confirmación biométrica de su identidad y la revisión de bases de datos federales entre los elementos utilizados para sustentar la causa probable de la orden de arresto.

Por ende, la defensa del empresario indicó que se reserva cualquier reclamación adicional relacionada con la cronología o legalidad de la detención.

“La cuestión planteada aquí es independiente de la determinación final sobre su posibilidad de ser removido: si el gobierno puede continuar con la detención física del peticionario sin proporcionarle la revisión individualizada de custodia correspondiente a la autoridad de la sección 236 que el propio DHS ejerció expresamente”, sostuvo la ACLU en la petición.

La defensa solicitó al Tribunal federal que reconozca que la detención de González Domínguez está sujeta a la sección 236(a) de la ley migratoria y que, por tanto, tiene derecho a una revisión individual de su custodia ante un juez de inmigración.

De igual forma, pidió que la audiencia se celebre con prontitud y bajo los estándares establecidos por el Primer Circuito. Si el gobierno federal no realiza la audiencia, pide que se ordene su liberación. Además, busca impedir que sea trasladado fuera de Puerto Rico mientras se resuelve el proceso y solicita el pago de los costos y honorarios legales.

El Nuevo Día solicitó a ICE información oficial sobre el arresto, pero la agencia no había respondido al momento de esta publicación. Por ello, no se ha podido confirmar si contra González Domínguez se han presentado cargos, ni cuál será el curso de los procedimientos migratorios en su contra.

De igual manera, este medio intentó contactar a Karen Marín, quien también figura como dueña de la empresa, mas los esfuerzos fueron infructuosos.

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La periodista Maricarmen Rivera Sánchez colaboró en esta historia.