En primer plano, el embajador William Taylor. (AP / Alex Brandon)

Washington - El embajador William Taylor afirmó hoy que la atención del presidente Donald Trump sobre un asunto de “interés nacional” para Estados Unidos, como las relaciones con Ucrania, ha sido presionar para que ese país eche hacia delante investigaciones que le beneficien políticamente.

Taylor -a cargo interinamente de la embajada de Estados Unidos en Kiev-, reafirmó el conocimiento que tuvo, por medio de altos funcionarios del gobierno federal, de que el presidente Trump había decidido frenar asistencia militar y una visita del nuevo presidente ucraniano a la Casa Blanca hasta que se iniciara una investigación en contra del ex vicepresidente Joseph Biden, su hijo Hunter, la empresa de gas Burisma y la teoría, sin fundamento conocido, de que Ucrania interfirió con las elecciones estadounidenses de 2016.

El embajador Taylor y el subsecretario adjunto de Estado para Europa del Este, George Kent, testifican hoy en la primera audiencia pública del Comité de Asuntos de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre un potencial proceso de destitución en contra del presidente Trump, a quien se investiga para determinar si abuso de su poder al condicionar asistencia a Ucrania a una investigación formal en ese país sobre los Biden, la empresa Burisma o hasta la teoría conspiratoria de que Ucrania intervino en las elecciones de 2016.

“Como principio general, no creo que Estados Unidos deba pedir a otros países que participen en investigaciones o enjuiciamientos selectivos y políticamente asociados contra opositores de quienes están en el poder, porque tales acciones selectivas socavan el estado de derecho independientemente del país", indicó el subsecretario Kent.

Taylor advirtió que para promover esas investigaciones, se creó un canal de comunicación sobre Ucrania, “altamente irregular”, que incluyó al abogado personal de Trump, Rudolph Giuliani, al jefe interino de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, al entonces secretario de Energía, Rick Perry, al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, y el ex enviado especial a Ucrania Kurt Volcker.

Revive las incidencias

Por vez primera, Taylor hizo referencia a una conversación que el embajador Sondland tuvo por teléfono con el presidente Trump, desde Kiev, en la que el inquilino de la Casa Blanca reafirmó su interés en conocer si Ucrania iba a poner en marcha “las investigaciones”.

La conversación tuvo lugar un día después de la controvertida llamada telefónica del 25 de julio en la que Trump le dijo directamente al presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, que necesitaba como “un favor”, las investigaciones sobre los Biden y los demócratas, antes de acordar la asistencia militar de unos $391 millones a Ucrania y coordinar finalmente una visita oficial a la Casa Blanca.

Según Taylor, un ayudante suyo le dio a conocer el pasado viernes la conversación entre Sondland y el presidente Trump, la cual pudo escuchar en momentos en que acompañaba al embajador estadounidense para la Unión Europea a un restaurante en Kiev después de una reunión con Andriy Yermak, principal asesor del presidente de Ucrania.

El ayudante de Taylor le aseguró que pudo escuchar la voz de Trump preguntándole a Sondland sobre “investigaciones” solicitadas a Ucrania. Sondland le dijo al presidente Trump que “los ucranianos estaban listos para ir hacia delante”, declaró Taylor.

Al terminar la llamada del 26 de julio, el embajador Sondland le dijo al ayudante de Taylor que el interés de Trump en torno a Ucrania eran realmente las “investigaciones sobre los Biden”.

Taylor dijo que conoce que el Comité de Asuntos de Inteligencia le va a dar seguimiento a esa nueva información. Según fuentes, un ayudante de Taylor, David Holmes, ha sido citado a declarar ante el comité este viernes a puerta cerrada.

Pero, el embajador Taylor sostuvo que desde julio se le hizo claro por sus conversaciones con funcionarios del gobierno de Trump que una visita del presidente Zelensky estaba condicionada a que se investigara a los Biden, la empresa Burisma y la teoría de la interferencia ucraniana en las elecciones de 2016.

El embajador Taylor dijo que en agosto expresó directamente al entonces asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, su preocupación con la decisión de frenar asistencia militar a Ucrania, mientras ese país se defendía de “la agresión militar rusa”.

Como expresó antes a puerta cerrada, Taylor – a preguntas del investigador de la mayoría demócrata, Daniel Goldman- reafirmó que es una “locura” frenar asistencia militar a un país aliado, a cambio de conseguir “ayuda para una campaña política”.

Como vicepresidente de Estados Unidos, en 2016, Biden – uno de los principales aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos-, se unió a gobiernos europeos pidiendo la salida del fiscal general de Ucrania por presuntamente no dedicarse a combatir la corrupción en ese país.

Trump ha querido implicar que la solicitud de Biden se hizo porque Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente, era miembro de la Junta de Directores de la empresa de gas Burisma, que se dice llego a estar bajo investigación de la fiscalía ucraniana. No ha habido prueba de ello.

Como parte de su testimonio, el subsecretario Kent dijo que en febrero de 2015 expresó su preocupación de que el nombramiento de Hunter Biden “podría crear la percepción de conflicto de intereses”, pero a la misma vez afirmó que no conoce de “ningún esfuerzo por parte de algún funcionario estadounidense para proteger a Burisma” o su dirección.

La Cámara de Representantes abrió una investigación formal sobre Trump, luego de que un funcionario anónimo de la Casa Blanca presentara una denuncia en contra del presidente de Estados Unidos por los reclamos que le hiciera al presidente ucraniano en la conversación telefónica del 25 de julio.

La divulgación del resumen de esa conversación fue la primera confirmación que se tuvo de que el presidente Trump quería que – antes de conceder una reunión a Zelensky en la Casa Blanca o entregar la asistencia militar a Ucrania-, que el presidente ucraniano le hiciera el favor de encaminar las investigaciones solicitadas sobre los Biden y los demócratas.

La asistencia militar fue entregada en septiembre, después de revelarse el escándalo y el examen que iniciaba la Cámara de Representantes sobre esas denuncias.

“Un esquema para condicionar actos oficiales o dinero de los contribuyentes a cambio de obtener un beneficio político personal no se vuelve menos detestable porque se descubre antes de que se consumara completamente", indicó, por su parte, el presidente del Comité de Asuntos de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, al abrir la audiencia.

Como el investigador republicano en la audiencia, el líder de la minoría en el comité, Devin Nunes, buscó defender el interés del presidente Trump en conocer si hubo alguna interferencia de Ucrania en las elecciones de 2016 y que por ello asignó tareas en ese país a su abogado personal Giuliani.

“Si en realidad hubiera indicios de intromisión electoral en Ucrania, y una intromisión electoral extranjera es una amenaza grave, entonces el presidente Trump tendría una razón perfectamente buena para querer saber qué sucedió", dijo Nunes.

Taylor, aún bajo el interrogatorio de Castro, consideró irregular la participación de Giuliani en asuntos oficiales relacionados a Ucrania.

El embajador Taylor pidió al Congreso defender a Ucrania – por encima de la controversia política que puede dar pie al proceso de destitución-, que se ha enfrentado a la “agresión rusa” y busca fortalecer su soberanía e instituciones democráticas.

El subsecretario Kent, mientras, sostuvo que condicionar ayuda militar por intereses políticos, va en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos de promover en Europa del Este las aspiraciones democráticas de Occidente.

La audiencia de hoy es la primera relacionada un potencial proceso de destitución desde que hace 21 años la Cámara baja federal analizó las denuncias de que el presidente Bill Clinton cometió perjurio y obstruyó la justicia cuando negó su relación extramarital con la becaria Monica Lewinsky.

Aunque la Cámara baja aprobó cargos de destitución en contra de Clinton, el 19 dediciembre de 1998, los republicanos no lograron los dos tercios de votos que se requieren en el Senado para su destitución.

Previamente, en 1974, la Cámara baja también llevó a cabo audiencias públicas sobre el escándalo Watergate en contra del entonces presidente Richard Nixon, quien dimitió antes de que se diera un voto en su contra en el pleno del cuerpo legislativo.

El otro presidente que se enfrentó a un proceso de destitución fue Andrew Jackson, contra quien la Cámara baja aprobó 11 cargos en marzo de 1868, pero quien – como Clinton- fue absuelto en el Senado.

Bajo la Constitución de Estados Unidos, un proceso de destitución contra el presidente estadounidense puede ponerse en marcha si se determina que cometió “traición, soborno y otros delitos graves o menos graves”.

Para llevar a un juicio político en el Senado al presidente Trump, el pleno de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas (233 a 197, con un independiente y cuatro vacantes), tiene que acusar de cargos formales a Trump. Los cargos pueden ser aprobados por simple mayoría.

En el Senado, sin embargo, se quieren dos tercios de los votos para destituir a un presidente de Estados Unidos.

Los republicanos tienen 53 de los 100 escaños del Senado, por lo que los demócratas se enfrentarían a la empinada cuesta de tener que convencer a por lo menos 20 de los 53 republicanos de que las actuaciones de Trump en torno a Ucrania ameritan su destitución.

13 demócratas y 9 republicanos

El Comité de Asuntos de Inteligencia está integrado por 13 demócratas y nueve republicanos.

El contraparte del demócrata Schiff, quien es el presidente de la comisión, es el republicano Devin Nunes (California).

Aunque el proceso de audiencias públicas está en manos del Comité de Asuntos de Inteligencia, será el presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, el demócrata Jerrold Nadler (Nueva York), el responsable de preparar los cargos formales en contra de Trump, si se llega a ese punto.

Para llevar a un juicio político en el Senado al presidente Trump, el pleno de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas (233 a 197, con un independiente y cuatro vacantes), tiene que acusar de cargos formales a Trump. Los cargos pueden ser aprobados por simple mayoría.

En el Senado, sin embargo, se quieren dos tercios de los votos para destituir a un presidente de EE.UU.. Los republicanos tienen 53 de los 100 escaños, por lo que los demócratas se enfrentarían a la empinada cuesta de tener que convencer a por lo menos 20 de los 53 republicanos de que las actuaciones de Trump en torno a Ucrania deben llevar a su destitución.

Bajo la Constitución de EE.UU., en una decisión puramente política, para destituir a un presidente el Congreso tiene que determinar si cometió “traición, soborno y otros delitos graves o menos graves”.


💬Ver 0 comentarios