Un alto funcionario del estado de Florida señaló que el controvertido centro estatal de detención de inmigrantes en los Everglades probablemente quedará vacío en cuestión de días.

El portavoz indicó que el cierre se realizará, incluso, mientras la administración del gobernador republicano Ron DeSantis y el gobierno federal impugnan la orden de una jueza de cerrar la instalación apodada “Alcatraz de los caimanes” a más tardar a finales de octubre, según un intercambio de correos electrónicos al que The Associated Press tuvo acceso.

En un mensaje enviado el 22 de agosto al rabino Mario Rojzman del sur de Florida, relacionado con la prestación de servicios pastorales en la instalación, el director general de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, apuntó que “probablemente quedaremos reducidos a 0 individuos dentro de pocos días”, lo que implica que pronto no habría necesidad de esos servicios.

Rojzman y el asistente ejecutivo que envió el correo electrónico original a Guthrie confirmaron la veracidad de los mensajes a la AP el miércoles.

Un portavoz de Guthrie, cuya agencia ha supervisado la construcción y operación del lugar, no respondió de momento a un mensaje solicitándole sus comentarios.

DeSantis plantea que la disminución de la población se debe a las deportaciones

Un reportero en un evento en Orlando le preguntó sobre el intercambio de correos electrónicos, y DeSantis respondió que la disminución de la población era resultado de un aumento en las deportaciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“En última instancia, es decisión del DHS dónde quieren procesar y ubicar a los detenidos, y es su decisión cuándo quieren sacarlos”, expresó DeSantis. Reconoció que el litigio en curso podría ser “una influencia” en el ritmo de las deportaciones.

Mientras DeSantis intentaba minimizar el papel del estado en las remociones, abogados del gobierno federal han dicho en documentos jurídicos que “cualquier decisión” de detener a inmigrantes no autorizados en el centro “sería decisión de Florida, no del DHS”, y añadió que la instalación opera utilizando “fondos estatales en tierras estatales bajo autoridad de emergencia estatal”.

El centro de detención fue construido rápidamente hace dos meses con el objetivo de albergar a hasta 3,000 detenidos, parte de las medidas del presidente Donald Trump para deportar a personas que están en Estados Unidos ilegalmente.

En un momento dado albergó a casi 1,000 detenidos, pero el legislador federal demócrata Maxwell Frost aseguró que, en una visita la semana pasada, le informaron que sólo quedaban entre 300 y 350. Se han interpuesto tres demandas que impugnan las prácticas en el centro de detención, incluida una que estimaba que al menos 100 detenidos ya fueron deportados. Otros han sido transferidos a otros centros de detención de inmigrantes.

La noticia de que el último detenido en “alcatraz de los caimanes” podría salir de las instalaciones en cuestión de días llegó menos de una semana después de que una jueza federal en Miami le ordenó al centro de detención reducir sus operaciones, y especificó que era necesario que el último detenido estuviera fuera de las instalaciones a más tardar en 60 días.

El estado de Florida apeló la decisión, y el gobierno federal le pidió a la jueza de distrito Kathleen Williams que suspenda su orden mientras se resuelve la apelación, bajo el argumento de que las miles de camas dentro del lugar son sumamente necesarias debido a la sobrepoblación en las instalaciones de detención en Florida.

Grupos ambientalistas y la tribu mikasuki, cuya demanda derivó en el fallo de la jueza, se opusieron a la solicitud. Cuestionaron que las instalaciones fueran necesarias, especialmente luego de que Florida planea abrir un segundo centro de detención de inmigrantes en el norte del estado al que DeSantis ha apodado “depósito de deportación”.

Hasta el miércoles, Williams no había emitido una decisión sobre la solicitud de suspensión.

La jueza destacó en su orden que anticipa que la población dentro del centro de detención se reduzca en los siguientes 60 días, a través de la transferencia de detenidos a otras instalaciones, y una vez que eso suceda, se deberían retirar el cercado, la iluminación y los generadores.

Grupos ambientalistas y la tribu Mikasuki alegaron en su demanda que se debía detener la construcción y las operaciones adicionales hasta que las autoridades federales y estatales cumplieran con las leyes ambientales federales.

Su demanda afirmaba que la instalación ponía en riesgo humedales delicados que son hogar de flora y fauna protegida, y socavaría lo alcanzado con una inversión de miles de millones de dólares a lo largo de varias décadas en restauración ambiental.

A finales de julio, funcionarios estatales ya habían firmado más de $245 millones en contratos para la construcción y operación de la instalación, ubicada en un aeropuerto de entrenamiento de una sola pista que se utiliza poco y se encuentra en medio de los agrestes y remotos Everglades. El centro se inauguró oficialmente el 1 de julio.

En sus demandas, abogados de derechos civiles describieron “problemas graves” en la instalación de los que “anteriormente nunca se había escuchado en el sistema de inmigración”. Las personas detenidas permanecían allí durante semanas sin cargos, habían desaparecido del localizador de detenidos en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), y nadie en la instalación estaba tomando decisiones iniciales de custodia o fianza, señalaron.

Los detenidos también describieron que en la comida a veces surgían gusanos, había inodoros que no funcionaban y los desechos fecales se desbordaban al piso, y mosquitos y otros insectos por todas partes.