El gobierno del presidente Donald Trump aseguró el lunes en una presentación judicial que el proyecto de construcción de un salón de fiestas en la Casa Blanca debe continuar por razones de seguridad nacional y porque una organización de preservacionistas que intenta detenerlo no tiene fundamentos jurídicos para interponer una demanda.

La presentación fue en respuesta a una demanda interpuesta el viernes por el National Trust for Historic Preservation, la cual solicita a un juez federal que ordene que se suspenda el proyecto hasta que pase por múltiples revisiones independientes, un período de comentarios públicos y obtenga la aprobación del Congreso.

El gobierno incluyó en su presentación de 36 páginas una declaración de Matthew C. Quinn, subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos —la agencia responsable de la seguridad del presidente y de otros funcionarios de alto rango— en la que asegura que se necesita más trabajo en el lugar en donde solía estar el Ala Este de la Casa Blanca para cumplir con los “requisitos de seguridad y protección” de la agencia.

La presentación no detalló las preocupaciones a la seguridad nacional; el gobierno se ha ofrecido a compartir detalles clasificados con el juez en una reunión privada sin la presencia de los demandantes.

El Ala Este se ubicaba sobre un búnker de operaciones de emergencia para el presidente.

Quinn aseguró que una suspensión, incluso temporal, de la obra “obstaculizaría consecuentemente” la capacidad de la agencia para cumplir con su misión y sus obligaciones legales.

Una audiencia en el caso está programada para el martes en un tribunal federal en Washington.

La respuesta del gobierno a la demanda ofrece el panorama más completo a la fecha del proyecto de construcción del salón de fiestas, incluido un vistazo de su rápida aprobación y su creciente alcance.

Según las presentaciones, aún no se completan los planes definitivos del nuevo salón de fiestas, a pesar de que ya se dio inicio a la demolición y construcción. La demolición subterránea en el lugar continúa, escribió John Stanwich, el enlace del Servicio de Parques con la Casa Blanca, y el trabajo en los cimientos está programado para comenzar en enero. La construcción sobre el nivel del suelo “no se anticipa que inicie, en el mejor de los casos, hasta abril de 2026”, escribió.

El National Trust for Historic Preservation no respondió de momento a correos electrónicos en busca de comentarios.

El grupo financiado de manera privada solicitó la semana pasada a un tribunal federal que bloquee la construcción del salón de fiestas hasta que el proyecto pase por una serie de exhaustivas revisiones de diseño, evaluaciones ambientales, comentarios públicos y debate y ratificación del Congreso.

“Ningún presidente tiene permitido legalmente demoler partes de la Casa Blanca sin una revisión —ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni nadie más”, afirma la demanda. “Y ningún presidente tiene permitido legalmente construir un salón de fiestas en propiedad pública sin darle al público la oportunidad de opinar”.

Trump mandó a demoler el Ala Este en octubre como parte de su proyecto para construir un salón de fiestas con un costo aproximado de 300 millones de dólares y 8,300 metros cuadrados (90,000 pies cuadrados) antes de que termine su mandato en 2029. Afirma que desde hace tiempo, presidentes anteriores han deseado tener de un espacio para eventos más grande que las salas actuales de la Casa Blanca. Asegura también que el salón de fiestas pondría fin a la práctica de recibir a dignatarios extranjeros en enormes pabellones temporales.

El National Trust for Historic Preservation afirma que antes de tomar cualquier decisión se debían presentar los planes a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, la Comisión de Bellas Artes y el Congreso. La demanda señala que el pasado 21 de octubre el grupo envío cartas a estos organismos y al Servicio de Parques Nacionales para hacer un llamado a frenar el proyecto y solicitar al gobierno que cumpla con la ley federal, pero no recibió respuesta.

La demanda menciona varios estatutos y reglas federales que detallan el papel de los legisladores y las comisiones de planificación y bellas artes en los proyectos de construcción del gobierno federal.

En su respuesta, el gobierno argumenta que el presidente tiene la autoridad para modificar la Casa Blanca e incluyó la extensa historia de cambios y adiciones a la Mansión Ejecutiva desde que su construcción hace más de 200 años. También afirma que el mandatario no está sujeto a los estatutos citados por los demandantes.

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron en la presentación que las afirmaciones del demandante sobre la demolición del Ala Este son “irrelevantes” porque la demolición no se puede deshacer. También arguye que los señalamientos sobre la futura construcción son “prematuros” porque los planes no son definitivos.

Además, sostiene que el National Trust for Historic Preservation no puede establecer un “daño irreparable” porque el inicio de la construcción sobre el nivel del suelo no se tiene previsto sino hasta abril. Argumenta que las revisiones solicitadas en la demanda, las consultas con la Comisión de Planificación de la Capital Nacional y la Comisión de Bellas Artes, “pronto estarán en marcha sin la intervención de este tribunal”.

El proyecto ha desatado críticas entre las comunidades de preservación histórica y arquitectónica, y entre sus adversarios políticos, pero la demanda es el esfuerzo más tangible hasta ahora para alterar o detener los planes del presidente de una obra que, en sí misma, sería casi del doble del tamaño de la Casa Blanca antes de la demolición del Ala Este.

El Plan de Diseño Integral del Servicio de Parques Nacionales para la Casa Blanca identificó por primera vez en 2000 la necesidad de un espacio más grande para albergar eventos y abordar un aumento en el número de visitantes y proporcionar un lugar adecuado para eventos importantes, según la presentación del gobierno.