Una asociación que representa a miles de agentes del FBI y otros grupos respaldan una demanda presentada por tres empleadas de la agencia que fueron despedidas el año pasado por su participación en una investigación sobre los intentos del presidente Donald Trump de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Un escrito legal de la Asociación de Agentes del FBI es uno de cinco presentados durante la última semana por partes externas en apoyo de las agentes, quienes fueron cesanteadas como parte de una purga más amplia de personal impulsada por el director del FBI, Kash Patel. Esta ha estado dirigida contra empleados que investigaron a Trump o que son percibidos como contrarios a los intereses de la administración.

En conjunto, los escritos —incluidos algunos presentados por exempleados del FBI y del Departamento de Justicia— reflejan una oposición coordinada y bipartidista a la ola de despidos que ha sacudido a la agencia durante el último año y medio, mientras Patel intenta transformarla según su propia visión.

Los documentos argumentan que los despidos fueron ilegales porque a los agentes se les negó el debido proceso de ley y fueron castigados por una supuesta afiliación política. También sostienen que las cesantías contradicen décadas de expectativas de que el “cuerpo profesional y apolítico de agentes de carrera” de la agencia pueda trabajar en casos delicados sin poner en riesgo sus empleos.

“La agencia sencillamente no puede funcionar si los agentes especiales deben escoger entre aceptar una asignación legal que más adelante podría provocar su despido o, por el contrario, rechazarla y quedar expuestos a ser despedidos por insubordinación. Los agentes especiales del FBI han entendido por mucho tiempo que pueden ser asignados y reasignados en cualquier momento, según las necesidades de la agencia”, escribió en su alegato la asociación, que representa a cerca de 12,000 miembros.

Otro escrito, presentado por exfuncionarios de alto rango del Departamento de Justicia, sostiene que los despidos han socavado “medio siglo de independencia como principio rector”.

“Dejando a un lado la consecuente violación de los derechos de los demandantes, el efecto inevitable de esta ‘purga’ será coartar la independencia de los actuales y futuros agentes de carrera, abogados, analistas y demás empleados del FBI, el Departamento de Justicia y otras agencias del orden público, quienes ahora deberán actuar conscientes de que sus decisiones investigativas y de aplicación de la ley pueden, por primera vez en sus carreras, ser evaluadas a través de un lente político partidista”, señala el escrito.

Las tres agentes —Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman— afirmaron en una demanda federal presentada en marzo que fueron despedidas como parte de una “campaña de represalias” por su trabajo en la investigación sobre Trump. Según la demanda, las agentes prestaron un servicio “ejemplar e intachable” en el FBI y esperaban permanecer en la agencia durante el resto de sus carreras, pero fueron despedidas abruptamente, sin causa y sin que se les brindara la oportunidad de responder.

La investigación en la que trabajaron culminó en una acusación presentada por el fiscal especial Jack Smith, quien señaló a Trump por presuntamente conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Smith finalmente desistió de ese caso, así como de otro en el que acusaba a Trump de retener ilegalmente documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, después de que el republicano recuperara la Casa Blanca en 2024. El fiscal especial citó opiniones jurídicas del Departamento de Justicia que prohíben presentar acusaciones federales contra presidentes en funciones.

Patel y Pam Bondi, quien era fiscal general en ese momento, han afirmado que los agentes y fiscales despedidos que trabajaron en el equipo de Smith fueron responsables de utilizar políticamente a las agencias federales del orden público. Esa alegación también apareció en sus cartas de despido, pero los demandantes la califican de difamatoria y carente de fundamento.

Estos documentos se conocen en el ámbito jurídico como escritos amicus curiae, o “amigos del tribunal”. En ocasiones son presentados por partes externas en un litigio para destacar determinados argumentos o contribuir al análisis de un juez.

Entre los otros grupos que presentaron escritos se encuentran un colectivo de académicos especializados en la Primera Enmienda, una organización llamada Lawyers for the Rule of Law y Justice Connection, una red de exempleados del Departamento de Justicia que advirtió que un FBI “politizado” podría actuar contra ciudadanos debido a sus expresiones, asociaciones o supuesta deslealtad.

“La Constitución”, señaló el escrito, “fue diseñada precisamente para evitar este tipo de abuso”.