Washington— El fiscal estadounidense cuya oficina ha estado investigando las acusaciones de fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha sido informado de que debe renunciar o será despedido, dijo el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con el asunto, en medio de un impulso de los funcionarios de la administración de Donald Trump para presentar cargos penales contra el adversario percibido del presidente.

La medida para reemplazar a Erik Siebert, un fiscal de carrera en el prestigioso Distrito Este de Virginia, fue descrita por una persona que no estaba autorizada a discutir el asunto y habló bajo condición de anonimato. No estaba claro quién le dijo a Siebert que estaba siendo removido, qué razón se dio o quién podría reemplazarlo.

Los portavoces de la oficina de Siebert y del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) declinaron hacer comentarios el viernes.

El desarrollo se produce cuando los funcionarios de la administración de Donald Trump han estado persiguiendo agresivamente las acusaciones contra James que surgen de supuestas discrepancias en el papeleo de su casa adosada de Brooklyn y una casa de Virginia. El DOJ ha pasado meses realizando la investigación, pero aún no ha presentado cargos, y no está claro que los fiscales hayan logrado descubrir algún grado de evidencia incriminatoria necesaria para asegurar una acusación.

En la medida en que el esfuerzo por reemplazar a Siebert está diseñado para acelerar los cargos penales, es probable que la medida profundice las preocupaciones de que el departamento, que ya está investigando a otras figuras públicas que el presidente Donald Trump considera enemigos, está siendo utilizado como arma por una Casa Blanca que busca que sus poderes de enjuiciamiento se utilicen con fines de retribución.

Los abogados de James han negado enérgicamente cualquier acusación y han calificado la investigación como un acto de venganza política.

ABC News fue el primero en informar que los funcionarios de la administración de Trump estaban presionando a los fiscales para que presentaran cargos y que la administración republicana se estaba preparando para destituir a Siebert, quien fue nominado por el propio presidente para el puesto más alto en la oficina después de haber trabajado allí durante más de una década.

James ha sido durante mucho tiempo una fuente particular de indignación para Trump, en parte debido a una demanda civil que presentó contra él y su compañía que resultó en una multa financiera masiva. Esa multa fue anulada el mes pasado por un tribunal de apelaciones que confirmó por estrecho margen el fallo de un juez de que Donald Trump había incurrido en fraude al exagerar su riqueza durante décadas.

El caso ha tomado una serie de giros poco ortodoxos. El mes pasado surgió que Ed Martin, quien dirige el Grupo de Trabajo de Armamento del Departamento de Justicia y está ayudando a coordinar la investigación, había enviado una carta instando a James a renunciar a su cargo “como un acto de buena fe” después de comenzar su investigación de fraude hipotecario contra ella. Más tarde apareció fuera de la casa adosada de James en Brooklyn con una gabardina al estilo de “Columbo”. Un escritor del New York Post en la escena lo observó decirle a un vecino: “Solo estoy mirando casas, casas interesantes. Es una casa importante”.

El abogado de James, Abbe Lowell, le dijo a Martin en una carta que la solicitud de renuncia de James desafiaba los estándares del Departamento de Justicia y los códigos de responsabilidad profesional y ética legal.

El DOJ “tiene políticas firmes contra el uso de investigaciones y contra el uso del poder de enjuiciamiento para lograr fines políticos”, escribió Lowell. “Este es aún más el caso cuando esa demanda se hace para buscar venganza política contra un funcionario público del partido contrario”.

Siebert, un ex oficial de policía del Distrito de Columbia, se había unido al Distrito Este de Virginia, una oficina de enjuiciamiento de élite del Departamento de Justicia con un historial de casos sofisticados de seguridad nacional y penales, en 2010. Fue nominado para el cargo de fiscal federal por Trump este año con el respaldo de los dos senadores demócratas del estado, Mark Warner y Tim Kaine.

Aunque los fiscales federales son designados por el presidente, rara vez son despedidos. Pero la administración de Donald Trump ha ignorado repetidamente las normas y tradiciones destinadas a aislar a los fiscales del Departamento de Justicia de la influencia política de la Casa Blanca. Los fiscales y otro personal de apoyo que trabajaron en el equipo del fiscal especial Jack Smith que investigó y procesó a Donald Trump han sido despedidos, al igual que Maurene Comey, cuyo padre, el ex director del FBI James Comey, fue despedido por Donald Trump meses después de su primer mandato en medio de la investigación de interferencia electoral rusa.

La investigación de Martin se deriva de una carta que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, William Pulte, envió a la fiscal general Pam Bondi en abril pidiéndole que investigara y considerara procesar a James, alegando que había “falsificado documentos bancarios y registros de propiedad”.

Pulte, cuya agencia regula a los financiadores hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, citó “informes de los medios” que afirmaban que James había incluido falsamente una casa de Virginia como su residencia principal, y sugirió que podría haber estado tratando de evitar tasas de interés más altas que a menudo se aplican a las segundas viviendas.

Los registros muestran que James figuraba como codeudora en una casa que su sobrina estaba comprando en 2023. Lowell dijo que los registros y la correspondencia refutaron fácilmente la acusación de Pulte. Si bien James firmó un formulario de poder notarial que, según Lowell, “indicaba erróneamente que la propiedad era la residencia principal de la Sra. James”, envió un correo electrónico a su corredor de préstamos hipotecarios casi al mismo tiempo que dejó claro que la propiedad “NO será mi residencia principal”.

Pulte también acusó a James de mentir en los registros de propiedad sobre el número de apartamentos en la casa adosada de Brooklyn que posee desde 2001.

Un certificado de ocupación emitido a un propietario anterior autorizó hasta cinco unidades en el edificio, donde James vive y ha alquilado apartamentos. Otros registros de la ciudad muestran que la casa adosada tiene cuatro unidades, un número que James ha enumerado en las solicitudes de permisos de construcción y los documentos hipotecarios.