La administración del presidente Donald Trump amenaza con retirar los fondos federales para el transporte público en Chicago a menos que la ciudad refuerce la seguridad después de que un hombre presuntamente prendiera fuego a una mujer dentro de un tren de cercanías en noviembre.

El administrador de la Autoridad Federal de Tránsito, Marc Molinaro, envió una carta el lunes al alcalde Brandon Johnson y al gobernador JB Pritzker exigiendo a la Autoridad de Tránsito de Chicago que desarrolle e implemente un plan de seguridad actualizado antes del 19 de diciembre. La carta no pedía ningún cambio específico.

La demanda se produce después de que el 17 de noviembre un hombre que viajaba en un tren de cercanías de la línea azul L rociara a su compañera Bethany MaGee con gasolina procedente de una botella de plástico mientras ella estaba sentada de espaldas a él, según los documentos presentados ante el tribunal. A continuación, la persiguió por el vagón y le prendió fuego. El hombre se bajó del tren en la siguiente parada, en el centro de Chicago, y se alejó mientras MaGee, de 26 años, salía a trompicones y caía al suelo. Sufrió quemaduras graves, pero sobrevivió.

La policía detuvo a Lawrence Reed, de 50 años, de Chicago, a la mañana siguiente. La fiscalía federal le acusó de cometer un atentado terrorista, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. En los registros judiciales en línea no figuraba ningún abogado.

La información facilitada a The Associated Press por el Tribunal de Circuito del Condado de Cook muestra más de 60 causas penales abiertas contra Reed desde 1993, que van desde delitos de tráfico, allanamiento de morada y posesión de drogas hasta cargos más graves de conducta violenta, incluidos al menos 15 casos de lesiones y agresiones y al menos dos casos de incendio provocado.

En el momento del ataque al tren, Reed estaba sometido a vigilancia electrónica por un caso activo de agresión. Según las autoridades, en agosto golpeó en la cara a una trabajadora social del hospital.

La oficina del juez jefe del condado de Cook se remitió a la ley estatal que limita estrictamente la posibilidad de que los jueces denieguen la puesta en libertad de los acusados antes de sus juicios.

Molinaro dijo en su carta que era “inconcebible” que Reed fuera puesto en libertad en el caso de las agresiones y que el ataque a MaGee refleja “fallos sistémicos tanto en el liderazgo como en la rendición de cuentas a todos los niveles que no se pueden tolerar”.

“No aceptaré la brutal agresión a una mujer inocente de 26 años como un coste inevitable del transporte público”, escribió.

Los responsables de la Autoridad de Tránsito de Chicago respondieron por correo electrónico que habían recibido la carta y que “responderían en el plazo solicitado”. El mensaje no daba más detalles. La AP también dejó mensajes en las oficinas del alcalde y del gobernador el martes por la mañana.

Chicago y otras ciudades lideradas por los demócratas han sido el foco de intensas críticas por parte de Trump y su administración, que las han caracterizado como plagadas de delincuencia a pesar de la fuerte caída en los crímenes violentos tras un pico en la era de la pandemia.

En octubre, la administración anunció que retenía $2,100 millones para proyectos de infraestructuras en Chicago, incluidos los planes de ampliación de la línea roja L del tren de cercanías. El proyecto habría establecido paradas en algunos de los barrios más pobres de la ciudad. Funcionarios presupuestarios de la Casa Blanca dijeron entonces que querían asegurarse de que la financiación no se movía a través de la contratación basada en la raza. Esa misma semana, la administración retuvo $18,000 millones para infraestructuras en Nueva York.