El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), anunció este martes nuevas sanciones contra diez individuos y entidades con base en Venezuela e Irán, entre ellas una empresa venezolana y su presidente, por su participación en el comercio de drones militares iraníes.

La medida apunta a frenar la proliferación de armamento que Washington considera una amenaza directa a su seguridad nacional y a la de sus aliados.

“El Tesoro está haciendo responsables a Irán y a Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas rápidas para privar a quienes habilitan el complejo militar-industrial iraní del acceso al sistema financiero estadounidense”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, al anunciar las sanciones.

Según el comunicado, la acción se enmarca en una serie de designaciones adoptadas en octubre y noviembre, en respaldo a la reimposición de sanciones de Naciones Unidas contra Irán el 27 de septiembre de 2025.

Washington sostiene que los programas iraníes de drones y misiles representan una amenaza para personal estadounidense y aliados en Medio Oriente, desestabilizan el transporte marítimo comercial en el mar Rojo y, en el caso venezolano, constituyen un riesgo para los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La empresa sancionada es Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), con sede en Venezuela, junto a su presidente José Jesús Urdaneta González.

De acuerdo con Ofac, EANSA ha mantenido y supervisado el ensamblaje en territorio venezolano de drones de la serie Mohajer, diseñados por la compañía iraní Qods Aviation Industries (QAI).

Estos vehículos aéreos no tripulados son utilizados por las fuerzas armadas venezolanas bajo la denominación local ANSU.

Desde 2006, Irán y Venezuela han coordinado la provisión de estos sistemas, incluidos los drones Mohajer-6, una plataforma de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como versiones armadas capaces de lanzar municiones guiadas de diseño iraní. OFAC sostiene que EANSA negoció directamente con QAI y contribuyó a la venta de drones por un valor de millones de dólares, además de participar en el ensamblaje de aeronaves suministradas por la empresa iraní.

El Tesoro afirma que Urdaneta, en representación de EANSA, coordinó con miembros de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de estos drones en Venezuela. Tanto la empresa como su presidente fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13949, que sanciona actividades relacionadas con el comercio de armas convencionales iraníes.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como la prohibición de realizar transacciones con ellos, salvo autorización expresa de OFAC.

Además, terceros, incluidos bancos extranjeros, podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones significativas con los sancionados.

Finalmente, el Departamento del Tesoro informó que también sancionó a otras empresas e individuos con base en Irán por su participación en el tráfico y adquisición de productos químicos utilizados en la fabricación de misiles balísticos, incluyendo sustancias clave para la producción de propelentes sólidos, reforzando así su ofensiva contra los programas de armamento estratégico de Teherán.