Albany— Cincuenta y siete personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos fueron detenidas tras una redada en una planta de barras de cereal en el norte del estado de Nueva York la semana pasada, según un fiscal federal que advirtió el martes que los empleadores pueden esperar más acciones de cumplimiento de la ley a gran escala en el lugar de trabajo.

John Sarcone, fiscal federal interino para el norte de Nueva York, dijo que cinco de los detenidos tras la redada del jueves en la zona rural de Cato, Nueva York, fueron acusados penalmente por reingresar ilegalmente a Estados Unidos. Los otros 52 fueron detenidos en espera de los procedimientos de deportación.

El grupo de defensa Rural and Migrant Ministry ha dicho que la mayoría de las personas detenidas en la planta de Nutrition Bar Confectioners eran de Guatemala. Esto ocurrió el mismo día en que las autoridades de inmigración detuvieron a 475 personas en un centro de fabricación en Georgia donde el fabricante de automóviles coreano Hyundai fabrica vehículos eléctricos.

Sarcone dijo en una conferencia de prensa que la investigación en Nueva York continuaba.

“Perseguiremos agresivamente las investigaciones penales contra aquellos que violen nuestras leyes al emplear a no ciudadanos sin autorización. Habrá consecuencias. Los malos viejos tiempos de hacer la vista gorda han terminado”, dijo Sarcone.

Los dueños de la fábrica dijeron la semana pasada que sus empleados tenían documentación legal y que no sabían por qué fueron allanados.

Se hicieron llamadas a la fábrica el martes en busca de comentarios y se envió un correo electrónico a un copropietario en busca de comentarios.

Agentes federales convergieron en la planta de barras de nutrición el jueves por la mañana y se llevaron a los trabajadores en una camioneta de la Patrulla Fronteriza, según fotos y videos de la redada. Un trabajador dijo a The Associated Press que los agentes de inmigración ordenaron a todos que fueran a un comedor, donde pidieron pruebas de que se encontraban legalmente en el país.

Funcionarios demócratas electos lo calificaron como un ejemplo de la dura aplicación de las leyes de inmigración bajo la administración de Donald Trump. La gobernadora Kathy Hochul dijo que detener a los padres ponía “al menos a una docena de niños en riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía”.

Sarcone dijo que las agencias de servicios sociales estaban involucradas y que ningún niño regresó a una casa vacía.