El gobierno federal de Estados Unidos ha emitido una advertencia de que los funcionarios de California que procesen y contabilicen boletas presentadas por presuntos votantes no ciudadanos se están exponiendo a una investigación penal y a un posible enjuiciamiento.

La carta enviada el viernes por altos funcionarios del Departamento de Justicia federal y obtenida por The Associated Press es la más reciente andanada en una disputa entre el gobierno federal y California, de marcada tendencia demócrata, y llega apenas un día después de que la administración del presidente Donald Trump demandara al estado para impedir que cuente las boletas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos hasta que pueda confirmarse su estatus migratorio.

“Las consecuencias legales por facilitar o desatender un delito federal son significativas. El voto de no ciudadanos en una elección federal es un delito federal, y facilitar deliberadamente esa conducta es igualmente ilegal”, advierte la carta de Trent McCotter, subsecretario adjunto interino del Departamento de Justicia.

“Si las personas contabilizan deliberadamente boletas emitidas por individuos identificados por agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices y encubridores de un delito federal”, agrega la misiva.

La carta está dirigida a la oficina del asesor jurídico del condado de Los Ángeles y también se envió copia a la secretaria de gobierno de California, Shirley Weber, y al registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, lo que en la práctica pone a todo el estado sobre aviso.

La demanda del Departamento de Justicia se presentó después de que a funcionarios de California se les diera un plazo de 48 horas —que no cumplieron— para revisar una memoria USB protegida con contraseña que contenía una lista de 20,000 nombres. El gobierno federal afirma que se trata de probables no ciudadanos a quienes se les enviaron boletas para participar en la elección del 3 de noviembre, aunque la secretaria de gobierno señaló que el gobierno federal no ha aportado pruebas que respalden esa afirmación. El estado envía boletas por correo a todos los votantes registrados.

Rick Hasen, profesor de derecho en UCLA, dijo que “es deplorable que, en lugar de trabajar de manera cooperativa y ayudar a los estados en sus responsabilidades de administración electoral, el gobierno federal esté lanzando amenazas cada vez mayores y exigencias irrazonables que exceden sus atribuciones en medio de una elección en curso”.

Más de 23 millones de personas están registradas en todo el estado, y un puñado de contiendas reñidas en distritos de California podrían determinar qué partido controla la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante los dos últimos años del mandato de Trump.