La consultora financiera Isabela Herrera, hija del convicto banquero venezolano Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, donó $2.5 millones al comité de acción política, llamado MAGA Inc., a finales del año pasado.

Maga Inc. (Make America Great Again) fue creado en 2022 por aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recaudar fondos para sus actividades y las del Partido Republicano, de cara a la campaña que lo trajo de vuelta a la Casa Blanca.

El donativo se recibió el 31 de diciembre de 2024, según un documento publicado en la plataforma digital de la Comisión de Elecciones Federales (FEC, sigla en inglés), entidad en la que deben registrarse los comités de acción política y reportar sus donativos.

La información salió a relucir inicialmente en una investigación publicada por The New York Times, que reveló que, desde que Trump fue elegido por segunda vez, él y sus aliados han recaudado casi $2,000 millones para las causas políticas que defienden.

El reportaje -recién publicado por el medio estadounidense ayer, lunes, 22 de diciembre- indica que se rastreó una gran parte de los fondos recaudados —específicamente más de $500 millones— hasta 346 donantes que dieron al menos $250,000 cada uno.

También, la investigación periodística encontró que más de la mitad de los donantes se han beneficiado, o están involucrados en industrias que se han beneficiado, de las acciones o declaraciones del presidente Trump, la Casa Blanca o agencias federales.

En el caso del donativo de $2.5 millones, un portavoz del Departamento de Justicia federal (DOJ, en inglés) indicó al medio que “la decisión de resolver este caso se tomó a través de los canales apropiados y no estuvo influenciada por ninguna donación a MAGA Inc.”.

Sin embargo, John D. Keller, quien supervisó la división del DOJ que manejó el caso, dijo en una entrevista que la diferencia entre el acuerdo y los más de 20 años de prisión que Herrera Velutini podría haber enfrentado si se le hubieran probado los cargos originales era “impactante”, según The New York Times.

Keller, quien renunció en señal de protesta cuando los designados por Trump presuntamente le ordenaron abandonar un proceso judicial políticamente delicado, afirmó que el caso de Herrera Velutini “parece ser otro ejemplo de consideraciones políticas que dictan el resultado de un caso penal individual”.

En agosto de 2022, Herrera Velutini, así como la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y asesor financiero, Mark Rossini, fueron acusados por un gran jurado por un supuesto esquema de soborno que involucra su campaña electoral en 2020.

En resumen, todos los acusados enfrentaban cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrenta cargos que se relacionan con un esquema de soborno distinto.

Para enfrentar este proceso judicial, Herrera Velutini contrató a una batería de abogados, entre los que se distingue Christopher Kise, uno de los principales representantes legales de Trump, quien representó al presidente estadounidense en el desestimado caso criminal por manejo ilegal de documentos clasificados, así como en el caso civil por fraude al que se enfrentó en Nueva York, relacionado con sus compañías.

No obstante, tras una reunión con los altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) en Washington D.C. en mayo de este año, los coacusados y la Fiscalía federal alcanzaron un acuerdo para evitar el juicio, que estaba pautado para el mes de agosto.

Como resultado, se presentó una nueva acusación que comprende un solo cargo por un delito menor bajo la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés), relacionado, presuntamente, con la aceptación y/o promesa de aportaciones de un extranjero para una campaña política en Estados Unidos.

A raíz de esta nueva acusación, los coacusados se declararon culpables, en agosto, ante la jueza federal Silvia Carreño Coll. Actualmente, esperan por las vistas de sentencias, que están pautadas para el 2026.

“De manera sorprendente, la pena por violar la Sección 30121 de la Ley FECA es una mera palmadita en la mano en comparación con las sentencias que hubiesen enfrentado de haber sido encontrados culpables mediante el pliego original”, dijo Carreño Coll en una orden de cuatro páginas que emitió en julio pasado.

“Pero, la decisión del Gobierno de cambiar el rumbo en el último momento está permitida porque, en última instancia, es el Gobierno quien decide cómo va a ejercer su discreción procesal”, agregó la togada, quien mencionó que “se presume” que el acuerdo se alcanzó “siguiendo directrices emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

No obstante, la defensa de Vázquez Garced radicó, en agosto pasado, una moción en la que afirmó que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía federal respondía a la existencia de “nueva evidencia contundente y exculpatoria” y no a “presiones políticas”.

“Durante todo el proceso, el gobierno nunca sugirió presión externa ni capitulación renuente. En cambio, sus escritos describen consistentemente negociaciones voluntarias y profesionales — un lenguaje fundamentalmente incompatible con cualquier sugerencia de órdenes desde Washington", añadió la defensa de la exgobernadora en aquel momento.

La acusación inicial sostenía que, presuntamente, Vázquez Garced; Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; Rossini, y otras personas no acusadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF),George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.