El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) propone subsidiar seguros de responsabilidad civil para agentes de policías estatales y locales que colaboran con la agencia en detenciones relacionadas con inmigración, con el objetivo de protegerlos de posibles consecuencias económicas si son demandados por conducta indebida.

Según un documento de planificación publicado el viernes, el ICE contempla cubrir el costo de las pólizas para agentes que hayan recibido capacitación y autorización para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Las colaboraciones entre el ICE y las policías locales han aumentado considerablemente desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado. La agencia sostiene que el seguro podría eliminar uno de los obstáculos que ha llevado a algunos departamentos a rechazar su participación en el programa.

Associated Press fue la primera en informar sobre la propuesta.

Bajo el plan, los agentes contarían con pólizas de hasta $500,000 en cobertura de responsabilidad civil, que normalmente incluye gastos legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias. El ICE reembolsaría a cada agente hasta $250 al año, aproximadamente el costo previsto del seguro.

El plan ha generado críticas de grupos que se oponen a las políticas migratorias de la administración Trump. David Bier, director de estudios sobre inmigración del Instituto Cato, afirmó que la medida podría reducir aún más la responsabilidad de los agentes por posibles violaciones de derechos.

“Lo preocupante aquí es que el ICE está haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas del orden no corran ni el más mínimo riesgo de incurrir en responsabilidad civil por violar los derechos de los estadounidenses mientras ayudan al ICE a detener a personas”, dijo Bier.

El ICE incluyó la propuesta en un documento en el que solicitó comentarios de empresas interesadas en ofrecer servicios de divulgación, capacitación y comunicación relacionados con sus acuerdos conocidos como “287(g)”, establecidos bajo una disposición de una ley federal de inmigración de 1996.

El contratista que eventualmente sea seleccionado también se encargaría de contratar al proveedor del seguro y gestionar los reembolsos a los agentes.

La agencia solicitó comentarios de representantes de la industria hasta el jueves. Todavía no está claro cuándo comenzaría el programa ni cuánto costaría.

El ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Durante el segundo mandato de Trump, el ICE ha ofrecido incentivos económicos a las agencias locales que participan en sus programas, lo que ha contribuido al aumento tanto de los departamentos que colaboran con el Gobierno federal como de las detenciones.

Según datos del ICE, cerca de 1,600 agencias de 32 estados han firmado acuerdos para participar en el modelo de grupo de trabajo de la agencia. Bajo estos acuerdos, agentes locales capacitados pueden interrogar, detener y presentar cargos contra personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.

Los departamentos también pueden recibir fondos para cubrir gastos como salarios, equipos y vehículos. Florida, Texas, Oklahoma y Georgia se encuentran entre los estados donde más se ha expandido el programa.

Las detenciones realizadas mediante estos acuerdos aumentaron a un promedio de 3,000 al mes durante los primeros dos meses de 2026, según los datos más recientes del ICE proporcionados al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley. En 2024, durante la presidencia de Joe Biden, el promedio mensual era de unas 250 detenciones.

A medida que los agentes locales asumen más funciones federales relacionadas con inmigración, algunos departamentos han expresado preocupación por las posibles demandas derivadas de acusaciones de uso excesivo de la fuerza, detenciones indebidas y registros o confiscaciones ilegales.

Una de las preocupaciones es que las pólizas de seguro que normalmente cubren a los agentes en sus funciones locales no necesariamente se extiendan a las labores migratorias.

El fondo común de riesgos de Pensilvania, por ejemplo, informó recientemente que no cubriría las “actividades proactivas de control de la inmigración”, lo que llevó a varios condados que participan en el programa a buscar otras alternativas.

El sheriff del condado de Butler, Michael Slupe, dijo que consiguió una póliza para los 13 agentes de su departamento que participan en el programa, con un costo anual de $20,000.

“Quiero asegurarme de que los chicos tengan una cobertura adicional, así que hemos tenido que gastar ese dinero”, dijo. Añadió que los fondos federales cubrirían el costo.

Los agentes federales suelen contar con inmunidad jurídica y representación financiada por el Gobierno cuando enfrentan demandas. Esas protecciones, sin embargo, no necesariamente aplican a los agentes locales, lo que ha aumentado la preocupación sobre su responsabilidad personal.

Justin Smith, exsheriff de Colorado y actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de Sheriffs, dijo que la propuesta del ICE parece prometedora y que espera discutir con la agencia cómo funcionaría.

Smith afirmó que ha planteado al ICE la preocupación de algunos sheriffs de que sus departamentos puedan enfrentar demandas por participar en operaciones migratorias.

“En estos momentos, cada vez que se trabaja en materia de inmigración, hay muchas más posibilidades de que surjan problemas, reclamaciones y dificultades”, dijo. “Son conscientes de que se trata de un contexto diferente. Y creo que intentan colaborar con nosotros lo mejor que pueden”.

En sus acuerdos con las agencias locales, el ICE establece que estas son responsables de los costos derivados de incidentes que generen responsabilidad civil. La agencia, sin embargo, sostiene que los agentes locales que desempeñan funciones autorizadas por el ICE “actúan al amparo de la autoridad federal”, una posición que podría dificultar que sean demandados individualmente.