Una jueza federal ha dictaminado que los recientes despidos masivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos probablemente fueron ilegales y ordenó a la administración Trump detener tales planes de reducir y reorganizar la fuerza laboral sanitaria del país.

La jueza Melissa DuBose concedió la orden judicial preliminar solicitada por una coalición de fiscales generales de 19 estados y el Distrito de Columbia en una demanda presentada a principios de mayo.

DuBose afirmó que los estados habían demostrado un “daño irreparable” debido a los recortes y que probablemente prevalecerían en sus afirmaciones de que “la acción de (la agencia de salud) fue tanto arbitraria como caprichosa, además de contraria a la ley”.

“El Poder Ejecutivo no tiene la autoridad para ordenar, organizar o implementar cambios generales en la estructura y función de las agencias creadas por el Congreso”, escribió DuBose en una orden de 58 páginas emitida en el tribunal de distrito en Providence.

Su orden bloquea a la administración Trump de finalizar los despidos anunciados en marzo o de emitir cualquier otro despido. Se instruye al departamento de salud a presentar un informe de estado antes del 11 de julio.

El fallo se aplica a los empleados despedidos en cuatro divisiones diferentes del departamento de salud: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades; el Centro de Productos de Tabaco dentro de la Administración de Alimentos y Medicamentos; la Oficina de Head Start dentro de la Administración para Niños y Familias y los empleados de oficinas regionales que trabajan en asuntos de Head Start; y la Oficina del Secretario Asistente para Planificación y Evaluación.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. eliminó a más de 10,000 empleos a finales de marzo y consolidó 28 agencias en 15. Desde entonces, agencias como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han rescindido despidos que afectaban a cientos de empleados, incluyendo en ramas que monitorean el VIH, la hepatitis y otras enfermedades.

Los fiscales generales argumentaron que la reestructuración masiva fue arbitraria y fuera del alcance de la autoridad de la agencia. La demanda también afirma que la acción diezmó programas esenciales y trasladó costos onerosos a los estados.

“El efecto pretendido... fue la eliminación generalizada de muchos programas del departamento que son críticos para la salud y seguridad públicas”, argumentó la demanda.

Los recortes son parte de una directiva federal “Hacer Estados Unidos Saludable de Nuevo” para agilizar agencias costosas y reducir redundancias. Kennedy dijo a los senadores en una audiencia el 14 de mayo que hay “tanto caos y desorganización” en el departamento de salud.

Pero la reestructuración había eliminado equipos clave que regulan la seguridad alimentaria y los medicamentos, así como apoyan una amplia gama de programas para el tabaco, la prevención del VIH y la salud materna e infantil. Kennedy ha dicho desde entonces que, debido a errores, el 20% de las personas despedidas podrían ser reincorporadas.