Kilmar Ábrego García volverá este martes al tribunal federal, donde el Gobierno federal seguirá intentando deportarlo en una saga de 18 meses que comenzó cuando fue enviado por error a El Salvador el año pasado.

El gobierno está tomando medidas para anular una medida cautelar dictada por la jueza federal de distrito Paula Xinis, que impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detenga y deporte a Ábrego García a Liberia, país de África Occidental. Su equipo de abogados pretende que la medida cautelar pase a ser definitiva. La jueza mantuvo vigentes las órdenes anteriores el pasado mes de diciembre y ordenó su puesta en libertad.

El caso de este ciudadano salvadoreño pasó a ocupar un lugar central en el debate sobre la inmigración después de que fuera deportado por error a su país de origen el año pasado. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a un país africano, tal y como proponen los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

Ábrego García argumentó que, si iba a ser deportado, debería ser a Costa Rica, país que anteriormente había aceptado acogerlo. Sin embargo, Todd Lyons, exdirector en funciones del ICE, afirmó en un memorándum de marzo de 2026 que deportar a Ábrego García a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”, ya que el país había invertido recursos y capital político en negociar con Liberia para que aceptara a ciudadanos de terceros países.

La campaña a favor de la deportación a Liberia continuó incluso después de que Estados Unidos firmara un acuerdo con Costa Rica para acoger a los deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.

“El Gobierno está montando el mismo numerito de siempre. Se está barajando la posibilidad de enviar a Kilmar a Costa Rica. Sin embargo, el Gobierno sigue castigándole por ejercer sus derechos constitucionales y pretende enviarle a Liberia”, afirmó Jossie Flor Sapunar, directora nacional de comunicación de We Are CASA, un grupo activista que ha apoyado a Ábrego García y a su familia y que tiene previsto acudir al juzgado. “Kilmar se ha convertido en un símbolo internacional del derecho a un juicio justo, un símbolo al que la Administración Trump quiere silenciar”.

Añadió en un correo electrónico que la familia merece privacidad, ya sea en su casa de Maryland o en Costa Rica.

Ábrego García, de 31 años, está casado con una estadounidense y tiene un hijo, y lleva años viviendo en Maryland, pero emigró a Estados Unidos de forma ilegal cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí corría peligro a causa de una banda que había amenazado a su familia.

Fue detenido en Baltimore en marzo de 2025 tras recoger a su hijo, que entonces tenía 5 años y padece autismo y otras discapacidades, en casa de su abuela, según los documentos judiciales.

Ábrego García fue trasladado posteriormente a una megaprisión de El Salvador conocida como CECOT, que, según los activistas, está plagada de abusos y en la que los reclusos se hacinan en las celdas y nunca se les permite salir al exterior. Los funcionarios del ICE admitieron en documentos judiciales que su deportación a ese centro fue un “error administrativo”.