La Secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), Brooke Rollins, dijo esta semana que el gobierno federal comenzaría a retener el dinero para ayudar a administrar el programa de ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) a los estados que no proporcionen datos sobre los participantes, incluida su situación migratoria.

Según el departamento, el gobierno necesita los datos para detectar fraudes en el SNAP, que ayuda a 42 millones de estadounidenses, aproximadamente 1 de cada 8, a comprar alimentos.

El plan para retener los fondos administrativos es una escalada de una batalla legal que lleva en marcha desde poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo. Es decididamente partidista. Solo los estados liderados por demócratas no han proporcionado la información que busca la administración.

Esto es lo que hay que saber:

El SNAP cuesta a los contribuyentes federales unos $100,000 millones al año. De esa cantidad, unos $94,000 millones se destinan a prestaciones y el resto a gastos administrativos.

En la actualidad, el gobierno federal reembolsa aproximadamente la mitad de los costes de gestión del SNAP a los estados, aunque está previsto que esa cantidad descienda al 25% el próximo mes de octubre.

La cantidad que reciben los estados varía ampliamente, al igual que la porción de los fondos estatales del SNAP que se destina a costos administrativos. Cuando se excluyen los fondos de bonificación para la pandemia de coronavirus, Wyoming, por ejemplo, recibió menos de $9 millones para la administración del SNAP durante el año fiscal 2023, el marco de tiempo más reciente para el que se dispone de datos. Eso representó el 12% de su financiación del SNAP. California, el estado más poblado, recibió más de $1,200 millones para la administración del SNAP, casi el 10% de su asignación total del SNAP. Florida recibió $84 millones para la administración, un poco más del 1% de su total de fondos federales SNAP.

Algunos expertos han advertido de que trasladar los costes a los estados -incluso sin retenerlos por completo- podría suponer un gasto tan importante que algunos podrían abandonar el SNAP.

Algunos estados ya se están preparando para asumir una mayor parte de los costes. Connecticut reservó recientemente $500 millones para compensar los posibles recortes de fondos federales a los estados. Depende del gobernador Ned Lamont, demócrata, decidir si se aprovechan de que los costos de SNAP.

El USDA tiene previsto notificar a los estados que no hayan facilitado la información solicitada que no cumplen la normativa a partir de la semana que viene. Los estados tendrían más tiempo para cumplir.

Y después de eso, podrían apelar.

En septiembre se notificó a Kansas que perdería fondos administrativos por no compartir los datos solicitados. Ese estado sigue apelando y aún no ha visto cortados los fondos.

La administración comenzó a solicitar datos sobre los beneficiarios del SNAP a los estados poco después de que el presidente Donald Trump regresara al cargo a principios de año, diciendo que es esencial para detectar fraudes y abusos.

Desde entonces, 28 estados han enviado los datos; todos ellos, salvo Carolina del Norte, tienen gobernadores republicanos.

Veintidós países, además del Distrito de Columbia -todos ellos con gobernadores o fiscales generales demócratas- han presentado demandas para bloquear la petición. Por el momento, un juez federal de San Francisco ha suspendido su aplicación. Los estados demandantes alegan que compartir información sobre los destinatarios con el gobierno federal plantea un problema de privacidad.

“Incluso si estás en SNAP y recibes beneficios de nutrición, como 42 millones de estadounidenses, ¿significa eso que tu privacidad debe ser invadida ahora o que debes dar esta información no relacionada con este programa?”. dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a Fox 5 el miércoles.

Un estado -Nevada, con un gobernador republicano y un fiscal general demócrata- ha cumplido y demandado. Kansas, con un gobernador demócrata y un fiscal general republicano, no ha cumplido ni ha demandado.

Otra cuestión que probablemente resolverán también los tribunales es si se autorizará o no el último intento de la administración.

Rollins ha afirmado que las conclusiones de los estados que cumplieron la petición han arrojado nueva luz sobre el fraude.

Ha dicho que reveló 186,000 personas fallecidas que recibían prestaciones y unas 500,000 que las recibían en más de un lugar. No está claro cuántos de estos casos representan un fraude, si se trata de personas que fallecen o cambian de domicilio y los sistemas no se ponen al día inmediatamente, o cuántos son casos de personas ficticias creadas por operaciones delictivas para recibir prestaciones ilegalmente.

“Cualquier abuso de la financiación federal es un problema, por grande o pequeño que sea, porque significa que las personas que necesitan el programa no lo están recibiendo directamente”, dijo la diputada Jahana Hayes, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango del subcomité que se ocupa del SNAP. “Es el programa contra el hambre más eficaz que tenemos y funciona con una gran eficiencia y transparencia”.

En virtud de la amplia ley fiscal y política que Trump firmó en julio, más beneficiarios tendrán que trabajar, ir a la escuela o ser voluntarios para recibir prestaciones durante más de tres meses cada tres años. Entre los afectados hay adultos de 55 a 64 años, personas sin hogar y personas con hijos de 14 a 17 años.