Washington- Una nueva directiva de la administración del presidente Donald Trump podría hacer más difícil que los extranjeros visiten o vivan en Estados Unidos si tienen ciertas condiciones médicas como diabetes u obesidad o carecen de recursos económicos y activos para mantenerse.

La directriz, publicada la semana pasada en un cable del Departamento de Estado y obtenida por The Associated Press, ordena a los funcionarios de embajadas y consulados que examinen exhaustiva y minuciosamente a los solicitantes de visado para demostrar que no necesitarán depender de las prestaciones públicas del gobierno en ningún momento después de su admisión en Estados Unidos. Los expertos dicen que podría limitar aún más quién puede entrar en el país en un momento en que la administración republicana ya está endureciendo esas normas.

La directiva revela cómo la administración Trump interpreta la carga pública, el concepto en la ley de inmigración de que a los extranjeros se les puede negar la entrada o el estatus de residencia permanente si es probable que dependan de los recursos del gobierno de Estados Unidos, como ciertos tipos de efectivo y ayuda alimentaria.

Aunque la ley federal ya exigía a quienes buscaban la residencia permanente o el estatus legal demostrar que no serían una carga pública, Trump amplió en su primer mandato la gama de programas de beneficios que podrían descalificar a los solicitantes, y las directrices del cable parecen ir más allá en su alcance.

“Esto podría conducir a un estrechamiento sustancial de la inmigración”, dijo Julia Gelatt, directora asociada del programa de política de inmigración de Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria. “La administración Trump está tratando de volver a las políticas que trabajó para implementar en su primer mandato relacionadas con la carga pública”.

Desde que volvió al poder en enero, Trump ha emprendido una campaña de represión de la inmigración en todo el gobierno que ha implicado el endurecimiento de las normas sobre los extranjeros a los que se deja entrar en el país y los que ya están en él. Los expertos en política de inmigración afirman que las últimas directrices podrían reducir el número de visados de inmigrante y no inmigrante concedidos y afectar de forma desproporcionada a algunos grupos de extranjeros que buscan acceder a Estados Unidos, como los adultos mayores y las personas con bajos ingresos.

El cable se envió desde la sede del Departamento de Estado a todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo.

“La Administración Trump está anteponiendo los intereses del pueblo estadounidense”, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. “Esto incluye aplicar políticas que garanticen que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para el contribuyente estadounidense”.

Los inmigrantes que desean entrar en Estados Unidos ya se someten a un reconocimiento médico autorizado por una embajada estadounidense. Se les examina para detectar enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, y se les pide que revelen cualquier antecedente de consumo de drogas o alcohol, problemas de salud mental o violencia. También se les exige una serie de vacunas.

La nueva directiva va más allá con requisitos más específicos. El cable dice que los funcionarios consulares deben tener en cuenta una serie de detalles específicos sobre las personas que solicitan visados, incluida su edad, salud, situación familiar, finanzas, educación, habilidades y cualquier uso anterior de la asistencia pública, independientemente del país. También dice que deben evaluar el dominio del inglés de los solicitantes y que pueden hacerlo mediante entrevistas en inglés.

Entre las afecciones médicas que podrían descalificar a un solicitante de visado figuran las enfermedades crónicas, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurológicas, la depresión, la ansiedad y las afecciones mentales que pueden requerir “cuidados por valor de cientos de miles de dólares”, dice el cable.

También indica a los funcionarios consulares que siempre que un solicitante pretenda utilizar las finanzas para satisfacer los requisitos de carga pública, deben pedir ver los documentos bancarios y financieros del solicitante, pruebas de sus activos, cuentas corrientes, de ahorro, de corretaje, fondos fiduciarios y cuentas de jubilación.

Aunque las directrices afectan principalmente a las personas que se encuentran fuera de Estados Unidos o a las que desean renovar sus visados, algunos expertos advierten de que también podrían afectar a los familiares de personas que ya viven en Estados Unidos y desean venir a visitarlas o a vivir con ellas.

Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families, dijo que la política es “peligrosa” y afecta a las familias inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos.

“Su amplitud y secretismo generan confusión y preocupación, lo que disuade a los inmigrantes legales y a los ciudadanos estadounidenses de familias inmigrantes de obtener la ayuda y la atención a la que tienen derecho en virtud de la legislación federal”, dijo Cadena.

Funcionarios estadounidenses familiarizados con las nuevas directrices dijeron que el cambio se aplicaba a los visados de inmigrante y no a los de no inmigrante conocidos como B-2, que permiten estancias de corta duración que incluyen visitas personales y tratamiento médico.

Según el abogado de inmigración Steven Heller, los funcionarios consulares disponen de un amplio margen de discrecionalidad para interpretar las directrices como consideren oportuno. Sin embargo, añadió que las directrices representan un cambio en la mensajería, que pasa de enfocar las solicitudes de visado de forma favorable a considerar todas las circunstancias para encontrar razones para denegarlas.

“Las nuevas directrices tienen que ver con los mensajes”, dijo Heller. “Se les está dando autorización para utilizar la ‘totalidad de las circunstancias’ como una espada, en lugar de un escudo”.

Fox News informó primero sobre el cable.