Los opositores al aborto en Estados Unidos están cada vez más frustrados con la falta de acción de la administración del presidente Donald Trump para frenar el flujo de píldoras abortivas recetadas en línea que consideran que socavan las prohibiciones estatales del aborto.

Un fallo judicial de esta semana en una demanda que el fiscal general de Luisiana presentó contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Trump puso de relieve la tensión latente. El juez dijo que el estado tiene un caso fuerte, mientras que se negó a bloquear las recetas de telesalud a la píldora mifepristona por ahora.

Los grupos antiabortistas están presionando a la FDA para que acelere una revisión que esperan desemboque en restricciones a la píldora abortiva mifepristona, incluido el bloqueo de su prescripción a través de plataformas de telesalud. La administración dice que el trabajo lleva su tiempo.

Los grupos se han centrado sobre todo en la agencia sanitaria y no en el presidente republicano, cuyos tres cargos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos fueron decisivos en la sentencia de 2022 que anuló el caso Roe contra Wade y permitió las prohibiciones estatales. Pero las peticiones de la administración en la demanda de Luisiana y otras similares en otros lugares para retrasar las decisiones hasta que termine una revisión han provocado la ira de algunos activistas.

“Las tácticas dilatorias son más que frustrantes”, dijo en una entrevista Kristi Hamrick, portavoz de Students for Life of America. Hamrick dijo que la administración también podría bloquear el envío de las píldoras cambiando su interpretación de una ley del siglo XIX y aplicándola.

El juez de distrito de Estados Unidos, David Joseph, nominado al cargo por Trump, emitió un fallo mixto el martes en un caso presentado por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, y una mujer que dice que su novio la coaccionó para que tomara mifepristona para interrumpir un embarazo.

Su objetivo general es hacer retroceder las normas de la FDA que han hecho más accesibles las píldoras. Murrill, al igual que los funcionarios de otros estados que han presentado demandas similares, sostiene que la disponibilidad de las píldoras a través de proveedores en línea quita fuerza a las prohibiciones en los 13 estados que prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo, con excepciones limitadas.

Las encuestas realizadas entre los proveedores de abortos sugieren que su disponibilidad a través de la telesalud es una de las razones por las que el número de abortos en Estados Unidos no ha descendido desde la anulación de la ley Roe. Aunque las prohibiciones estatales del aborto incluyen la prohibición de abortar con estas píldoras, algunos estados controlados por los demócratas han aprobado leyes que protegen a los médicos que las recetan por telesalud y las envían por correo a los estados que las prohíben. Las llamadas leyes escudo se están poniendo a prueba en casos civiles y penales.

En el caso de Luisiana, Joseph se negó a acceder a la petición de Murrill de bloquear las prescripciones telesanitarias de las píldoras mientras el caso avanza en los tribunales. Pero dijo que podría hacerlo eventualmente y que es probable que los demandantes en el caso tengan éxito en el fondo de sus argumentos porque el estado ha demostrado que ha sufrido un “daño irreparable.”

También ordenó a la FDA que le informara en un plazo de seis meses sobre el estado de su revisión del medicamento.

El miércoles, Murrill notificó que iba a llevar el caso ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito con la esperanza de forzar una actuación más rápida.

El presidente del Family Research Council, Tony Perkins, una influyente voz conservadora que también fue legislador en Luisiana, aplaudió el paso dado por Murrill.

Afirma que la gente con la que se reúne suele sorprenderse al saber que el número de abortos no ha descendido desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2022.

“Se instala el desconcierto”, dijo. “Ya estamos viendo una brecha de entusiasmo entre los partidos. Lo que los republicanos no necesitan es que disminuya el entusiasmo de su base”.

Espera que la administración restrinja las píldoras abortivas antes que arriesgarse a perder el apoyo de los votantes conservadores y contrarios al aborto en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Otros grupos se muestran más prudentes.

Madison LaClare, directora de asuntos del gobierno federal en National Right to Life, dijo que su grupo confía en que la administración revise la mifepristona. Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, evitó palabras duras para el presidente: “La administración Trump-Vance tiene una importante oportunidad en este momento para priorizar la seguridad de las mujeres”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, los recientes resultados electorales sugieren que los votantes que quieren mantener el aborto disponible tienen el impulso político. Desde la anulación de Roe, el aborto se ha sometido directamente a votación en 17 estados. En 14 de ellos, los votantes se han decantado por el derecho al aborto.

“Parece estar surgiendo un consenso en el país de que la gente no quiere prohibir el aborto”, dijo Rachel Rebouche, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas que estudia el aborto.

En una declaración el miércoles en respuesta a preguntas de The Associated Press, la FDA dijo que está revisando la seguridad de la mifepristona, “incluyendo la recopilación de datos sólidos y oportunos, la evaluación de la integridad de los datos, y la aplicación de los análisis, validación y revisión por pares”.

Después de eso, según la agencia, se decidirá si se introducen cambios en las normas sobre cómo se puede recetar el medicamento.

Dijo que los académicos pueden tardar un año o más en completar este tipo de estudios, pero que la agencia está intentando ir más rápido. Un portavoz no respondió a las preguntas sobre la fecha de inicio de los trabajos.

La mifepristona ha sido una prioridad política para los activistas antiaborto y sus aliados en el Congreso desde que Trump volvió al poder el año pasado. En su audiencia de confirmación de enero de 2025, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., fue preguntado repetidamente sobre el medicamento por los legisladores republicanos y dijo que el presidente había solicitado una revisión de seguridad.

La frustración ante los indicios de que la FDA no está dando prioridad a frenar los abortos se disparó el pasado otoño, cuando la FDA aprobó una versión genérica adicional de la mifepristona.

El fármaco se utiliza con mayor frecuencia para el aborto en combinación con otro fármaco, el misoprostol.

La mifepristona se aprobó en 2000 como método seguro y eficaz para interrumpir embarazos precoces.

Debido a los raros casos de hemorragia excesiva, la FDA impuso inicialmente límites estrictos sobre quién podía recetar y distribuir la píldora: sólo médicos especialmente certificados y sólo tras una cita en persona en la que la persona recibiría la píldora.