Los abogados de Kilmar Ábrego García, el inmigrante regresado a Estados Unidos después de ser deportado de forma errónea, acusaron este domingo al Gobierno del presidente Donald Trump de incumplir la orden de un tribunal federal que requería que el inmigrante fuera traído de vuelta a Maryland.

En un documento judicial presentado este domingo en la Corte del Distrito de Maryland, los defensores del inmigrante pidieron a la jueza Paula Xinis iniciar un proceso de desacato contra el Ejecutivo estadounidense.

Los abogados argumentaron que la orden establece que Ábrego debería ser traído a Maryland, donde tiene su proceso civil y reside su familia, pero él ha sido enviado a una cárcel de Tennessee, donde permanece recluido para enfrentar una acusación de tráfico de indocumentado presentada en Nashville.

El retorno de Abrego fue anunciado el viernes pasado por la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, que presentó una serie de cargos contra el inmigrante por presuntamente haber transportado a indocumentados desde Texas hacia Maryland y otros estados desde el 2017 hasta este año.

Los abogados se refirieron a esta acusación como el “último acto de desacato” del Gobierno Trump, que presentó los cargos a un gran jurado en secreto después de decir a la jueza Xinis, quien ha estado a cargo del caso civil, que no podía traerlo de regreso desde El Salvador.

“Durante los últimos dos meses, el poder ejecutivo ha actuado no solo en desacato a múltiples órdenes judiciales, sino también en abierto desafío hacia su rama de gobierno equivalente, el poder judicial”, escribieron en el documento entregado a la corte.

El caso de Ábrego, quien tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación pero fue enviado junto a más de 230 inmigrantes a El Salvador, ha enfrentado a la Administración Trump con el poder judicial en lo que algunos expertos califican como una “crisis constitucional”.

Las autoridades se habían negado a facilitar el regreso de Ábrego al país, a pesar de las órdenes emitidas por la Corte Suprema y la jueza Xinis, que concluyeron que su deportación fue ilegal.

Ahora el Ejecutivo estadounidense ha optado por acusar a Abrego de cargos federales, que surgieron a raíz de un encuentro del inmigrante con agentes de policía en Tennessee en 2022, cuando viajaba con varias personas, que se presume eran indocumentados, según detalla el documento judicial.

Los abogados de Ábrego han negado que su cliente sea culpable de esos cargos.

De ser encontrado culpable de los cargos, Ábrego enfrentaría una pena máxima de 20 años en la cárcel.