Un hombre de Washington acusado de herir a un miembro de la Guardia Nacional de Georgia que intentó intervenir para poner fin a una pelea ha sido imputado por varios delitos relacionados con armas de fuego.

Jarrell Lamont Jackson, de 41 años, está acusado de posesión ilegal de un arma de fuego y munición por parte de un delincuente reincidente, agresión con arma peligrosa y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Se le acusa de disparar en la pierna a Karon Jones, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Georgia, cuando varios miembros de la Guardia intentaron intervenir en la pelea el domingo. Tres miembros de la unidad respondieron al fuego e hirieron a Jackson. Ninguno de los dos sufrió heridas que pusieran en peligro su vida.

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las 23:10 h, mientras siete u ocho miembros de un grupo de seguridad, que se encontraban en una furgoneta aparcada, observaban una pelea que se estaba produciendo en una acera del sureste de Washington, en el barrio de Eastern Market, según explicó Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana.

“Este descarado ataque contra la Guardia Nacional, perpetrado por un delincuente reincidente y violento que disparó en un pasillo abarrotado, es precisamente el tipo de acto ilegal que nuestra ciudad se niega a tolerar”, afirmó la fiscal federal Jeanine Pirro al anunciar los cargos.

El presidente Donald Trump desplegó a la Guardia Nacional en Washington en agosto de 2025 como parte de lo que, según él, era una misión de lucha contra la delincuencia. La fuerza, que alcanzó un máximo de unos 5,000 efectivos durante el verano, ha prestado apoyo en operaciones de detención, ha patrullado las calles y los barrios de la ciudad y ha participado en labores de limpieza.

El Gobierno republicano de Trump afirma que el despliegue ha contribuido a la reducción de la delincuencia en la ciudad, donde los índices de delincuencia ya estaban disminuyendo antes de la llegada de la Guardia Nacional. Las autoridades y los activistas de esta ciudad, de mayoría abrumadoramente demócrata, sostienen que el despliegue supone un despilfarro del dinero de los contribuyentes y ha normalizado la militarización de una importante ciudad estadounidense.

La ciudad, que presentó una demanda en septiembre de 2025, ha alegado que la movilización constituye un uso ilegal de las fuerzas armadas para la aplicación de la ley a nivel nacional. Un tribunal federal de apelación escuchó los argumentos el 14 de octubre en el marco de dicha demanda. Un tribunal de primera instancia falló a favor de Washington D.C.