Washington— El Tribunal Supremo de Estados Unidos se encuentra en la recta final de un período que últimamente ha estado dominado por las apelaciones de emergencia de la administración de Donald Trump contra las órdenes de los tribunales inferiores que buscan frenar los esfuerzos del presidente para rehacer el gobierno federal.

Pero los magistrados también tienen 16 casos por resolver que fueron argumentados entre diciembre y mediados de mayo. Uno de los casos argumentados fue una apelación de emergencia, la oferta de la administración de que se le permita hacer cumplir la orden ejecutiva de Trump que niega la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente.

El tribunal normalmente pretende terminar su trabajo a finales de junio. El miércoles, dictaminó uno de sus casos más seguidos, emitiendo una opinión que confirmó la prohibición de Tennessee de algunos servicios de salud para menores transgénero.

Estos son algunos de los casos más importantes que quedan:

La orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump ha sido bloqueada por los tribunales inferiores. El tribunal rara vez escucha argumentos sobre apelaciones de emergencia, pero aceptó la petición de la administración de reducir las órdenes que han impedido que los cambios de ciudadanía entren en vigor en cualquier lugar de Estados Unidos.

La cuestión que se plantea ante los magistrados es si se debe limitar la autoridad de los jueces para emitir mandatos judiciales a nivel nacional, que han afectado tanto a las administraciones republicanas como a las demócratas en los últimos 10 años.

Estas órdenes judiciales a nivel nacional se han convertido en un importante control de los esfuerzos de Trump y en una fuente de creciente frustración para el presidente republicano y sus aliados.

En los argumentos del mes pasado, el tribunal pareció tener la intención de mantener un bloqueo a las restricciones de ciudadanía mientras seguía buscando una manera de reducir las órdenes judiciales a nivel nacional. No estaba claro cómo sería tal decisión, pero la mayoría del tribunal expresó su preocupación por lo que sucedería si a la administración se le permitiera, incluso temporalmente, negar la ciudadanía a los niños nacidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente.

Los estados liderados por los demócratas, los inmigrantes y los grupos de derechos que demandaron por la orden ejecutiva de Trump argumentaron que alteraría el entendimiento establecido de la ciudadanía por derecho de nacimiento que ha existido por más de 125 años.

Parece probable que el tribunal se ponga del lado de los padres de Maryland en un caso de derechos religiosos sobre libros de cuentos LGBTQ en las escuelas públicas.

Los padres del sistema escolar del condado de Montgomery, en los suburbios de Washington, quieren poder sacar a sus hijos de las lecciones que utilizan los libros de cuentos, que el condado añadió al plan de estudios para reflejar mejor la diversidad del distrito.

El sistema escolar en un momento dado permitió a los padres retirar a sus hijos de esas lecciones, pero luego revirtió el curso porque encontró que la política de exclusión era perjudicial. La educación sexual es la única área de instrucción con una disposición de exclusión en las escuelas del condado.

El distrito escolar introdujo los libros de cuentos en 2022, con títulos como “Prince and Knight” y “Uncle Bobby’s Wedding”.

El caso es uno de los varios casos de derechos religiosos en el tribunal este período. Los magistrados han respaldado repetidamente las reclamaciones de discriminación religiosa en los últimos años. La decisión también se produce en medio de aumentos en los últimos años en los libros que están siendo prohibidos de la escuela pública y las bibliotecas públicas.

Una batalla de tres años sobre los distritos del Congreso en Luisiana está haciendo su segundo viaje a la Corte Suprema.

Los tribunales inferiores han anulado dos mapas del Congreso de Luisiana desde 2022 y los magistrados están sopesando si enviar a los legisladores estatales de vuelta a la mesa de dibujo de mapas por tercera vez.

El caso involucra la interacción entre la raza y la política en el dibujo de los límites políticos frente a un tribunal de tendencia conservadora que se ha mostrado escéptico de las consideraciones de raza en la vida pública.

En los argumentos de marzo, varios de los magistrados conservadores del tribunal sugirieron que podrían votar para desechar el mapa y hacer más difícil, si no imposible, presentar demandas de redistribución de distritos bajo la Ley de Derecho al Voto.

Ante el tribunal ahora hay un mapa que creó un segundo distrito congresional de mayoría negra entre los seis escaños de Luisiana en la Cámara de Representantes. El distrito eligió a un demócrata negro en 2024.

Un tribunal de tres jueces encontró que el estado se basó demasiado en la raza al dibujar el distrito, rechazando los argumentos de Luisiana de que la política predominaba, específicamente la preservación de los escaños de los miembros influyentes del Congreso, incluyendo al Presidente de la Cámara Mike Johnson. El Tribunal Supremo ordenó que el mapa impugnado se utilizara el año pasado mientras el caso continuaba.

Los legisladores sólo dibujaron ese mapa después de que los defensores de los derechos civiles ganaran un fallo judicial de que un mapa con un distrito de mayoría negra probablemente violaba la histórica ley de derechos de voto.

Los magistrados están sopesando una ley de Texas destinada a impedir que los niños vean pornografía en línea.

Texas se encuentra entre más de una docena de estados con leyes de verificación de edad. Los estados argumentan que las leyes son necesarias ya que los teléfonos inteligentes han hecho que el acceso a la pornografía en línea, incluyendo material obsceno hardcore, sea casi instantáneo.

La pregunta para el tribunal es si la medida infringe los derechos constitucionales de los adultos también. La Free Speech Coalition, un grupo de comercio de la industria del entretenimiento para adultos, está de acuerdo en que los niños no deberían estar viendo pornografía. Pero dice que la ley de Texas está escrita de forma demasiado amplia y afecta erróneamente a los adultos al exigirles que presenten información de identificación personal en línea que es vulnerable a la piratería o al rastreo.

Los magistrados parecían abiertos a confirmar la ley, aunque también podrían devolverla a un tribunal inferior para que se trabaje más. A algunos magistrados les preocupaba que el tribunal inferior no hubiera aplicado un estándar legal lo suficientemente estricto al determinar si la ley de Texas y otras similares podrían infringir la Primera Enmienda.