Washington- EL Tribunal Supremo de Estados Unidos lidió el martes con si el gobierno de Donald Trump debería poder revivir una política de inmigración que se ha utilizado para rechazar a los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Algunos jueces conservadores parecían receptivos a la presión del Departamento de Justicia para anular una sentencia de un tribunal inferior contra la práctica conocida como medición. Las autoridades de inmigración limitaron el número de personas que podían solicitar asilo, alegando que era necesario para gestionar un aumento en la frontera.

Los defensores dicen que la política creó una crisis humanitaria durante el primer mandato del presidente Trump, ya que las personas que fueron rechazadas se asentaron en campamentos improvisados en México mientras esperaban una oportunidad para solicitar asilo.

La política no está en vigor ahora, y Trump ordenó una suspensión más amplia del sistema de asilo al inicio de su segundo mandato.

La administración, sin embargo, argumenta que la medición sigue siendo una “herramienta crítica” utilizada bajo administraciones de ambos partidos, y debería estar disponible si fuera necesario en el futuro.

Algunos jueces parecían abiertos a ese argumento, aunque otros plantearon dudas sobre si la política permitiría a las personas que entraron ilegalmente en el país solicitar asilo, mientras que los recién llegados que buscaran entrar legalmente en la frontera podrían ser bloqueados.

“¿Por qué el Congreso privilegiaría a alguien que entra ilegalmente en Estados Unidos?”. preguntó el juez Brett Kavanaugh.

Un abogado de la administración Trump sostuvo que las personas rechazadas un día potencialmente podrían volver más tarde. “Es como decir que nuestro puerto está hoy al límite de su capacidad, que lo intenten otro día”, dijo Vivek Suri, ayudante del fiscal general.

The Associated Press encontró a miles de inmigrantes en listas de espera cuando la política estaba en vigor en 2019.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos deben poder solicitar asilo si temen ser perseguidos en sus países de origen. La disputa legal en el corazón del caso de los contadores se centra en el significado de las palabras “llegar a”.

El Departamento de Justicia argumenta que se refiere a cualquier persona que ya esté en Estados Unidos, por lo que no se aplica a las personas que las autoridades detienen en el lado mexicano de la frontera. Pero los abogados de inmigración dicen que la ley ha significado durante mucho tiempo que cualquier persona que llega a un puerto de entrada debe ser capaz de aplicar, y debe seguir siendo así.

“Esta protección que salva vidas y, lo que es más importante, el acceso a ella, está consagrada en nuestras leyes y lo ha estado durante décadas”, dijo Rebecca Cassler, abogada del Consejo Americano de Inmigración, tras los argumentos.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, acribilló a preguntas a un abogado de los inmigrantes sobre el lugar exacto en el que alguien debe encontrarse para solicitar asilo. Pero el juez Ketanji Brown Jackson sugirió que esas preguntas son difíciles de responder cuando la política no se está utilizando.

“Me parece que tenemos un montón de hipótesis sobre cómo ha funcionado esta política en el pasado y cómo podría funcionar en el futuro, pero no tenemos una política en vigor sobre la que podamos pronunciarnos”, dijo.

La medición se utilizó por primera vez durante la administración del presidente Barack Obama cuando un gran número de haitianos aparecieron en el cruce principal a San Diego desde Tijuana, México. Se amplió a todos los cruces fronterizos desde México durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

La práctica terminó en 2020, cuando la pandemia de coronavirus llevó al gobierno a imponer mayores restricciones a los solicitantes de asilo. El presidente Joe Biden rescindió formalmente el uso de la medición en 2021.

También ese año, la jueza de distrito Cynthia Bashant, designada por Obama, dictaminó que la medida violaba los derechos constitucionales de los migrantes y una ley federal que obliga a los funcionarios a examinar a cualquier persona que llegue a la frontera en busca de asilo.

El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos, dividido, confirmó su decisión, pero casi la mitad de los jueces del tribunal de apelaciones, con sede en San Francisco, votaron a favor de repetir el caso, una señal clara que puede haber llamado la atención de los jueces.

Las personas que buscan refugio en Estados Unidos pueden solicitar asilo una vez que se encuentran en suelo estadounidense, independientemente de que hayan venido legalmente o no. Para ello, tienen que demostrar que temen ser perseguidos en su propio país por motivos concretos, como su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

Una vez concedido el asilo, las personas no pueden ser deportadas. Pueden trabajar legalmente, traer a familiares directos al país, solicitar la residencia legal y, con el tiempo, obtener la ciudadanía estadounidense.

El caso de los contadores es una de las varias demandas de inmigración que el tribunal está considerando este mandato, incluyendo el impulso de Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés nacidos de personas en los Estados Unidos ilegalmente y el esfuerzo de la administración para eliminar las protecciones legales para los migrantes que huyen de la inestabilidad y los conflictos armados.