La secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, fue citada este jueves a comparecer, la próxima semana, a una vista ejecutiva –a puerta cerrada– de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, que investiga las presuntas irregularidades en un centro de inspección de vehículos y venta de marbetes del que era dueña, en Yabucoa.

Simultáneamente, La Fortaleza reiteró que esperará por los resultados de la investigación en curso del Departamento de Justicia para tomar determinaciones sobre el futuro de la funcionaria.

La vista ejecutiva a la que Pérez Peña fue citada se celebrará el próximo miércoles y otros 10 centros de inspección fueron convocados, informó el representante José “Cheíto” Hernández, presidente de la Comisión.

“Nuestra petición es que la persona que estuvo envuelta en la negociación, o con quienes se acordó el pago de las multas, sea la que esté presente para poder preguntarle cuál fue el procedimiento y bajo qué reglamento se ejecutó”, explicó Hernández, en referencia a la multa de $5,000 que, supuestamente, el centro Yabucoa Auto Services pagó por las infracciones que se le atribuyen, y que pudieran haber llegado hasta cerca de $1 millón.

La información que resulte de la vista ejecutiva, añadió el legislador, será comparada con la presentada a la Comisión por el Departamento de Hacienda.

Más temprano, durante la sesión bisemanal “En Récord” en La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, reaccionó a las expresiones del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, quien indicó, en entrevistas televisivas (TeleOnce), que el informe que la gobernadora Jenniffer González le encomendó ya fue remitido a la fiscal a cargo de la investigación preliminar en Justicia.

“La señora gobernadora se ha reafirmado en, hasta el momento, mantener la confianza de la señora secretaria del Departamento de la Vivienda y que lo anterior, en nada, ha incidido con su gestión como secretaria de la Vivienda. Más allá de lo que está pasando ahora mismo, es preciso aclarar que la gobernadora fue firme en que, una vez termine la investigación, ella tomará las determinaciones que sean precisas”, dijo Peña Payano.

El informe sometido a Justicia, que comprende un período de 2023 a 2024, estuvo a cargo de un policía que trabaja, en destaque, en el DTOP, con 29 años de experiencia en la Uniformada, incluyendo 20 laborando en “task forces” con el Negociado Federal de Investigaciones.

“Se levantó toda esa ‘data’ documental de ese momento, se hicieron entrevistas adicionales, se preparó ese informe y se le envió al Departamento de Justicia para que, entonces, puedan evaluarlo y tomar las decisiones que tengan que tomar”, expresó González Montalvo.

“Es una situación complicada porque yo, un secretario de gabinete, evaluando otra secretaría de gabinete, no es lo ideal y no es lo que ha ocurrido. En este caso, nos hemos desprendido de todo eso. Este investigador, con una reputación intachable, ha trabajado toda la información, la ha recopilado, la ha enviado al Departamento de Justicia, para la pulcritud y la rigurosidad de todo el proceso”, añadió.

Sobre la multa de $5,000, el titular del DTOP indicó que es “la única evidencia” que tienen y que detectaron “ciertas lagunas en el proceso”, lo que se documentó e incluyó en el informe. “La única evidencia que tenemos, lo que ha trascendido públicamente, es el pago de $5,000. Fuera de eso, no hemos encontrado nada más porque se haya abierto el centro”, indicó.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, anticipó que tiene hasta el próximo lunes, 9 de marzo, para informar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y determinar el futuro de la investigación, que se centra en posibles violaciones al Código Anticorrupción y surgió tras referidos de representantes populares y una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP. Deliz Vélez fue el empleado que investigó las supuestas irregularidades señaladas en el centro de inspección que es operado por familiares de Pérez Peña.

Por otro lado, durante un encuentro con la prensa, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reafirmó que el expediente presentado por Pérez Peña, como parte de su proceso de nominación, no reflejó “discrepancias” relacionadas con sus ingresos.

Sostuvo que Pérez Peña reportó que era titular del centro de inspección, pero que, desde “hacía años”, era administrado por su padre y hermano. “En la parte financiera, reporta ingresos de negocios, pues es razonable inferir que se refiere a esos negocios, eso es todo”, aseveró.

“Los contadores públicos lo vieron, no encontraron discrepancias y se cumplió con perfecto rigor la evaluación que se hace”, añadió.

La titular de Vivienda ha dicho que, desde 2017, no recibe ingresos del negocio, aunque documentos revelaron que fungió como dueña registral hasta finales de 2025.

De acuerdo con Rivera Schatz, como parte de la evaluación senatorial, Pérez Peña no venía obligada a reportar los señalamientos levantados por el DTOP contra el centro de inspección por la presunta venta fraudulenta de marbetes, lo que provocó, entre otras cosas, su cierre por 10 meses.

“La corporación que tiene personalidad jurídica separada, que fue multada, no tenía por qué decir que fue multada y que fue pagada la multa o transigida, o lo que haya pasado con la multa. Pero, en términos de lo que le tocaba informar a la nominada, lo informó y está transparente”, declaró. “La corporación tiene unas responsabilidades que tiene que cumplir, y el nominado se evalúa a base de sus datos particulares y personales”.