Algunas infracciones podrían quedar excluidas de la amnistía que otorgaría un 40% de descuento en el pago de multas de tránsito o peajes, confirmó este domingo Mary Fuster, quien dirige la Directoría de Servicios al Conductor (Disco) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Todo dependerá, sin embargo, de cómo quede configurado el reglamento que definirá cómo se aplicará la recién aprobada Ley 1-2026.

“Actualmente, estamos trabajando en el reglamento, y esa parte se va a recoger también en el reglamento, así que tenemos que estar pendientes. Ya, básicamente, se han hecho varias peticiones y, sí, lo tenemos en cuenta y lo vamos a trabajar”, indicó Fuster durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Durante la discusión de la medida, en noviembre, el DTOP y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) recomendaron a la Legislatura excluir del alivio una serie de infracciones que, argumentaron, representan “un alto riesgo a la seguridad vial”, como regatear, wheeliar (manejar con las ruedas delanteras alzadas) y conducir bajo los efectos del alcohol.

Entonces, sugirieron excluir también, entre otras, el uso indebido del rótulo de estacionamiento para impedidos y no usar el asiento protector para menores.

“Todo lo que se permita bajo la Ley 1, en el reglamento va a estar”, subrayó Fuster, al señalar que el estatuto les concede 45 días para elaborar el documento. Es a partir de su publicación que comienza a correr el término de 120 días de vigencia de la amnistía.

El propósito de la Ley 1-2026 es conceder un incentivo que promueva el pago acelerado de multas expedidas y registradas en las estaciones de AutoExpreso, faltas administrativas relacionadas con derechos vencidos de permiso de vehículos de motor, entre otros.

“Están incluidos todos los conductores, no importa la categoría y tampoco importa si está su licencia vigente. El 40% se va a calcular de la deuda total, incluyendo los recargos. Un ejemplo, si una multa de $100 tiene un recargo de $55, pues el 40% se va calcular de los $155″, detalló Fuster.

En mayo pasado, el secretario asociado del DTOP, Marcos García, confirmó a El Nuevo Día que, desde febrero de 2022, la agencia había acumulado $53 millones por concepto de multas no pagadas emitidas a conductores por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000).

La cifra de $53 millones, no obstante, podría ser mayor, pues no incluye multas emitidas en todos los renglones que abarca la Ley 22, reconoció, entonces, García.

A preguntas de este medio, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, estimó este domingo en $169 millones las proyecciones de recaudos al amparo de la nueva ley. Agregó que, al momento, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no ha expresado reparos respecto al estatuto y no anticipan que eso ocurra.

“Recordemos que la política pública la dicta el gobierno de Puerto Rico. La gobernadora decidió, luego de una evaluación que realizó con el equipo, estampar su firma con esta medida... Si fuera así (que hubiera reparos), dialogaremos con la Junta”, apuntó Peña Payano.

Un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó en $103.7 millones el potencial impacto en los recaudos del gobierno al aprobarse la medida. El Departamento de Hacienda –en una ponencia escrita– planteó un escenario similar, al proyectar en $113.6 millones los fondos que dejarían de ingresar al erario.

“Esto no va a afectar el presupuesto balanceado. Esta no es la primera vez que se hace una amnistía de este tipo. El cuatrienio pasado, también se hicieron amnistías de esta índole, y pues, es un concepto básico de economía y finanzas. Es mejor tener $5, si te deben $100, que cero”, expuso el portavoz del gobierno.

La nueva ley dispone que los fondos recaudados por concepto de la amnistía ingresarán al Fondo General.