El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) descartó este viernes investigar a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por el supuesto perjurio cometido durante sus vistas de evaluación senatorial, al sostener que “no se configura el umbral necesario” para proceder con una pesquisa.

El análisis del PFEI se produjo a raíz de un referido del portavoz de la minoría popular en el Senado, Luis Javier Hernández, quien señaló que Roig Fuertes pudo haber mentido al afirmar, durante el proceso de confirmación, que no había sido objeto de ninguna investigación de naturaleza civil, administrativa o criminal.

Según el comunicado del PFEI, el delito de perjurio requiere “prueba de falsedad material y, particularmente, del estado mental respecto a la intención”.

El organismo aclaró que su jurisdicción en torno a Roig Fuertes se limitaba a las alegaciones de perjurio, toda vez que los otros señalamientos que han trascendido en su contra se relacionan con hechos supuestamente ocurridos en 2021, cuando ocupaba un puesto en el Departamento de Salud que no está cobijado por la ley orgánica del PFEI.

“Recibo con respeto la determinación emitida por el PFEI. Desde el inicio de este proceso, sostuve que actué con transparencia, honestidad y conforme a la información que obraba en mi conocimiento al momento de contestar los documentos relacionados con mi proceso de evaluación y confirmación. La determinación emitida valida que nunca existió intención alguna de faltar a la verdad ni de ocultar información”, sostuvo Roig Fuertes por escrito.

“Aun cuando el Departamento de Justicia y el PFEI hayan llegado a la determinación a la que arribaron, lamentamos que nominados a un cargo público oculten información importante al Senado en su proceso de evaluación, consejo y consentimiento”, expresó, por su parte, Hernández.

En 2021, Roig Fuertes presuntamente impulsó de forma irregular la contratación de una compañía de seguridad para brindar servicios a un paciente de salud mental, en hechos que fueron investigados por Salud y, eventualmente, referidos a Justicia, que archivó la pesquisa en octubre del año pasado. Roig Fuertes fue designada secretaria de la Familia en enero de 2025, con la entrada del gobierno de Jenniffer González.

La semana pasada, Justicia rechazó reabrir la pesquisa contra Roig Fuertes por los hechos de 2021, al tiempo que tampoco ordenó una investigación por el supuesto perjurio ante el Senado.

Hernández sostuvo, en tanto, que Roig Fuertes “evidentemente” conocía que había una investigación en su contra, a partir de expresiones que hizo al programa Rayos X de Telemundo.

“Hubiésemos preferido y esperado que la actual titular de Familia en su proceso ante el Senado nos hubiera hablado con la verdad. No obstante, no fue así. Perdió nuestra confianza y la confianza del país”, abundó.

La resolución del PFEI concluyó, en cambio, que ninguna de las instancias que indagaron sobre los hechos comunicaron a Roig Fuertes que fuera objeto de alguna pesquisa o hubiera estado involucrada en alguna “controversia”.

El panel, integrado por los exjueces Ygrí Rivera Sánchez, Rubén Vélez Torres y Leila Rolón Henrique, subrayó, a su vez, que Hernández compareció a Justicia en calidad de “colaborador”, y no como testigo, por lo que no prestó declaración jurada, como la Ley 2-1988 exige para iniciar una investigación.

“La mera existencia de controversias administrativas o de una investigación institucional en la cual una persona participa, comparece o presta declaración no equivale, sin más, a que dicha persona haya tenido conocimiento inequívoco de estar involucrada como investigada, imputada, sospechosa o persona de interés. Tampoco permite concluir, sin prueba adicional, que al contestar el formulario ante el Senado actuó con conocimiento de falsedad en lo que escribió”, concluyó el PFEI.

Aunque, más temprano en la semana, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, prácticamente descartó proceder con una investigación legislativa sobre Roig Fuertes, Hernández insistió en que el ambiente podría cambiar si se presentan declaraciones juradas que vinculen a la funcionaria con algún acto delictivo.

“Estamos recopilando la información, porque no hay una, sino como cinco declaraciones juradas”, expresó Hernández a El Nuevo Día.