La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, defendió este viernes sus “estándares morales” luego de conocerse que el Departamento de Justicia descartó abrir investigaciones por dos señalamientos que pesaban en su contra, ambos vinculados a presuntas irregularidades registradas mientras trabaja en el Departamento de Salud entre 2021 y 2022.

“Siempre confié, primero en Dios, así como en que los procesos hablarían por sí solos, en que la verdad prevalecería. Siempre he actuado de acuerdo a los altos estándares morales que han regido mi vida personal y profesional. La determinación del Departamento de Justicia confirma claramente que no existió conducta ilegal ni intención alguna de faltar a la verdad durante mi proceso de evaluación”, expresó Roig Fuertes, en declaraciones escritas.

Tarde el jueves, justo al concluir el Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora Jenniffer González, Justicia informó que no reabriría una investigación iniciada en 2022 sobre presuntas irregularidades atribuidas a Roig Fuertes, cuando era jefa del programa de discapacidad mental en Salud, y que tampoco iniciará una investigación preliminar por supuesto perjurio en su proceso de confirmación como titular de Familia, cuando aseguró al Senado que no había sido objeto de ninguna pesquisa.

“Agradezco el apoyo de tanta gente que me he encontrado a mi paso y que, aún sin conocerme, me manifestaron su respaldo. Igualmente, a mi familia, amigos y al maravilloso equipo de trabajo de todo el Departamento de la Familia”, afirmó, al sostener que continuará “enfocada” en su trabajo al mando de la agencia.

“Mi respeto profundo a todas las instituciones y los procesos investigativos que se llevaron a cabo. Hoy, queda evidenciado que todas las alegaciones carecían de base probatoria suficiente. Mi compromiso sigue siendo trabajar con transparencia, responsabilidad y sensibilidad por las familias de Puerto Rico, cumpliendo con el compromiso programático de la gobernadora Jenniffer González Colón”, abundó.

En 2022, Salud refirió a Justicia los hallazgos de una pesquisa interna que concluyeron que Roig Fuertes había impulsado indebidamente la contratación de una empresa de seguridad para proveer servicios a un paciente que recibía tratamiento bajo la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual.