El proceso judicial contra uno de los acusados de asesinar a dos menores en Piñones, Loíza, ya tiene una hoja de ruta definida que se extenderá por años y que anticipa una de las etapas más complejas del sistema penal en el Tribunal federal en Puerto Rico.

En el caso contra Edwin Yadiel Flores Tavárez por el crimen donde murieron Nahia Paola Ramos López, de 13 años, y Tanaisha de Jesús Curet, de 15, la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé estableció un calendario que ubica el juicio después de marzo de 2028.

Tras obligar a la Fiscalía federal y a la defensa a negociar un calendario conjunto de juicio para superar el estancamiento del caso, la togada emitió, el 20 de mayo, una orden de calendarización detallada que incluye cómo transcurrirá el proceso ante la corte.

En el documento, que consta de siete páginas, Vélez Rivé detalla cada fase del proceso, desde el intercambio de evidencia hasta la selección de los 12 miembros del jurado y seis suplentes, en un caso cuyo veredicto podría conllevar la pena capital.

La orden incorpora los acuerdos alcanzados entre las partes sobre la mayoría de las fechas procesales, aunque deja constancia de que hubo desacuerdos en algunos términos. Aun así, la jueza optó por establecer una agenda para garantizar la eficiencia del caso.

“Esta orden incorpora las fechas límite propuestas conjuntamente en la ‘Notificación de Propuesta de Calendario y Fechas Límite’, excepto por las dos fechas límite sobre las cuales las partes no pudieron llegar a un acuerdo”, determinó Vélez Rivé.

“Junto con las conferencias celebradas en sala, (esta orden) promoverá una administración eficiente del caso y procedimientos”, agregó la togada.

El calendario comienza con la fase de descubrimiento de prueba, donde la Fiscalía federal deberá entregar material obligatorio bajo las Reglas Federales de Procedimiento Criminal y conforme al precedente de Brady v. Maryland. Esa etapa inicial se extiende hasta junio de 2026 e incluye también gestiones relacionadas con posible evidencia de coartada.

A partir de 2027, el caso entra en una fase de intensa actividad judicial. La defensa del acusado deberá presentar mociones de descubrimiento de prueba, mientras que la Fiscalía federal tiene espacio para poder responder a cada planteamiento que se haga.

En febrero de ese año, se abren las discusiones más sensibles: las mociones relacionadas con la pena de muerte, incluyendo impugnaciones, cuestionamientos a factores agravantes y objeciones sobre la selección de los miembros del jurado en casos de esta naturaleza.

El calendario también contempla la presentación de mociones para desestimar la acusación, así como controversias sobre evidencia, supresión de pruebas y alegaciones de procesamiento selectivo.

Cada movimiento de una parte genera un contrapeso procesal de la otra, en un intercambio que el tribunal estructura con suma precisión.

La complejidad del caso se intensifica con la participación de peritos, particularmente en marzo de 2027, cuando ambas partes deberán divulgar sus expertos y los fundamentos técnicos de sus testimonios. Estos informes serán pieza clave en las fases de culpabilidad y posible sentencia.

Más adelante, el tribunal entra en la preparación del juicio: selección del jurado, cuestionarios especializados, instrucciones al jurado y vistas para resolver disputas sobre evidencia y testigos. Todo ello se extenderá hasta finales de 2027.

Ya en 2028, el proceso entra en su etapa final previa al juicio. En enero se completan cuestionarios a potenciales miembros de jurado y la Fiscalía federal deberá entregar evidencia sensible. Es decir, materiales que pueden resultar determinantes para la credibilidad de los testigos, según el documento analizado.

El 6 de marzo de 2028 está previsto el inicio del voir dire, la fase de selección del jurado, que continuará hasta completar un panel de 12 miembros y seis suplentes. El juicio comenzará inmediatamente después, indicó la jueza en la orden.

Sin embargo, incluso esa fecha no representa necesariamente el cierre del calendario. El tribunal dejó abierta la posibilidad de una fase de sentencia, dependiendo de decisiones pendientes, incluyendo aspectos sobre evidencia pericial de salud mental.

Los hechos de este caso se remontan a las 4:47 a.m. del 25 de julio de 2023, cuando las dos niñas fueron asesinadas en el interior de una guagua Toyota Tacoma de 2018, de color anaranjado, en un camino que da hacia la playa, en el kilómetro 9.4 de la PR-187.

Según la Policía, las adolescentes estaban en el interior de la guagua que fue hurtada mediante un carjacking ejecutado contra un comerciante en Yauco. Al perjudicado, además, los asaltantes le robaron $1,000 y la llave de su negocio, según el informe.

El crimen de las menores -que fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Arroyo- se reportó una hora y media antes de que se registrara un triple asesinato en un área solitaria del sector Martín González, del barrio Campeche, en Carolina.

Por estos hechos, las autoridades federales sometieron cargos contra Flores Tavárez y José Martínez Serrano. No obstante, el 6 de enero de 2025, la Fiscalía federal comunicó que no procuraría la pena de muerte contra Martínez Serrano, según el expediente del caso.