La Fiscalía federal y la defensa del acusado en el caso por el asesinato de dos adolescentes en Piñones deberán retomar las conversaciones para resolver el desacuerdo que mantienen sobre el inicio del juicio, ordenó la jueza de distrito Camille L. Vélez Rivé.

De esta forma, la togada envió a las partes a la mesa de negociación para lograr un acuerdo sobre el calendario del caso contra Edwin Yadiel Flores Tavárez por el crimen de Nahia Paola Ramos López, de 13 años, y Tanaisha de Jesús Curet, de 15, durante un secuestro.

Vélez Rivé emitió la orden el 11 de mayo, luego de que tanto la defensa como la Fiscalía federal presentaran propuestas con fechas distintas para el inicio del proceso judicial, pese a haber sostenido comunicaciones previas con miras a someter un calendario conjunto.

En este caso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó el 14 de noviembre de 2025 que buscará la pena de muerte por el doble asesinato ocurrido el 25 de julio de 2023, cuando las niñas fueron asesinadas a tiros a orillas de la PR-187.

En términos generales, la jueza entendió que el tiempo adicional solicitado por la licenciada Lydia Lizarríbar Masini, representante legal de Flores Tavárez, para la preparación de la defensa es “razonable y necesario” para proteger sus derechos constitucionales.

Entre las razones para su determinación, Vélez Rivé tomó en cuenta que se trata de un caso complejo y elegible para la pena de muerte, que aún faltan evaluaciones psiquiátricas, que la defensa necesita tiempo para investigar tanto los hechos del caso como posibles factores que puedan reducir una eventual sentencia, y que el propio acusado aceptó extender los términos del juicio rápido establecidos por ley.

“No obstante, el Tribunal señala que el calendario propuesto por la defensa incluye fechas que no están en orden cronológico y elimina varios de los propuestos por el gobierno. Por ello, se ordena a las partes reunirse y coordinar para presentar un calendario y plazos propuestos conjunto, que incluya todas las fechas en orden cronológico, similar al propuesto por el acusado Flores Tavárez”, determinó la jueza.

Antes de la orden de la togada, el fiscal federal Julián N. Radzinschi sugirió como fecha de inicio del juicio el 4 de octubre de 2027. Por su parte, Lizarríbar Masini propuso que la selección del jurado que evaluará la prueba en el juicio comience el 6 de marzo de 2028.

En medio del desacuerdo, Radzinschi explicó que la fecha propuesta por la Fiscalía federal respeta los derechos constitucionales del acusado, ya que evita demoras indebidas y reconoce el interés de las víctimas y sus familias en la pronta resolución del caso.

Sin embargo, Lizarríbar Masini señaló que las partes trabajaron “de buena fe” en un calendario conjunto, pero que, en un giro inesperado, el fiscal informó a última hora que no aceptaría nada distinto a la propuesta del gobierno, lo que dio paso al desacuerdo.

No obstante, Vélez Rivé ordenó a las partes retomar las conversaciones sobre las fechas del juicio y les instruyó a presentar un calendario conjunto ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey, no más tarde del próximo 18 de mayo.

En una moción sometida el 7 de mayo, que consta de 39 páginas, Lizarríbar Masini se opuso formalmente a la propuesta que sometió la Fiscalía federal relacionada con el inicio del juicio y esbozó las múltiples razones por las que la defensa no puede avalar dicho calendario.

“En este contexto de los factores únicos en los casos de pena capital, el gobierno propone un calendario sustancialmente más agresivo que el promedio nacional: solicita apenas 23 meses entre la Notificación de Intención y el juicio, cuando el promedio nacional es de 28 meses”, argumentó.

Lizarríbar Masini indicó que 23 meses no son suficientes para que la defensa pueda cumplir con sus deberes constitucionales, ni para que las partes -entiéndase la Fiscalía federal y la abogada- puedan atender las múltiples rondas previstas de mociones y litigios.

Añadió que la Fiscalía federal advirtió en su escrito que las fechas propuestas podrían incidir en el derecho a un juicio rápido; sin embargo, Flores Tavárez ha manifestado su disposición a renunciar a los términos, ya que la defensa considera necesario más tiempo para salvaguardar sus derechos “en un caso en el que el Departamento de Justicia federal intenta persuadir a 12 jurados de votar para condenarlo a muerte”.

“El gobierno también plantea que las víctimas tienen derecho a procedimientos rápidos; pero aquí fue la decisión del propio Departamento de Justicia, tomada en Washington, de buscar la pena de muerte, la que ahora hace necesario un calendario más reflexivo y prolongado para cualquier juicio”, indicó la abogada.

“De hecho, debido a que un juicio capital previsto probablemente provocará emociones intensas en las familias de las víctimas, fijar una fecha irrealmente agresiva —y que, por lo tanto, inevitablemente tendrá que posponerse— solo causará dificultades y perjuicios a esas partes", concluyó Lizarríbar Masini.

Los hechos de este caso se remontan a las 4:47 a.m. del 25 de julio de 2023, cuando las dos niñas fueron asesinadas en el interior de una guagua Toyota Tacoma, del 2018, de color anaranjado, en un camino que da hacia la playa, en el kilómetro 9.4, de la PR-187.

Según la Policía, las adolescentes estaban en el interior de la guagua que fue hurtada mediante un carjacking ejecutado contra un comerciante en Yauco. Al perjudicado, además, los asaltantes le robaron $1,000 y la llave de su negocio, según el informe policiaco.

El crimen de las menores -que fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Arroyo- se reportó una hora y media antes de que se registrara un triple asesinato en un área solitaria del sector Martín González, del barrio Campeche, en Carolina.

Por estos hechos, las autoridades federales sometieron cargos contra Flores Tavárez y José Martínez Serrano. No obstante, el 6 de enero de 2025, la Fiscalía federal comunicó que no procuraría la pena de muerte contra Martínez Serrano, según el expediente del caso.

Cabe destacar que los acusados en este caso figuran en un pliego emitido el 5 de diciembre de 2024 por presuntamente pertenecer a una organización criminal vinculada al asesinato del sargento Eliezer Ramos Vélez en los predios del residencial Sabana Abajo en Carolina.