Uno de los acusados en el caso federal vinculado al comerciante Manuel Antonio “Nano” Valentín Vega, hijo del fenecido exalcalde de Añasco, Antonio “Toño” Valentín Vega, será trasladado desde Florida hacia Puerto Rico para continuar con el proceso judicial.

Se trata de Rafael Ángel Ruiz Garcés, alias “Pito Rancho, Pito y/o El Flaco”, quien fue arrestado en la ciudad de Orlando y tuvo el jueves pasado su vista inicial ante el Tribunal del Distrito Medio de Florida, presidida por el magistrado federal Nathan W. Hill.

“El acusado permanecerá bajo custodia en espera de procedimientos posteriores. Se emitirá la orden correspondiente. El Tribunal ordena al Servicio de Alguaciles trasladar al acusado al distrito donde se presentaron los cargos”, establece la minuta.

De igual forma, Valentín Vega, César E. “Waldy” Carrero Martínez y Luis F. “Luijo” Rivera Quiñonez también tuvieron su vista inicial, pero ante el magistrado federal Marcos E. López en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey.

La minuta refleja que el magistrado determinó que Valentín Vega, Carrero Martínez y Rivera Quiñonez continuarán detenidos en el Centro Metropolitano de Detención federal en Guaynabo. Mientras tanto, continúa fugitivo Jonathan “Tan’ Hernández Ruiz.

En la audiencia estuvieron presentes el el fiscal auxiliar federal Antonio Pérez; el defensor público José Rodríguez; el abogado Edgar Sánchez, representante de Carrero Martínez; y la licenciada Laura Maldonado, quien representará legalmente a Valentín Vega.

“El tribunal ordenó la detención temporal de los tres acusados”, indica la minuta de la vista, en la que se consigna que los acusados se encontraban bajo custodia, presentes en sala y asistidos por un intérprete para la traducción de los procedimientos al español.

Como parte de los procesos, los acusados fueron notificados de sus derechos y de las penas mínimas y máximas a las que se exponen si son hallados culpables por cargos de crimen organizado, asesinato, tráfico de drogas, lavado de dinero y violación a la Ley de Armas.

“En el caso de Valentín Vega, se designó a la abogada Laura Maldonado para representarlo, y se le informó que tiene derecho a ser representado por un abogado con experiencia en la materia (para la pena de muerte)”, especifica la minuta disponible en el expediente.

En cuanto a Rivera Quiñonez, la corte dejó consignado que se le designará un abogado del Criminal Justice Act Panel (CJA), que se encarga de representar a acusados que no tienen los recursos económicos necesarios para costear de forma privada una representación legal.

En la audiencia, además, se les informó a los acusados sobre sus derechos conforme al precedente establecido en Brady v. Maryland, el cual obliga a la Fiscalía a divulgar cualquier evidencia que pudiera favorecer a la defensa, ya sea para demostrar su inocencia o para cuestionar la credibilidad del caso en su contra.

Este caso salió a la luz el 12 de mayo cuando la Fiscalía federal hizo pública una acusación contra seis individuos por 23 cargos de crimen organizado, cometidos en apoyo de una organización criminal transnacional con base en el municipio de Añasco, Puerto Rico.

De acuerdo a la investigación de las autoridades federales, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, la empresa criminal participaba en el tráfico de drogas a gran escala en coordinación con fuentes de suministro en Venezuela, Colombia y la República Dominicana.

Según la acusación federal, los presuntos miembros de la organización criminal transnacional presuntamente participaban en el tráfico de narcóticos y el lavado de dinero. Además, habrían cometido e intentado cometer actos violentos, incluidos asesinatos y agresiones.

Para facilitar sus operaciones de narcotráfico, según la acusación, la organización utilizaba embarcaciones para importar cargamentos de varios kilogramos de cocaína desde Colombia, Venezuela y la República Dominicana hacia Puerto Rico y luego hacia Estados Unidos.

Además, para promover las actividades ilegales, los federales alegan que “lavaban y utilizaban las ganancias de las drogas para comprar armas y municiones, adquirir bienes inmuebles, alquilar propiedades para almacenar narcóticos, comprar embarcaciones y vehículos”.

Asimismo, según la acusación, miembros de la organización habrían cometido actos de violencia para promover los objetivos de “la Empresa”. Estos actos buscaban, entre otras cosas, fortalecer su prestigio y reputación frente a organizaciones rivales.

La acusación federal describe una cadena de violencia que, según las autoridades, se enmarca dentro de las operaciones de la organización y que surgieron presuntamente como secuela del secuestro de Valentín Vega, propietario del Centro Agrícola El Rancho.

De acuerdo con el pliego, todo comenzó en abril de 2020, cuando Valentín Vega fue secuestrado por narcotraficantes rivales para exigir rescate. Aunque fue liberado luego, la Fiscalía sostiene que, tras el incidente, habría ordenado asesinar a sus secuestradores.

Más tarde, el 21 de mayo de 2020, en Añasco, un grupo armado abrió fuego contra un vehículo en el que creían viajaba uno de los objetivos. En el ataque murieron una mujer y su hija de ocho años, marcando uno de los episodios más graves incluidos en la acusación.

La violencia continuó en los meses siguientes. En octubre de ese año, dos ataques separados en Mayagüez dejaron tres muertes, entre ellas un vecino del presunto objetivo inicial y, luego, el propio F.S.C.V. junto a otra persona que se encontraba con él en una residencia.

La pesquisa también detalla un giro clave en el caso: uno de los implicados comenzó a cooperar con las autoridades, identificando a presuntos participantes en los ataques. Sin embargo, la acusación sostiene que fue asesinado durante el mes de octubre de 2021.

El documento federal añade además que las tensiones internas dentro del grupo derivaron en nuevos asesinatos por órdenes de sus miembros, en un patrón de represalias y ajustes de cuentas que se extendió hasta 2022, incluyendo un asesinato en Florida.

Más allá de estos casos, la acusación incluye múltiples cargos relacionados con conspiración para importar y distribuir cocaína, lavado de dinero, intento de importación de drogas y represalias contra testigos, todos como parte del esquema criminal descrito.

La acusación también incluye 22 cargos adicionales, entre ellos: conspiración de crimen organizado, conspiración para importar cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir sustancias controladas e importación de cocaína.

A estos se suman intento de importación de cocaína, asesinatos en apoyo de crimen organizado, conspiración de represalias contra testigos, posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico y transacciones monetarias ilegales de más de $10,000.

De acuerdo a las autoridades federales, los acusados desempeñaban distintos roles dentro de la Empresa: que iban desde líderes principales de la mencionada organización criminal hasta lavadores de dinero, transportistas y hasta ejecutores (o gatilleros).

La Fiscalía federal confirmó que los acusados enfrentan decomiso de bienes relacionados con narcotráfico, que incluyen la posible confiscación de los siguientes activos: dos embarcaciones de los años 2002 y 2020 y propiedades en Aguada, Añasco y Cabo Rojo.

Los fiscales auxiliares de Estados Unidos Pérez y Ryan McCabe están a cargo del caso, y de ser hallados culpables, los acusados se enfrentan a cadena perpetura. No obstante, Valentín Vega y Irizarry Zapata son elegibles para la pena de muerte.

Sin embargo, las autoridades federales reiteraron que la acusación que enfrentan los seis acusados no constituye prueba de culpabilidad, y todos se presumen inocentes hasta que la Fiscalía demuestre su caso más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

La investigación forma parte de los esfuerzos del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado mediante la Orden Ejecutiva 14159, como una iniciativa de cooperación interagencial enfocada en combatir cárteles, pandillas y organizaciones transnacionales.

Este grupo integra a múltiples agencias federales y estatales -incluyendo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI)- que coordinan sus recursos para investigar y procesar este tipo de delitos.