Seis presuntos integrantes de una organización criminal con base en Añasco enfrentan cargos federales por una alegada red de narcotráfico a gran escala coordinada con suplidores de Venezuela, Colombia y República Dominicana, informó este martes la Fiscalía federal.

La acusación vincula al grupo con asesinatos, lavado de dinero y delitos de armas de fuego presuntamente cometidos para proteger sus operaciones criminales.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía federal detalló que la organización presuntamente utilizaba embarcaciones para introducir cargamentos de cocaína de múltiples kilogramos desde Sudamérica y el Caribe hacia Puerto Rico y, posteriormente, a Estados Unidos.

De acuerdo con el pliego acusatorio, las ganancias del narcotráfico eran utilizadas por los miembros para adquirir armas, municiones, propiedades, vehículos y embarcaciones, así como para presuntamente alquilar residencias para almacenar las drogas.

Entre los 22 cargos incluidos en la acusación figuran conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, narcotráfico, lavado de dinero, conspiración de represalia contra testigos y transacciones monetarias ilegales mayores de $10,000.

“Esta acusación no solo alega delitos violentos, sino que también alega que estos delitos fueron cometidos de manera abierta y descarada, y que miembros inocentes de la comunidad fueron asesinados”, expresó en declaraciones escritas el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

La pesquisa federal también vincula a la organización con una cadena de asesinatos ocurridos entre 2020 y 2022 en el oeste de Puerto Rico y en el estado de Florida, supuestamente relacionados con una disputa surgida tras el secuestro de uno de los líderes del grupo criminal.

Según la acusación, uno de los líderes de la organización fue secuestrado en abril de 2020 por presuntos narcotraficantes rivales y, posteriormente, fue liberado. Tras el incidente, se habrían ordenado los asesinatos de varias personas vinculadas al secuestro.

Uno de los ataques ocurrió el 21 de mayo de 2020 en Añasco, cuando presuntos miembros de la organización dispararon contra un vehículo creyendo que dentro se encontraba uno de los supuestos responsables del secuestro.

Sin embargo, de acuerdo con Fiscalía federal, el tiroteo culminó con la muerte de la pareja consensual del supuesto rival y de la hija de esta, una niña de ocho años.

La acusación también detalla otros asesinatos posteriores ocurridos en Mayagüez, incluyendo la muerte de un vecino presuntamente vinculado al mismo conflicto y, días después, el asesinato del hombre al que originalmente buscaban atacar, junto a otra persona que se encontraba dentro de una residencia.

Asimismo, el documento sostiene que uno de los hombres vinculados inicialmente al ataque de Añasco posteriormente comenzó a cooperar con las autoridades estatales en investigaciones relacionadas con los homicidios.

Según Fiscalía, tras conocerse su cooperación con las autoridades, se ordenó su asesinato como represalia y el hombre fue ultimado a tiros en octubre de 2021.

La pesquisa federal también incluye un asesinato ocurrido en Florida en abril de 2022 que, según la acusación, fue ordenado contra otro individuo presuntamente relacionado con el secuestro inicial del líder de la organización criminal.

Los acusados fueron identificados como Manuel Antonio Valentín Vega, alias “Nano” y “El Viejo”; Rafael Ángel Ruiz Garcés, alias “Pito Rancho”, “Pito” y “El Flaco”; César E. Carrero Martínez, alias “Waldy”; Jonathan Hernández Ruiz, alias “Tan”; Luis J. Irizarry Zapata, alias “Luijo”; y Luis F. Rivera Quiñones, alias “Nino”.

De acuerdo con las autoridades federales, estos ocupaban distintos roles dentro de la organización, incluyendo líderes, transportistas, ejecutores y lavadores de dinero.

El pliego acusatorio también solicita el decomiso de propiedades ubicadas en Aguada, Añasco y Cabo Rojo, además de dos embarcaciones presuntamente utilizadas por la organización criminal.

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan hasta cadena perpetua.

Mientras, Valentín Vega e Irizarry Zapata también serían elegibles para la pena de muerte, según las autoridades federales.