

21 de noviembre de 2026 - 5:17 PM


Una nueva nota de la hija de Áurea Vázquez Rijos, convicta por ordenar la muerte de su esposo, el empresario canadiense Adam Ahnang, fue incorporada al expediente del caso en el Tribunal federal.
El escrito, presentado en español por D.N., está fechado el 12 de noviembre y aparece redactado en una hoja que parece ser de una libreta. En el papel se lee el siguiente mensaje: “Honorable juez María Antongiorgi: ¡Señora juez, gracias, gracias! D.N., hija de Áurea Vázquez”.
La nota fue sometida al tribunal por D.N. La entrada del expediente electrónico identifica la presentación como un aviso en español y hace referencia a un sobre incluido entre los documentos adjuntos.
D.N. es la hija, de 11 años que anteriormente pidió la intervención del tribunal para que se le asignara un abogado a su madre. Aquella primera gestión se realizó mediante una carta firmada por Carmen Rijos, madre de Vázquez Rijos y tutora legal de la menor, en la que solicitó que la convicta tuviera acceso a representación legal para intentar cuestionar su condena.
En esa comunicación, la niña apeló a las dificultades económicas de su abuela, de 85 años, quien depende de los ingresos del Seguro Social y no cuenta con recursos para contratar un abogado en Puerto Rico. También expresó su deseo de tener la oportunidad de compartir con su madre fuera de prisión.
La menor nació mientras Vázquez Rijos se encontraba encarcelada en Madrid, España, en 2015. El 29 de septiembre de ese año, la convicta fue trasladada a Puerto Rico para enfrentar el proceso judicial.
“Jueza, acudo a usted para pedirle, por favor, que tenga a bien acepta(r) la solicitud de asignarle un abogado de oficio a mi madre, Áurea Vazquez Rijos”, expresó en la carta.
En un inicio, la petición fue rechazada por Antongiorgi Jordán, quien determinó que no existía una controversia activa ante el tribunal que justificara conceder el remedio solicitado. Posteriormente, se registró en el expediente la designación de la licenciada Melanie Carrillo Jiménez como abogada de Vázquez Rijos.
La nueva nota llegó en momentos en que Vázquez Rijos cuenta con representación legal para evaluar posibles argumentos con los que pueda impugnar su sentencia de cadena perpetua por el asesinato de su esposo.
Recientemente, su abogada solicitó autorización para examinar y obtener copias de documentos restringidos y bajo sello relacionados con el proceso judicial, como parte de la evaluación de una posible petición al amparo de la sección 2255 del Título 28 del Código de Estados Unidos.
La jueza Antongiorgi Jordán autorizó esa gestión, que permitirá a la defensa revisar los materiales del expediente antes de determinar qué planteamientos, si alguno, podrían presentar ante el tribunal.
La sección 2255 establece un mecanismo federal mediante el cual una persona condenada puede solicitar que se revise, anule o corrija su sentencia cuando plantea determinados fundamentos legales, entre ellos posibles violaciones constitucionales o deficiencias en la representación legal.
Vázquez Rijos fue sentenciada a cadena perpetua en marzo de 2019, junto con su hermana, Marcia Vázquez Rijos, y José Ferrer Sosa, expareja de esta última, tras ser hallados culpables por el asesinato de Anhang.
El empresario canadiense fue asesinado el 22 de septiembre de 2005 en Puerto Rico. Durante el notorio juicio, la Fiscalía federal sostuvo que los acusados contrataron a Alex “El Loco” Pabón Colón para ejecutar el crimen. Pabón Colón fue uno de los principales testigos de la acusación y declaró que le habían ofrecido $3 millones por cometer el asesinato.
El proceso judicial también estuvo marcado por el conflicto económico entre Vázquez Rijos y su esposo. Según la información presentada durante el juicio, ambos firmaron un acuerdo prenupcial que contemplaba que, si uno fallecía, el otro recibiría el 30% de sus bienes.
La fortuna de Anhang se estimaba en $24 millones, por lo que la muerte del empresario habría representado para Vázquez Rijos una posible herencia de aproximadamente $8 millones. En cambio, si se concretaba el divorcio que Anhang supuestamente contemplaba, ella recibiría una cantidad mensual considerablemente menor, de poco más de $3,000 durante tres años, según los términos del acuerdo.
La Fiscalía planteó que ese escenario económico formaba parte del motivo detrás del asesinato.
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