La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) reveló este viernes múltiples señalamientos contra dos municipios, incluyendo deficiencias en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza en Las Piedras; y faltas en controles internos, el manejo de la propiedad y la administración financiera en Las Marías.

La auditoría a Las Piedras, que cubre el período del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, reveló que este ayuntamiento adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso de cotizaciones dirigido a concesionarios de una sola marca. Según la nueva contralora, Carmen Vega Fournier, esto “restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado”.

Por otro lado, los auditores determinaron que el Municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin haber obtenido previamente los permisos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque las labores fueron completadas y aceptadas, los permisos fueron obtenidos luego de iniciadas las obras, lo que impidió la supervisión regulatoria oportuna y expuso al Municipio a posibles sanciones.

La administración municipal alegó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista. Sin embargo, la contralora reiteró que la responsabilidad última recae en el Municipio como dueño de los proyectos, por lo que el hallazgo prevalece.

En el ámbito fiscal, se identificó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgarse contratos por $640,033, registrándose tardanzas de hasta 473 días en el registro de dichas obligaciones. Según la auditoría, esto debilita el control presupuestario y puede propiciar sobregiros y riesgos legales. La administración municipal atribuyó esta situación a las condiciones operacionales durante la pandemia de COVID-19, pero la auditoría determinó que varios contratos fueron otorgados antes de dicha emergencia.

Otros señalamientos incluyen: tardanzas de hasta 969 días en la remisión de nombramientos de los miembros de la Junta de Subastas para su confirmación por la Legislatura Municipal; un pago de $21,980 por servicios de reparación eléctrica sin formalizar un contrato escrito, limitándose a una orden de compra; y la otorgación de contratos y enmiendas por más de $8.5 millones para la administración del Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin remitirlos a la Legislatura Municipal para su evaluación y aprobación.

El informe también incluye deficiencias relacionadas con la falta de contratos escritos en la venta o alquiler de lotes en el cementerio municipal, la no localización de equipo y tardanzas en investigaciones administrativas, así como un comentario especial sobre una demanda civil pendiente de resolución.

En el caso de Las Marías, el informe de auditoría –que cubre el período del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025–, identificó “desviaciones significativas en tres áreas principales que afectan la integridad administrativa y financiera del gobierno municipal”, indicó Vega Fournier.

Entre las deficiencias en los controles internos, la OCPR identificó que no se realizaron inventarios físicos anuales durante varios años fiscales, incumpliendo las disposiciones reglamentarias. Además, no se localizaron varias unidades de propiedad adquiridas, incluyendo equipos electrónicos y herramientas, no se emitieron recibos de propiedad en uso a empleados custodios y múltiples activos no estaban debidamente identificados o marcados.

Asimismo, se determinó que Las Marías no notificó a la OCPR 39 accidentes relacionados con vehículos municipales, ni llevó a cabo investigaciones administrativas sobre dichos incidentes.

En el área de propiedad inmueble, la auditoría identificó que no todas las propiedades estaban registradas en el sistema oficial y que los expedientes carecían de documentación esencial, como certificaciones del Registro de la Propiedad, estudios de título y validaciones contributivas.

La auditoría también reveló deficiencias significativas en las conciliaciones bancarias, incluyendo atrasos de hasta 52 meses en su preparación, diferencias entre los balances bancarios y los registros contables, cheques sin cancelar por largos períodos y transacciones registradas incorrectamente entre cuentas. Según la contralora, estas situaciones afectan la confiabilidad de la información financiera y limitan la capacidad del Municipio para tomar decisiones fiscales responsables y oportunas.

Ambas auditorías, con fecha del 26 de marzo, se publican luego de que El Nuevo Día revelara que la OCPR llevaba cinco meses sin emitir informes. La nueva contralora atribuyó la situación a “un proceso de cambio de imagen”.