Al cabo de 10 años de la ley Promesa, el saldo principal para los municipios ha sido la eliminación del Fondo de Equiparación –que privó a casi la mitad de ellos de una fuente sustancial de recursos–, así como el establecimiento de nuevas dinámicas en su relación con el Estado.
El nuevo modelo de supervisión, sin embargo, ha carecido de mecanismos de reestructuración operacional y herramientas de fiscalización que propicien una verdadera disciplina fiscal, coincidieron alcaldes y ex ejecutivos municipales entrevistados.
“Faltó ponerle un poquito de interés por parte de ellos (la Junta de Supervisión Fiscal, JSF) de, primero, conocer cómo era la estructura financiera de los municipios y cuál era el propósito, digamos, del Fondo de Equiparación, que sufrió la eliminación. Nunca entendieron cuál era el propósito del Fondo de Equiparación”, sostuvo el exalcalde novoprogresista de Cidra Javier Carrasquillo.
Recordó que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares incluyó, en el primer plan fiscal certificado por la JSF, la eliminación del Fondo de Equiparación, un pote de dinero distribuido entre los municipios a base de sus necesidades económicas y que fue eliminado gradualmente desde 2017 hasta el 30 de junio de 2024.
Se nutría de distintas partidas, incluido un 2.5% que transfería el Estado de las rentas internas netas, un 35% del ingreso neto de la Lotería Electrónica y una porción de la contribución básica sobre la propiedad de cada municipio. Esas últimas dos partidas son las que continúa distribuyendo el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). En su mejor momento, el Fondo llegó a redistribuir más de $350 millones anuales.
Precisamente, cuando comenzó la eliminación del Fondo, Carrasquillo presidía la Junta de Gobierno del CRIM, y en su opinión, los miembros de la JSF “parecían no entender que el Fondo de Equiparación era uno de justicia para aquellos municipios que -por su ubicación geográfica y por sus condiciones sociales- no tienen el mismo potencial de desarrollo que puedan tener los municipios donde se centra toda la actividad económica del gobierno”.
Aunque la ley Promesa fue ideada en el Congreso para lidiar con la quiebra del gobierno central, los municipios fueron impactados a partir del 9 de mayo de 2019, cuando la JSF los designó como entidades cubiertas bajo el estatuto federal.
El ente de control financiero ideó un plan piloto en el que participaron los municipios de Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, Quebradillas, San Sebastián y Villalba. A cada pueblo, se le exigió confeccionar y entregar planes fiscales que incluyeran reducciones de gastos y medidas de eficiencia, mientras la JSF ofrecía asistencia técnica. No obstante, ese proyecto no tuvo efectos sustantivos.
“Exactamente, son 37 municipios que perdieron más del 40% del presupuesto con la eliminación del Fondo de Equiparación. Los municipios que más perdieron son los que tienen la tasa de pobreza más alta del país”, sostuvo el exalcalde de Comerío y ahora senador popular José “Josian” Santiago.
Afirmó que esos municipios se mantuvieron en pie por ayudas federales a causa de emergencias como los huracanes Irma y María, en 2017, así como el COVID-19, en 2020, y salvavidas del Estado que no son recurrentes.
No obstante, finalizada esa asistencia, ya hay municipios en aprietos, puntualizaron Santiago y el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. De acuerdo con datos del CRIM, Arroyo, Ciales, Florida, Guayanilla, Las Marías y Maricao confrontan problemas económicos desde el año pasado.
Al atender los asuntos municipales, la JSF, bajo la dirección ejecutiva entonces de Natalie Jaresko, concluyó que los ayuntamientos tenían una estructura financiera inadecuada, dependencia extrema del Estado y problemas sistémicos porque algunos no generaban ingresos propios suficientes.
Desde aquellos tiempos hasta hoy, ahora bajo la dirección de Robert Mujica, la JSF transformó la dinámica entre el Estado y los municipios: el financiamiento es condicionado, se promueve la consolidación de servicios y las asignaciones son por emergencias o servicios necesarios.
Entre las iniciativas que evidencian ese cambio, figura la anulación, por parte de la Junta, de la Ley 29 del 2019, que buscaba eximir a los gobiernos municipales del pago de las pensiones, conocido como el “PayGo”, y la aportación a la tarjeta de salud del gobierno central.
“El resultado de Promesa fue reestructurar la deuda y las finanzas estatales e ir en detrimento de las municipales. Aun así, no nos quitan la carga económica que tenemos del 1.03% que son del Fondo de Redención de la Deuda Estatal para pagar los bonos del gobierno central. Le seguimos dando una porción al Estado. Ese es el impacto de Promesa”, apuntó García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD), quien aboga enfáticamente por la descentralización.
Una agenda que “se ha postergado”
A juicio de Luis Roberto Rivera Cruz, quien fuera comisionado de la desaparecida Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y luego gerente del programa piloto de municipios para la JSF, esta iniciativa que se encaminó ayudó a entender mejor las particularidades de los municipios. Pero reconoció que todavía hay una agenda que “se ha postergado”.
“Ciertamente, se ha postergado una agenda de descentralización que, desde hace décadas, se está impulsando, y precisamente por eso fue que se aprobó la Ley de Municipios Autónomos y que después se reformó en el Código Municipal buscando hacer que el gobierno central transfiera ciertos poderes, ciertas funciones, ciertos servicios a los municipios entendiendo que los municipios lo pueden hacer mejor que el gobierno central”, explicó Rivera Cruz.
El alcalde de Coamo destacó, por su parte, que, en abril de 2017, meses después de su creación, la JSF aprobó el plan para la liquidación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y, con ello, los municipios perdieron al principal ente prestatario y el acceso a sus propios ahorros. El BGF fue sustituido por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), que estableció un proceso de ajuste que dejó a algunos municipios sin deuda y a otros se la redujo significativamente.
Posteriormente, en junio de 2017, mediante ley y como consecuencia de Promesa, se eliminó la OCAM.
A pesar del colapso del BGF y del establecimiento de un nuevo sistema operativo, se mantuvo la responsabilidad de los municipios de aportar a la deuda del Estado y se dispuso el pago un año adelantado de sus préstamos, que ahora deben ser con la banca privada, supervisados por la Aafaf y con aval de la JSF.
“En el caso de los municipios, seguimos pagando nuestra deuda. Es la única deuda que se sigue pagando al chavo, sin ningún descuento. No ha habido una reestructuración para los municipios. Es urgente. Ahora mismo, el Estado sigue gastando más. Pero la gran mayoría de las responsabilidades dramáticas sociales que tiene el país, ahora mismo, las asumimos nosotros”, enfatizó García Padilla.
El exalcalde de San Sebastián Javier Jiménez, quien combatió la validez de ley Promesa sobre los municipios, opinó que “hay que hacer una reestructuración total de lo que son las operaciones de los municipios”. “Nosotros, como territorio, tenemos que entender que el camino que lleva Puerto Rico nuevamente es hacia un colapso”, manifestó el ex ejecutivo municipal, electo por el Partido Nuevo Progresista pero militante hoy de Proyecto Dignidad.
Jiménez y Carrasquillo calificaron, respectivamente, como un “fracaso” e “intento fallido” la aplicación de Promesa a los municipios. Recordaron que, en 2021, la JSF creó el Fondo de Consolidación de Servicios Municipales, para promover la creación de consorcios entre municipios para abaratar costos operacionales, y aún los $66 millones que contiene permanecen intactos.
“En la teoría, sonaba bien. En la práctica, es un tanto complejo”, sostuvo Carrasquillo.
Mientras, el alcalde novoprogresista de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, dijo que, luego que la JSF eliminó, en abril de 2021, el proyecto piloto sobre los municipios optó por centrarse en el CRIM, a la que le exige un plan fiscal.
Destacó que el CRIM le da a la Junta una “visibilidad” limitada de los municipios.
“Tenemos cuáles son las deudas, estatutarias mayormente, o sea, los préstamos. Pero la posible deuda que los municipios tengan con alguna agencia no se tramita a través del CRIM. Es opción del municipio pagarla a través del CRIM o no pagarla”, afirmó Colón Berlingeri.
Los entrevistados, con excepción de Carrasquillo y Santiago, entienden que, tras la eliminación de la OCAM, hace falta establecer un ente fiscalizador de los municipios.
“Lo primero que se tiene que crear es una obligatoriedad de disciplina fiscal. Eso es lo primero. ¿Y cómo los obligan? Fácil. Tú no le puedes dar fondos a un municipio para que administre cuando ha exhibido una falta de capacidad administrativa”, sentenció Jiménez.
