Alcaldes populares y novoprogresistas denunciaron que el Departamento de la Vivienda federal (HUD, en inglés) les requiere un permiso ambiental emitido por profesionales cualificados, cuya disponibilidad escasea en la isla, lo que ha atrasado las obras bajo el programa “City Rehabilitation”, financiado con cerca de $1,300 millones del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR).

Los ejecutivos municipales temen que, si sigue pasando el tiempo, los trabajos no se completen y sea necesario devolver el dinero a HUD, una preocupación que no es nueva, pues ya habían reclamado que se enmendara la fecha límite para culminar los proyectos cobijados por el programa federal.

“Los proyectos necesitan de un permiso, requerido por el National Environmental Policy Act (NEPA). Todos los proyectos que se pagan con dinero de HUD tienen que cumplir con eso. El proceso de una NEPA puede tardar hasta ocho meses. Eso le está pasando a todos los municipios. Piden que sean arqueólogos y arquitectos certificados por HUD”, dijo el alcalde de Sabana Grande, Marcos Valentín.

“El riesgo es que, una vez pasan los meses, los costos de construcción van aumentando y, entonces, no tenga el dinero para poder hacer el proyecto. Que salgan todos a la vez va a causar un problema a los municipios pequeños y que no se puedan hacer”, abundó.

Sabana Grande tiene tres proyectos subvencionados por el programa “City Rehabilitation”: el coliseo ($3.5 millones), la remodelación de la plaza pública ($2 millones) y convertir una escuela en desuso en una de bellas artes ($1.8 millones).

Bajo esa iniciativa, el gobierno concedió a los municipios un total de $1,300 millones para obras que escogían los alcaldes. El programa se creó, en 2020, y contempla 328 proyectos en los 78 municipios, pero, hasta ahora, solo hay cuatro en construcción y 193, en diseño.

El Departamento de la Vivienda, timoneado por William Rodríguez, solicitó a HUD el año pasado -y aún aguarda por una respuesta- extender hasta septiembre de 2029 la fecha para completar las obras. La agencia federal ha establecido que deben estar listas para septiembre de 2026.

Los presidentes de la Federación y la Asociación de Alcaldes, Gabriel Hernández y Luis Javier Hernández, respectivamente, dijeron -en entrevistas separadas- que dialogaron con Rodríguez sobre el problema que confrontan los municipios con la NEPA.

“Todos los municipios están teniendo ese problema de la permisología en el tiempo proyectado. Estamos hablando que podría extenderse por un año. Le traje ese problema al secretario, que hay que mirarlo o, de lo contrario, no podemos contar con este dinero y cumplir con la fecha, que es el 2026. Nos limita para sacar las subastas porque no se pueden hacer hasta tanto no tengamos los permisos”, afirmó Hernández, quien, a su vez, es alcalde de Camuy.

El secretario de la Vivienda dijo ser consciente del problema de los alcaldes sobre la dificultad de conseguir profesionales que puedan trabajar el permiso ambiental. “Es un tema de poder identificar el personal o los recursos externos para poder completar esas evaluaciones ambientales, porque no las hacemos nosotros, sino los municipios, y no queremos hacer trabajos que incumplan con el ambiente”, dijo Rodríguez.

De inmediato, destacó que no puede pedir una dispensa a HUD para ayudar a los alcaldes porque se trata de un requerimiento federal que exige la agencia y que, incluso, no piden otras dependencias gubernamentales federales que otorgan dinero a la isla.

“HUD tiene unas particularidades. Puedes empezar a hacer los diseños, pero no la obra hasta que no tengas una aprobación de los permisos”, explicó.

“Estamos evaluando si nosotros (el Estado) podemos ayudar a los municipios con los recursos que ya tenemos contratados. Es una evaluación que estamos haciendo. Se tiene que mirar caso a caso para que no haya duplicidad de servicios”, agregó.

De antemano, el presidente de la Asociación de Alcaldes y primer ejecutivo de Villalba sugirió que los alcaldes, junto a Vivienda estatal, acudan a Washington D.C. a buscar alguna solución ante HUD. “Que miren lo que está pasando. No es que nos exima, sino que se pongan las pilas”, dijo.

Entretanto, Margarita Frontera, presidenta del Colegio de Arquitectos, dijo que están al tanto de los problemas que están confrontando los ayuntamientos.

“Hace falta un proceso de orientación a los municipios para que conozcan el proceso y quiénes (profesionales) están cualificados. El gobierno central tiene que asistir a los municipios para que sepan que tienen que cumplir con esas leyes”, afirmó Frontera.

Sostuvo que el Colegio de Arquitectos “está en la mejor disposición de orientar a los alcaldes de que existen otros profesionales, que no necesariamente son arqueólogos o arquitectos, que podrían estar cualificados para hacer el trabajo que requiere HUD”.