En tono enérgico y severo, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) rechazó la moción informativa del gobierno, presentada por el zar de Energía, Josué Colón, para oponerse a un alza en la tarifa base permanente de la factura de luz, determinación que el ente regulador deberá tomar esta semana.

En su orden en rechazo de la “presentación no autorizada y a destiempo del gobierno”, el oficial examinador Scott Hempling no solo descartó los argumentos del gobierno, sino que también los acusó de politiquear con el asunto y querer “interferir” con decisiones de una agencia administrativa independiente.

“Si bien la regulación de los servicios públicos es principalmente técnica, es inevitablemente política. Esta lamentable presentación es política de la peor clase: política por emboscada. Es una vergüenza para el gobierno, la Autoridad de Alianzas Público Privadas y el zar de la Energía. También es una vergüenza para el abogado que tuvo la mala suerte de recibir la orden de presentarlo”, lee la determinación de una página.

“Cualquier miembro de la profesión jurídica con un mínimo de experiencia en derecho administrativo sabría que presentar este documento fue impropio. La moción es rechazada. En una democracia, incluso un zar debe acatar las reglas”, agrega.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por comentarios de Colón.

De entrada, el NEPR hizo constar en su orden que la moción fue presentada tardíamente. Destacó que el recurso fue presentado en momentos en que ya no había margen para responder a los planteamientos.

“Once semanas después de la fecha límite para la presentación de los informes iniciales y seis días antes de la fecha límite para la orden final, el Negociado de Energía recibió, el 10 de abril de 2026, una ‘moción informativa de la Autoridad de Asociaciones Público-Privadas de Puerto Rico y la Oficina del Zar de la Energía’”, indica el determinación.

En su moción, Colón planteó que “el récord actual no apoya el hallazgo de que las tarifas existentes son insuficientes para cubrir costos prudentes y necesarios“.

Argumentó, además, ante el NEPR que el ajuste en la tarifa únicamente sufragaría supuestas ineficiencias operacionales de LUMA Energy, consorcio al que el gobierno intenta cancelarle el contrato de operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

El NEPR, por ley, tiene hasta este jueves para tomar una determinación sobre la tarifa base, que excluye los componentes de compra de combustible y energía, y no se ha revisado desde 2017.

La moción presentada era la posición del gobierno ante el NEPR.

En el procedimiento de revisión tarifaria que inició formalmente en julio pasado, tanto LUMA Energy como Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitaron aumentos para gastos operacionales que, en conjunto, tendrían un impacto cercano a 11 centavos por kilovatio hora (kWh). El ajuste incrementa a cerca de 13 centavos cuando se considera la petición para sufragar completamente el sistema de pensiones de la AEE, insolvente desde 2023.

Desde septiembre, el costo asociado a las pensiones ya está en las facturas de la luz mediante un aumento provisional de 1.92 centavos por kWh aprobado por el NEPR, que también incluyó otros 1.49 centavos para gastos de LUMA y Genera PR, a la espera de la resolución de la tarifa permanente.