

20 de octubre de 2025 - 6:03 PM
Aguadilla - La gobernadora Jenniffer González señaló este lunes que el requerimiento de información que hizo el pasado fin de semana la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) a la alta gerencia de LUMA Energy es un escalón más en el proceso que inició el gobierno dirigido a rescindir el contrato con el consorcio a cargo de la transmisión y distribución eléctrica.
“Ya aquí no hay marcha atrás. Nosotros estamos siguiendo los pasos que establece el contrato. ¿Cuáles son los pasos que establece el contrato? Establece una mediación. Establece nosotros en comunicaciones directas con ellos (LUMA) previo a acudir a cualquier otro foro y, como parte de ese esfuerzo, el zar de Energía (Josué Colón) ha dejado en el récord cada una de las violaciones de ley”, manifestó González durante una conferencia de prensa en Aguadilla.
El sábado, Colón, también director ejecutivo de la AAPP, envió una carta al presidente de LUMA Energy, Juan Saca, exigiéndole la entrega de una extensa lista de documentos, evaluaciones y reportes sobre su desempeño financiero y operacional. La petición se basa en datos contenidos en un estudio comisionado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la firma Ernst & Young, que fue discutido en una reunión en la oficina del organismo financiero el jueves y del cual no se ha divulgado copia.
En términos generales, Colón requirió a LUMA la entrega de información sobre las cuentas de servicios y conciliaciones presupuestarias, cuentas por cobrar y cobros, cuentas por pagar, medición y pérdidas técnicas/no técnicas, inventario, reembolsos federales y restablecimiento de liquidez, estructura de compensación ejecutiva, gastos de publicidad y relaciones públicas, aprobación y supervisión, y un plan de acción correctiva y cumplimiento.
En la misiva, el titular de la AAPP advirtió que, de incumplir con la solicitud de información, tomarían las medidas que dispone el contrato –que no precisó– por ese tipo de faltas. Concedió hasta este viernes al consorcio para que entregue los datos en medio de la controversia entre ambas partes sobre los problemas de liquidez de la empresa.
En declaraciones escritas, LUMA se limitó a confirmar el recibo de la misiva, y afirmaron que examinarían “de cerca” la petición. “Continuamos abiertos al diálogo y la colaboración con el gobierno y todas las partes interesadas en beneficio de nuestros 1.5 millones de clientes en Puerto Rico”, indicó la empresa.
La gobernadora insistió en que los problemas financieros que aduce LUMA Energy no han sido provocados por incumplimientos del gobierno con los términos del contrato de APP.
“Ellos quieren presentar que se les debe. No, no se les debe. Se les ha dado más dinero. De hecho, todo el dinero ha sido aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal durante todos estos años. No solamente bajo mi término, en los tres años fiscales anteriores: $25 millones, $45 millones, $200 millones, $400 millones, más de $800 millones del Fondo General se le han prestado para que empezaran el proceso de despeje, para que empezaran el proceso de construcción, para que puedan reclamar el recaudo de fondos federales, de reembolso, que tampoco han sido efectivos en hacerlo, muy distinto al caso de Genera”, explicó la mandataria, en referencia al operador del sistema de generación.
Acusó, además, a LUMA Energy de tratar de “chantajear” al gobierno de Puerto Rico en momentos en que el consorcio alega falta de liquidez a causa de los supuestos incumplimientos del gobierno en las transferencias presupuestarias que debe realizar periódicamente.
“Esto también es una manera de ellos, de tratar de chantajear al gobierno, de decir ‘si no me mantienes, voy a seguir tomando acciones’”, sostuvo.
“Toda la gente que paga la factura va a un pote, y ese pote aquí quien lo administra son ellos mismos. El decir que el dinero no les da es porque han tomado acciones administrativas que no redundan en el mejor beneficio del servicio. Ellos pagan más, inclusive, a otros empleados, pagan hoteles, pagan viajes, pagan comida, pagan otras cosas que ustedes han visto públicamente”, enumeró la gobernadora.
Asimismo, tildó de “irresponsable” el despido de 160 empleados de LUMA el viernes y dijo que dio instrucciones a la secretaria del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, para que identifique a los cesanteados, de manera que puedan participar en una feria de empleos.
La gobernadora hizo las expresiones tras anunciar un aumento salarial para 107 profesionales de la enfermería de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado. Destacó que el aumento de sueldo es posible gracias a $1.1 millones aprobados por la JSF.
A modo de ejemplo, González dijo que ahora el salario mensual de una enfermera generalista I subirá de $2,750 a $3,922. Además, un enfermero/anestesista cobrará mensual $7,578 en vez de $3,508. Los incrementos entran en efecto a partir de noviembre, se informó.
Mientras, el secretario de Salud, Víctor Ramos, dijo que los aumentos salariales que anunció en junio para enfermeros del Hospital Pediátrico y el Universitario se producirán antes que finalice este año.
Adujo que no se han materializado, hasta el momento, porque Salud y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos armonizan las posiciones o escalas, así como las clasificaciones por cada puesto, pero aseguró que cuentan con poco más de $5 millones para honrar el alza de manera “retrospectiva”.
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