El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, presentó dos declaraciones juradas ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el Departamento de Justicia en las que señala al exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, por alegados actos de corrupción y conflictos de interés vinculados a trámites de incentivos y decretos contributivos.

Según un comunicado de prensa, los señalamientos se dividen en cinco cargos que giran, principalmente, en torno a la relación familiar de Negrón Reichard con el licenciado Héctor Reichard de Cardona, socio principal y accionista del bufete Reichard & Escalera, así como con clientes de esa firma que, de acuerdo con Domenech, recibieron beneficios millonarios bajo la jurisdicción del DDEC.

La comunicación sostiene que las presuntas actuaciones del exsecretario habrían beneficiado con $74,111,276.62 a por lo menos cinco clientes del bufete de su abuelo.

Domenech alegó que Negrón Reichard no se inhibió de trámites relacionados con Reichard & Escalera, sus clientes, ni con asuntos que, a juicio del secretario de la Gobernación, podían crear dudas sobre su imparcialidad como jefe del DDEC.

La movida de Domenech ocurre en medio de una controversia pública que escaló esta semana, luego de que Negrón Reichard acudiera al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) para solicitar que se investigara al secretario de la Gobernación por alegadas intervenciones indebidas en asuntos administrativos del DDEC, incluyendo un proceso de contratación pública y una investigación interna de la agencia.

El primer señalamiento está relacionado con el licenciado Reichard de Cardona y el bufete Reichard & Escalera.

Según Domenech, Negrón Reichard fue instruido a inhibirse de cualquier trámite ante el DDEC relacionado con su abuelo o con clientes de la firma, debido a que el bufete atendía asuntos vinculados a sectores bajo la jurisdicción del departamento, como manufactura, farmacéutica, dispositivos médicos, exportación de servicios, turismo y entretenimiento.

No obstante, el secretario de la Gobernación alegó que Negrón Reichard se negó en más de una ocasión a inhibirse o a solicitar una opinión de Ética Gubernamental, y que intervino directamente en asuntos relacionados con clientes de su abuelo.

Domenech sostuvo que esa conducta podría representar violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal.

El segundo señalamiento involucra a María Beatriz Gorostiaga Zubizarreta, esposa de Negrón Reichard y dueña de Grupo Imperial LLC. De acuerdo con el comunicado, la empresa fue registrada en el Departamento de Estado el 22 de febrero de 2026 y, siete días después, solicitó al DDEC un decreto de exención contributiva.

“Esto ocurrió sin el exsecretario Negrón Reichard haber solicitado inhibirse”, escribió Domenech.

De acuerdo con el secretario de la Gobernación, el exfuncionario presuntamente solicitó la inhibición ante Ética aproximadamente un mes después de presentada la solicitud de decreto.

La respuesta de la OEG, plantea el comunicado, fue recibida el 1 de mayo de 2026 y estableció que la inhibición no se retrotraería a hechos ocurridos antes de la presentación del documento ante la agencia.

El tercer señalamiento está relacionado con el nombramiento del licenciado Ernesto J. Zayas García como director de la Oficina de Incentivos del DDEC.

Domenech sostuvo que Zayas García fue designado por Negrón Reichard el 17 de marzo de 2025, tres días después de haber laborado como socio en Reichard & Escalera, donde asesoraba a corporaciones en asuntos de decretos ante la Oficina de Incentivos.

El secretario de la Gobernación sostuvo que Zayas García supuestamente facilitó trámites dentro del DDEC a clientes de Reichard & Escalera durante casi tres meses antes de solicitar una inhibición relacionada con clientes de su antiguo bufete.

Domenech también alegó que el nombramiento ocurrió sin el consentimiento o conocimiento previo de la gobernadora Jenniffer González Colón.

El cuarto señalamiento apunta a una alegada omisión de inhibición respecto a Eduardo J. Negrón, padre del exsecretario del DDEC.

Según Domenech, Eduardo Negrón se desempeñó hasta abril de 2026 como vicepresidente ejecutivo y principal oficial de administración de Banco Popular de Puerto Rico.

Sostuvo que, debido a que clientes comerciales del banco podían depender de trámites, decretos o incentivos sujetos a la discreción del DDEC, Negrón Reichard debió presentar algún mecanismo de inhibición relacionado con Banco Popular, sus subsidiarias o afiliadas.

Nuevamente, el secretario de la Gobernación alegó que esa inhibición no fue presentada.

El quinto señalamiento está vinculado a presuntas gestiones relacionadas con clientes de Reichard & Escalera y con la Autoridad de Terrenos.

Domenech manifestó que, luego de la renuncia de Negrón Reichard, se le informó que el exsecretario supuestamente había desplegado un patrón de presión sobre directores ejecutivos de entidades bajo su jurisdicción para conceder beneficios a clientes del bufete de su abuelo.

El comunicado menciona el caso de Coopervision. De acuerdo con Domenech, el entonces director de la Autoridad de Terrenos, Robert Segarra, había expresado reparos sobre una finca que el gobierno le ofrecería a la empresa, al entender que el negocio no era favorable para Puerto Rico.

Domenech alegó que, cuando Segarra presentó sus reparos, Negrón Reichard se habría tornado “hostil” y luego insistió ante la gobernadora y el secretario de la Gobernación para que Segarra fuera removido de su cargo.

Según el funcionario, Segarra no fue informado de que Coopervision era cliente de Reichard & Escalera y renunció el 15 de mayo de 2026.

De acuerdo con el comunicado, las sospechas de Domenech comenzaron cuando advino en conocimiento de la supuesta insistencia de Negrón Reichard para remover a Segarra de la Autoridad de Terrenos porque este no había favorecido a un cliente del bufete de su abuelo.

A raíz de ello, el secretario de la Gobernación indicó que solicitó a Ética Gubernamental una certificación de las inhibiciones de los jefes de agencia.

Según Domenech, el documento, recibido el 8 de mayo de 2026, lo llevó a identificar presuntas ausencias de inhibición relacionadas con Reichard & Escalera, sus clientes y Banco Popular.

Como parte del proceso, el secretario de la Gobernación añadió que también revisó una inhibición de Zayas García.

Al comparar esa información con la lista de clientes del bufete, Domenech sostuvo que constató que cinco de ellos recibieron incentivos que suman $74,111,276.

Posteriormente, por presunta instrucción de la gobernadora, Domenech solicitó al DDEC una lista de todos los decretos e incentivos otorgados desde el 2 de enero de 2025 hasta finales de mayo de 2026.

También vinculó las sospechas con otros movimientos internos en la agencia, incluida la salida de Carlos Ríos Pierluisi como subsecretario, las diferencias con Norberto Almodóvar en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el conflicto con Segarra en la Autoridad de Terrenos.