La administración de Jenniffer González irá “hasta las últimas” por defender la legislación que presentó para aumentar a $1,000 la pensión mínima de los jubilados del gobierno, aseguró este martes el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, quien señaló, sin embargo, que hay “voluntad” para examinar alternativas.

“El proyecto (de ley) de buscar ayudar a los retirados es parte del programa de gobierno y, si la gente nos va a juzgar por qué hicimos cuando tuvimos la oportunidad, pues, que esa sea la decisión. Vamos a ir hasta las últimas”, dijo, durante la conferencia de prensa bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza.

Peña Payano arremetió contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, mediante carta, catalogó el Proyecto de la Cámara 1399 como una “irresponsabilidad fiscal”, al advertir que no cuenta con fondos asignados en el presupuesto y viola la prohibición del plan de ajuste de alterar los beneficios de retiro hasta 2032. Según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, de aprobarse la medida, conllevaría un desembolso, por año fiscal, de aproximadamente $232.6 millones.

“Hay gente que ve con buenos ojos y defiende a la Junta de Supervisión Fiscal. Ganando $500,000 en salarios, rara vez divulgan cuánto ganan ellos, y lo mismo pasa con (el consorcio energético) LUMA. Aquí, la gente tiene que asumir posturas de dónde, como dicen en mi barrio, dónde están parados con la gente pobre, dónde están parados con esos retirados”, sostuvo Peña Payano.

Aun así, indicó que el gobierno está dispuesto a buscar alternativas.

“La propia carta recoge, en uno de los párrafos, que están dispuestos en la Junta, según alegan, a sentarse a buscar alternativas, y nosotros lo vamos a hacer”, dijo.

Previamente, en un comunicado, la gobernadora, quien se encuentra en un viaje oficial, dejó claro que insistirá en su proyecto de ley, para el que busca mecanismos de financiamiento.

“Entre las opciones que estamos evaluando, se encuentran los ahorros logrados mediante la reducción de gastos en contratos de servicios profesionales. Nuestro compromiso es claro: defender a nuestros pensionados, hacerles justicia ante el trato injusto que recibieron durante estos 10 años y procurar una solución fiscalmente responsable, jurídicamente sostenible y digna para quienes dedicaron su vida al servicio de nuestro pueblo”, sostuvo la mandataria.

Por su lado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó, durante el programa de noticias Lo de Hoy, de El Nuevo Día, que la JSF objete la medida por falta de fondos mientras el gobierno de Puerto Rico paga sus gastos operacionales, incluidos salarios de directivos, abogados, contadores y otros contratistas.

“El director ejecutivo de la Junta, no el de ahora, desde siempre, gana cientos de miles de dólares. Gana más que el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos juntos. El sueldo de ese director ejecutivo, los contratistas, abogados, contadores, etcétera, ellos facturan millones. Llevan diez años”, expresó.

De otra parte, Peña Payano también defendió la Resolución Conjunta del Senado 202, que ordena la repartición de $2,469,658.20 a ocho municipios para financiar sus operaciones y servicios esenciales. La JSF, mediante otra carta, pidió a la gobernadora no poner en vigor la resolución, firmada por ella hace 10 días. El ente adujo que la ahora ley viola la ley Promesa.

“(La Junta), a nuestro juicio, ha hecho una intervención indebida a un montón de temas, que incluso Promesa no incluye. Han paralizado leyes. Nosotros vamos analizar cada una de esas misivas y el equipo fiscal, de seguro, hará sus acercamientos. Los municipios hay que protegerlos. La gobernadora es promunicipios”, sostuvo.