Semanas después de convertir en ley un controvertido proyecto que limitó las garantías de acceso a información pública, la administración de Jenniffer González anunció este jueves el lanzamiento de una plataforma centralizada donde la ciudadanía podrá tramitar y dar seguimiento a peticiones a agencias del gobierno central bajo la denominada Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

La plataforma ya se encuentra disponible a través de las direcciones pr.gov y transparencia.pr.gov, aunque la coordinadora de eficiencia gubernamental, Verónica Ferraiuoli, y el oficial de Soluciones y Desarrollo del Servicio de Innovación y Tecnología (PRITS, en inglés), Víctor Firpo, indicaron que los oficiales de información y personal de informática de las agencias aún están recibiendo adiestramientos en su manejo.

Ferraiuoli, quien tiene la encomienda general de minimizar la burocracia gubernamental, señaló, en la conferencia bisemanal de “En Récord” que organiza La Fortaleza, que el portal servirá para reducir el uso de papel y limitar los trámites manuales ante las dependencias públicas. Por ahora, la plataforma centraliza únicamente las solicitudes a la rama ejecutiva, si bien la ley que regula el acceso a información pública aplica también a municipios y las ramas legislativa y judicial.

Según Ferraiuoli, “comenzando de inmediato, el portal de transparencia pública será el punto oficial para que cualquier ciudadano pueda someter solicitudes de información pública, dar seguimiento al estatus de su solicitud y recibir respuesta a sus solicitudes. Este sistema estandariza, digitaliza y hace trazable todo el proceso, sustituyendo prácticas manuales fragmentadas”.

El pasado 14 de diciembre, la gobernadora firmó el Proyecto del Senado 63, de la autoría del líder de la Cámara alta, Thomas Rivera Schatz, que alargó de 10 a 20 días laborables el término que, por lo regular, tienen las dependencias públicas para responder a peticiones de información. Con las enmiendas a la Ley 141-2019, las entidades gubernamentales pueden pedir prórrogas que duplican un período de respuesta que, al considerar feriados y fines de semana, se acerca en la práctica a los dos meses.

El proyecto no fue solicitado ni recibió el aval de organizaciones de periodistas o de base comunitaria, que desde un inicio repudiaron los mecanismos que dilatan el acceso a la información pública.

En la rueda de prensa, Ferraiuoli no pudo precisar si, al presente, todas las dependencias públicas cuentan con los tres oficiales de información que la Ley 141 exige, en referencia a los funcionarios encargados de tramitar las peticiones. A finales de 2022, el Centro de Periodismo Investigativo publicó un informe que reveló que el 12% de las agencias no habían designado a sus tres oficiales, al igual que 19 de los 78 municipios.

“Se supone que, desde 2019, todas las agencias tengan el número de oficiales de información requeridos. Cuando empezamos con el programa de eficiencia, fue una de las cosas que solicitamos que estuviera al día. De todas maneras, solicitud que se radique a través de este portal va a llegar a las personas de la agencia encargadas de contestar la solicitud”, dijo Ferraiuoli, al indicar que unos 390 oficiales de información y 215 profesionales de informática se encuentran participando de un programa de adiestramiento.

La también directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones aclaró que los ciudadanos podrán continuar recurriendo directamente a los oficiales de información o llenando las solicitudes de forma manual.

En el portal centralizado, al acceder al formulario de solicitud, el usuario debe ingresar campos que incluyen su nombre, dirección física y de correo electrónico, teléfono y método de entrega. Además de escoger la dependencia a la que va dirigida la solicitud, también se le pide indicar si representa a alguna organización y, a pesar de tratarse de información pública, explicar el “propósito de la solicitud”.

Firpo, de PRITS, detalló que, una vez tramitada la petición, el usuario recibirá un código por correo electrónico que servirá como “número único” para poder monitorear el estatus de la solicitud. “Es similar a cuando mandamos pedir un paquete por correo”, dijo.

“Como jefe de una dependencia de gobierno, puedo decir que muchas de las veces que no se contestan las solicitudes de información no es porque no se quieran contestar. Simplemente, se pierden en el proceso, se puede entender que es solicitud de entrevista, que entonces se pone en agenda, y hay veces que llegan las demandas en los tribunales cuando uno no quiso rehusarse a contestar. Esto ahora va a estandarizar todo eso”, afirmó, en tanto, Ferraiuoli.