El representante Héctor Ferrer Santiago advirtió este jueves a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que la reciente enmienda al contrato de asesoría legal de la exfiscal Janet Parra con la Oficina del Contralor no elimina la falta ética que, a su juicio, se cometió al otorgarlo, por lo que solicitó que no se utilice como base para archivar el caso.

“La violación a la ley y la falta administrativa ya se consumaron con la firma y otorgamiento del contrato original”, estableció el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, en una misiva dirigida este jueves al director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas.

Luego que el legislador presentó una querella por alegadas violaciones a la Ley Orgánica de la OEG, el contrato de consultoría legal fue enmendado el viernes pasado para eliminar toda referencia al Departamento de Justicia, que Parra dirigió como secretaria designada el pasado año.

El contrato original suscrito por la licenciada Parra Mercado y la contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, el 12 de febrero, enumeraba, entre las tareas de la contratista, “servir de enlace y apoyo con el Departamento de Justicia para facilitar los documentos o gestiones necesarias para culminar una investigación”.

Otra de las funciones, en el contrato original, leía: “Asesorar en todo asunto relacionado con la investigación y preparación de expedientes de investigaciones a ser remitidos al Departamento de Justicia”. En la enmienda del 6 de marzo y en la nueva propuesta de servicios de Parra Marcado, anejada al documento, esta disposición se mantiene, pero elimina la referencia a la agencia.

La querella del legislador ante la OEG alega una violación al Artículo 4.6(b) de la Ley 1-2012, que dispone que un exfuncionario “no puede, durante los dos (2) años siguientes a la fecha de terminación de su empleo gubernamental, ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, ante la agencia para la que laboró”.

“Esta enmienda, promovida a propósito y con conocimiento de haber violado la ley, y cuya propuesta fue sometida el día después de que se hiciera público el referido de la licenciada Parra Mercado a la OEG, no puede servir como justificación para suspender o archivar la investigación liderada por su oficina, y que se perpetúe la impunidad por parte de una exsecretaria de Justicia que conoce muy bien nuestro ordenamiento jurídico”, expuso Ferrer Santiago en su carta.

Según el Registro de Contratos de la Contraloría, aparte del mencionado acuerdo por $50,000 hasta el 30 de junio, la exfiscal tiene otros dos contratos con el gobierno: uno por $125,000 con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y otro por $55,000 con el Departamento de Corrección y Rehabilitación.