Cabo Rojo - Tras asegurar que Puerto Rico cuenta con abastos suficientes de combustible, la gobernadora Jenniffer González indicó este jueves que descansa en la dispensa temporal de 60 días que aprobó el presidente Donald Trump para las normas federales de cabotaje con miras a reducir los costos del transporte de petróleo, el gas natural y otros productos mientras perdure la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Puerto Rico tiene abastos suficientes, y se están recibiendo barcazas constantemente, así que no hemos tenido ningún problema en términos de recibo o manejo de los mismos. Sobre los precios, han ido variando. Ahora, es importante señalar que, en el día de ayer (miércoles), el presidente Trump hizo una extensión por 60 días de las leyes de cabotaje marítimo para la entrada y salida de buques que tengan que ver con cualquier tipo de acarreo de combustible”, manifestó la mandataria en una conferencia de prensa en la que anunció varias iniciativas gubernamentales.

“Esto ayuda a la nación y, por ende, nos ayuda también a nosotros para que se pueda manejar cualquier tipo de fluctuación que pudiera ocurrir, que hasta el momento, obviamente, no se ha recrudecido en el caso de Puerto Rico”, agregó.

Precisó que hace escasamente dos semanas se reunió con “suplidores de todo tipo de combustibles en Puerto Rico” con el fin de discutir qué medidas “podía tomar para garantizar el flujo efectivo de todos estos combustibles”.

Destacó que el combustible que se recibe en Puerto Rico no proviene del estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, sino de Colombia, México, África y Estados Unidos.

Tras el ataque de Estados Unidos a Irán, ese país ha bloqueado el paso por ese estrecho, por el cual transita el 20% del petróleo del mundo. El precio del petróleo ha aumentado en la isla, y su costo ya supera el $1 por litro.

A la gobernadora, se le preguntó si, a raíz del alza en el precio del combustible como consecuencia de la guerra contra Irán, tomará alguna medida a nivel local, como dejar sin efecto la llamada crudita o el impuesto al inventario, según han recomendado miembros de la oposición política.

Optó por recordar que su programa de gobierno incluye la congelación del impuesto al inventario por cinco años y, mientras tanto, buscarle un sustituto.

El año pasado, la Legislatura, tanto Senado como la Cámara de Representantes, aprobaron una medida que eliminaba ese gravamen sin identificar sustituto, y la gobernadora la vetó.

La mandataria reveló que mantiene conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), cuyo contenido no precisó, respecto a la llamada crudita. Pero, de inmediato, aclaró que ese impuesto sobre el combustible está “atado” a la quiebra de Puerto Rico, que ya fue negociada con los deudores.

También con la JSF, dijo González, su administración continúa el análisis sobre el propuesto cheque de alivio contributivo. Aseguró que ese diálogo se encuentra en etapa avanzada, y se centra ahora en el lenguaje de la medida.

“Ya estamos hablando del lenguaje per se, así que me siento bien positiva de que vamos a lograrlo”, sostuvo la primera ejecutiva. No quiso precisar de cuánto podría ser el alivio contributivo finalmente.

Abordada por este medio, la portavoz de prensa de la JSF, Sylvette Santiago, se limitó a decir que “continúan las conversaciones” sobre el alivio contributivo. “Está bastante adelantado”, apuntó.

La gobernadora hizo las expresiones culminado un anuncio de varios proyectos encaminados en Cabo Rojo, cuyo alcalde novoprogresista, Jorge Morales Wiscovitch, aprovechó para elogiar la labor de la administración gubernamental.

Durante el evento, González anticipó que cederá al Municipio de Cabo Rojo la administración total de las cabañas ubicadas en Boquerón, que hoy están bajo la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Actualmente, el ayuntamiento tiene a su cargo las áreas públicas, como el estacionamiento, la rampa de botes y algunas cabañas del complejo recreativo, que se considera el de mayor demanda entre turistas locales.

En la actividad, y mediante una inversión de $49.7 millones en fondos federales, la gobernadora también anunció la ampliación y transformación de la carretera PR-100, un proyecto que, dijo, le había solicitado el alcalde de Cabo Rojo.

González detalló que no solo se añadirán más carriles, sino que se colocarán nuevos drenajes, muros de contención, aceras y dos carriles para ciclistas. Los trabajos ya comenzaron y deben finalizar el 24 de febrero de 2029, informó.

Además, la gobernadora aprovechó la actividad para anunciar la asignación de $30 millones para ampliar las subvenciones que provee el gobierno para servicios como cuido prolongado a personas discapacitadas o adultos mayores.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, precisó, por su parte, que alrededor de 6,700 personas reciben subvenciones en la actualidad y, con la inyección de más fondos, podrían beneficiarse otras 10,000.

“Este es un dinero que va a la dignidad de nuestros adultos mayores, donde pueden estar en un entorno seguro y recibir más de una comida al día”, afirmó la secretaria de la Familia.