Pese a la oposición de grupos que defienden los derechos civiles, así como organizaciones periodísticas y comunitarias, la gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado 63, que enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), para, entre otras cosas, ampliar los términos y estableces nuevas exigencias para acceder a información pública.

El gobierno de González justificó la aprobación de la medida, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz, al señalar que existía “confusión” respecto al ordenamiento jurídico vigente.

“Aunque el propósito de la Ley 141-2019 era asegurar y facilitar a todos los ciudadanos el derecho a examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos que se recopilan en la gestión de gobierno y que constan en las agencias del Estado, algunas de sus disposiciones han generado confusión en la comunidad legal, la ciudadanía, entre los miembros de la prensa, y en las entidades gubernamentales que vienen obligadas a cumplir con lo dispuesto en esta Ley. Esto ha desembocado en una cantidad considerable de pleitos que pudieran ser innecesarios si el gobierno tiene normas más claras para poder ejecutar su mandato”, lee el comunicado divulgado este domingo por La Fortaleza.

La nueva Ley 156-2025 impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales. Con las enmiendas, se establece un término de 20 días laborables para la entrega de información, en lugar de los 10 días que establecía el estatuto.

Este término aplica a aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o “que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”.

Mientras, aumenta a 30 días laborables el plazo para producir la información que sobrepase las 300 páginas o los tres años de antigüedad y mantiene el lenguaje que deja abierta la puerta para solicitar una extensión de 20 días para cumplir con la petición de información.

Organizaciones como la Asociación de Periodistas, el Overseas Press Club, el Centro de Periodismo Investigativo, el Colegio de Abogados y Abogadas, así como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico habían expresado su oposición a la medida.