La gobernadora Jenniffer González convirtió en ley el Proyecto del Senado 6, que había sido catalogado como una “afrenta” por diversas organizaciones profesionales, que advierten que la iniciativa que facilita la admisión a la práctica en la isla a médicos, arquitectos, ingenieros, agentes de bienes raíces, entre otros, de las demás jurisdicciones estadounidenses podría poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores.

El comunicado que emitió La Fortaleza para anunciar la firma de la ahora Ley 102-2025 hace constar la intención de González de enmendar la legislación, acción que también anticipó este domingo el asesor legislativo de la gobernadora, Jean Peña Payano, quien, sin embargo, no detalló en qué dirección irían los cambios.

“Los cambios que haya que hacer, aseguro que la gobernadora Jenniffer González y el equipo del liderato legislativo, tanto en Cámara como en Senado, van a así hacerlos”, indicó el abogado durante el resumen semanal que hace la administración desde la Mansión Ejecutiva.

En la comunicación escrita, la gobernadora dijo que algunas de las enmiendas irían dirigidas a establecer el requisito de residencia, así como programas de orientación y divulgación para empleadores y profesionales, “desarrollo reglamentario claro para cada junta examinadora”, establecer como prioridad áreas críticas como la salud y fijar “requisitos claros de cumplimiento de educación continua sobre las leyes y reglamentaciones de Puerto Rico”.

Asimismo, buscaría el desarrollo de un sistema de métricas para monitorear el impacto de la ley (como retención, migración inversa) y formar pactos interestatales con estados receptores de la diáspora, entre otras posibilidades.

La Ley 102, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, crea la “Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales en Puerto Rico”, con el propósito de facilitar la movilidad laboral, el desarrollo económico y la disponibilidad de servicios ocupacionales y profesionales en la isla.

Las licencias ocupacionales y licencias profesionales son permisos otorgados por el gobierno para regular las condiciones bajo las cuales una persona puede trabajar en un campo determinado.

Durante la discusión de la medida en la Asamblea Legislativa, las organizaciones que agrupan a profesionales impactados denunciaron que el proyecto abriría las puertas a profesionales de otras jurisdicciones con licencias autorizadas en poco tiempo, lo que consideran “una afrenta” a su capacidad de laborar en el país.

Peña Payano insistió en que la medida es un paso necesario para cumplir, por ejemplo, con la reconstrucción de Puerto Rico, según estipulado en el programa de gobierno. “Este tipo de licencias, que incluye una gran variedad, va a permitirnos... traer personas cualificadas para convertirse en esa mano de obra, en Puerto Rico, que sabemos que ha estado detenida por mucho tiempo”, expuso el asesor, al resaltar que la legislación fue aprobada con votos de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). Proyecto Dignidad también refrendó el proyecto en ambas cámaras, al igual que el senador independiente Eliezer Molina.

“Consideramos que es muy posible que, en esta sesión legislativa, a pesar de estampar la firma, puedan hacerse ajustes conforme a las necesidades de los diferentes organismos y organizaciones que se expresaron con unas quejas muy legítimas, pero el contexto histórico de Puerto Rico requería impartir esta firma”, subrayó.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores, así como el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros, la Puerto Rico Association of Realtors, el Colegio de Peritos Electricistas, entre otras organizaciones, también han planteado que la legislación resulta innecesaria porque el gobierno ya cuenta con juntas que evalúan las solicitudes de profesionales del extranjero y quieren trabajar en la isla.

Agregaron, asimismo, que el proceso de convalidación de credenciales vigente hasta la firma del estatuto era más riguroso y realizado por profesionales voluntarios, y cuyo trámite no dura más de un mes, en la mayoría de las ocasiones.

La Fortaleza, no obstante, sostiene que las políticas regulatorias para la concesión de licencias pueden ser poco uniformes, lo que afecta el acceso a los puestos de trabajo, los salarios y la movilidad a través de las fronteras estatales. Además, alega, impactan el acceso de los consumidores a bienes y servicios esenciales, factores que, a su vez, inciden en la agilidad y el crecimiento de la economía local en general.

En Estados Unidos, agregó la gobernadora en el comunicado, al menos 20 estados tienen leyes similares.