Aumentar anualmente en un 5% las asignaciones de Medicaid, con un pareo federal permanente de 83% por el costo de los servicios del programa, serán los principales reclamos del gobierno de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos, anunció este martes la gobernadora Jenniffer González.

González calculó que la propuesta permitiría elevar inicialmente las asignaciones que recibe Puerto Rico de los $4,200 millones anuales previstos para el año fiscal federal 2027, a $4,415 millones en 2028. Cada año, esa asignación debería aumentar en un 5%.

“(Iremos con) una sola voz, con un mismo mensaje”, dijo González, durante el evento “Puerto Rico Health Policy Conference 2026”.

La actividad contó con la participación de distintos miembros del mundo salubrista, y la mandataria comenzó su mensaje estableciendo que el financiamiento del programa Medicaid en Puerto Rico, que financia el plan de salud del gobierno bajo el nombre de Plan Vital, tiene un “problema estructural”.

“El financiamiento del Medicaid -y este es el problema estructural si me preguntas, este es el tema más importante de la discusión- que todos los estados reciben financiamiento de Medicaid abierto... ilimitado. Reciben presupuesto de salud sin límites. (Eso no es así) para Puerto Rico”, dijo la gobernadora, durante la conferencia, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, en Miramar.

González destacó que, aunque la aportación federal por el costo de los servicios de Medicaid (FMAP, por sus siglas en inglés) puede alcanzar en Estados Unidos hasta el 83%, dependiendo del ingreso per cápita de cada estado, en “Puerto Rico, el territorio con la mayor tasa de pobreza y la mayor dependencia de Medicaid, tiene solo 55%” por ley permanente.

Una ley aprobada por el Congreso, en diciembre de 2022, asignó cerca de $19,000 millones a Puerto Rico en fondos de Medicaid y elevó de forma temporal el FMAP de 55% a 76%.

Pero, sin un nuevo estatuto, las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico –que financian en cuatro quintas partes el plan de salud del gobierno puertorriqueño, que tiene por nombre Vital y beneficia a cerca de 1.3 millones de personas– caerían, el 1 de octubre de 2027, de $4,200 millones anuales a cerca de los $500 millones anuales que proveería la ley permanente. El FMAP también volvería al 55%.

“Los estados pueden cumplir con su financiamiento mientras tengan beneficiarios elegibles. En el caso de Puerto Rico, es completamente diferente”, explicó la gobernadora, quien no estuvo disponible para preguntas de la prensa.

Reconoció que el Congreso de los Estados Unidos otorgó a la isla más dinero para Medicaid a raíz de los huracanes Irma y María y tras la emergencia que provocó la pandemia del COVID-19. Pero las aportaciones han estado sujetas al cabildeo.

“Requerimos números específicos y razonables basados en los datos... Usamos los mismos números incluidos en el plan fiscal”, dijo.

Cuando el Congreso legisló la más reciente asignación de fondos de Medicaid para Puerto Rico y elevó temporalmente a 76% el FMAP, aprobó de forma permanente un FMAP de 83% para los demás territorios.

“¿Por qué la fórmula que se aplica a Puerto Rico es menor que la de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos? Deberíamos tener la misma fórmula basada en el ingreso y niveles de pobreza de Puerto Rico... No estamos pidiendo más de lo que la fórmula producirá, y estamos pidiendo la misma calculación disponible bajo esa fórmula”, agregó.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, dijo que una reducción en la aportación federal “afectaría todo el presupuesto de Puerto Rico”.

Por eso, se creó mediante orden ejecutiva (OE-2026-006) un grupo multisectorial que trabaja en estrategias para abogar, desde ya, en el Congreso por que se mantenga el mismo pareo federal.

El peor escenario para la isla es que el gobierno federal fije esa aportación en un 55%, lo que establece la Ley de Seguro Social como asignación al programa de Medicaid.

Al final de su alocución, la gobernadora firmó un acuerdo de entendimiento con los miembros del comité multisectorial para ir al Congreso -y ”como una voz- pedir lo que es necesario para el sistema de salud de la isla".

En la firma de ese acuerdo, no estuvo el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera. Sin embargo, el funcionario federal dijo a la prensa que las vías de comunicación con la gobernadora funcionan “sin ningún problema hasta el momento”.

“Yo anticipo que se daría la misma cantidad (en fondos Medicaid). Se podría lograr un ajuste a la inflación o se podría aumentar la cantidad. No anticipo una reducción ni vamos a ceder para que se acepte una reducción. No debe haber un precipicio (fiscal)”, sostuvo Hernández Rivera.

“Lo que la gobernadora proponga y se incluya en el informe final será lo que también yo llevaré como parte del ejercicio de una sola voz”, sostuvo Hernández Rivera.

La gobernadora dijo que los 1.3 millones de beneficiarios del Plan Vital representan un 47% de la población en Puerto Rico. Entre un 60% a un 70% de la población tiene, al menos, una condición crítica. Además, dijo que un estudio, cuya génesis o quién lo hizo no precisó, señala que en 2023 un 33% de los puertorriqueños que emigran a Estados Unidos lo hacen buscando mejores servicios de salud.

Agregó que esos servicios de salud le cuestan al gobierno de Estados Unidos $165 millones anuales, mientras que en la isla saldrían en $44 millones.

Ese costo elevado en Estados Unidos será uno de los argumentos que use el gobierno de Puerto Rico y el comité multisectorial para abogar en el Congreso por más fondos de Medicaid, reveló Hernández Rivera.

Previamente, el comisionado residente en Washington había anticipado que trabajaba en legislación que permita regular el debate en torno al próximo financiamiento del programa Medicaid en Puerto Rico con el congresista Darren Soto (Florida).

Hernández Rivera dijo que el gobierno recopila estadísticas que sustenten los reclamos de Puerto Rico ante el Congreso. “Le corresponde a ASES (Administración de Seguros de Salud) y al Departamento de Salud recopilar esa información y tenerla disponible, y si es satisfactorio, yo entiendo que aumentaría las probabiliades de que se logre algo postivo... Debe hacerlo lo antes posible”, dijo, aunque reconoció que no ha tenido acceso a esa información.

El secretario de Salud, por su parte, recalcó que “el trabajo se está haciendo” para evitar el precipicio fiscal. No quiso divulgar el contenido del informe que se tiene hasta el momento hasta tanto no sea final.