En momentos en que hay ante el Departamento de Justicia, al menos, tres pesquisas o referidos en curso sobre funcionarios o exfuncionarios del gobierno, la gobernadora Jenniffer González descartó este lunes que la situación afecte o empañe su gestión gubernamental, al destacar que se trata de alegaciones que tienen su origen en el pasado cuatrienio.

“Las alegaciones o las cosas que se imputan preceden el yo haber llegado a la gobernación. En el caso de los marbetes, es un asunto del 2024, pasado cuatrienio. Yo no era gobernadora de Puerto Rico. En el caso de lo que se alega en el Departamento de Salud, el oficial a cargo de firmar esos contratos era el secretario de Salud de la pasada administración, Carlos Mellado, así que recae sobre su responsabilidad”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa.

Se refirió a las supuestas ilegalidades en un centro de inspección que fue propiedad de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, y que provocaron su salida del puesto. La exfuncionaria es investigada por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Igualmente, la mandataria aludió a las indagaciones que realiza Justicia para determinar si reabre una pesquisa contra la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por gestiones que realizó cuando dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

González agregó que el caso más reciente, en el que se alega conducta indebida de la jefatura de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) por supuestamente intervenir y multar a la empresa Allied Fleet Services y AAA Car Rental, también involucra a “figuras del pasado cuatrienio”.

El representante popular Domingo Torres García anunció este lunes que presentó un referido al Departamento de Justicia solicitando que investigue a la excomisionada de la OCIF Natalia Zequeira y a la actual comisionada, Mónica Rodríguez Villa, por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder contra la referida compañía.

“Estos tres casos... son de figuras del pasado cuatrienio, y que ahora yo, como gobernadora, tengo una responsabilidad, obviamente, de no permitir que queden en el aire y que se lleven a investigación, ya sea a través del Departamento de Justicia o, en el caso de Instituciones Financieras, dentro de la agencia”, sostuvo la primera ejecutiva, durante una rueda de prensa en la que anunció la apertura de la empresa manufacturera Onovexa, en Humacao.

Sobre el caso de Roig Fuertes, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, y la portavoz alterna Marially González se reunieron este lunes con la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, quien dijo examinaría nueva información para decidir si requiere que se abra la pesquisa contra la funcionaria, archivada en octubre pasado.

“Como parte de ese proceso, el Departamento de Justicia tiene que entrevistar a las personas que han traído nueva información. Me parece que, en el día de hoy (lunes), se reunieron, y así fue, así que la secretaria de Justicia ha informado en el día de hoy que cualquier información nueva ellos la van a verificar. Obviamente, ahora van a revisar todos los documentos traídos para determinar si, en efecto, hay que reabrir una investigación o si se mantiene cerrada”, expresó la mandataria.

Cuestionada sobre los funcionarios que aún permanecen en su administración y sobre los cuales hay señalamientos, como Roig Fuertes, González insistió en que no fue ella quien firmó el controversial contrato por $60,000 a un hogar para el cuidado de un participante, sino Mellado, quien la semana pasada acudió ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para presentar información sobre ese caso, al igual que otras contrataciones en Salud bajo este gobierno.

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El periodista Efraín Montalbán Ríos colaboró en esta historia.