Al destacar que Puerto Rico, como jurisdicción, ha bajado los casos de fraude a Medicaid, la gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente Pablo José Hernández aseguraron este viernes que demostrarán con “estos mismos datos” la necesidad de extender los fondos del programa que cubre a 1.3 millones de personas en la isla, al revelar el informe preliminar que presentarán, en frente común, ante el Congreso.

“La mayoría de los congresistas piensan que tenemos el mismo sistema de salud que el resto de los estados. Uno tiene que empezar diciendo que no tenemos las mismas asignaciones de salud. Va haber un nuevo Congreso, en enero, y esa educación tenemos que seguir reforzándola”, dijo González, tras concluir una reunión con líderes del sector de la salud, en La Fortaleza.

Reconociendo que, en el pasado, uno de los principales escollos era que se manejaban datos distintos de Medicaid entre agencias, la mandataria presentó el informe, que incluye cuatro peticiones a los congresistas: eliminar el límite de la asignación para Puerto Rico, utilizar la misma fórmula que en los estados para el porcentaje de fondos federales, eliminar la exclusión de programas que aumentan la cobertura de salud y extender el servicio de cuido a largo plazo (“Long Term Services and Support”) evidenciando los retos del envejecimiento acelerado en la jurisdicción.

“El peor de los casos que estamos visualizando es que el Congreso lo extienda a lo que hay hoy. Eso no le cuesta un centavo más. Lo ideal, y por lo cual estamos trabajando, es lo que está contenido en esas cuatro metas. Vamos a llevar estos mismos datos y vamos a hacer los mismos reclamos hasta aumentar nuestra efectividad”, expresó, por su parte, Hernández.

De no atenderse el abismo fiscal que se avecina, en octubre de 2027, se perderían cerca de $3,700 millones anuales en los fondos de Medicaid –que financia cuatro quintas partes el Plan Vital–, lo que podría provocar que entre 700,000 y 1 millón de personas queden sin cobertura médica.

“En el pasado, (el desafío) era el tema de la ‘data’, porque el gobierno iba por un lado, el Congreso iba por otro. Cada industria traía sus propios datos y eso nos creaba un problema cuando era comisionada residente. Casi siempre el Congreso lo que me decía: ‘hasta que se pongan de acuerdo, no vengan aquí’. Esa era la manera más fácil de que el tema no se tocara”, compartió González al presentar datos del informe, que recibirá ajustes por recomendaciones del comité multisectorial y será publicado el próximo miércoles.

Hasta diciembre de 2024, 1,366,877 personas estaban cubiertas por el Plan Vital y el Plan Platino de Medicaid. Los beneficiarios representan el 47% de la población boricua, mucho más que el promedio de pacientes cubiertos en Estados Unidos, que ronda el 20.40%.

“Tuvimos muchos puertorriqueños que, con los huracanes (Irma, María y Fiona) y la pandemia (de COVID-19), se fueron a los estados. Le cuesta más al gobierno federal atender los puertorriqueños que se van y se atienden allá que los que se quedan aquí. Lo tenemos documentado”, sumó la gobernadora, como otro argumento que llevarán a la capital federal.

La tasa de pobreza en la isla (40.50%) representa el doble de otras jurisdicciones –como Misisipí (18.9%), Luisiana (18.9%)–, y sobrepasa, por más de tres veces, la tasa nacional estadounidense de 12.5%. González señaló, además, que el 46.1% de los puertorriqueños con impedimentos, que requieren más servicios de salud, vive bajo niveles de pobreza.

Al recordar su trabajo como comisionada residente, González dijo que otro problema que Puerto Rico enfrentó fueron los señalamientos por fraude a Medicaid. “Se impusieron unos requisitos que no se le imponían a ningún estado. Puerto Rico los implantó y están corriendo. Nos han ayudado a que tengamos menos de un 1% de fraude, cuando la media nacional es más de un 5%. Estamos mejor posicionados”, subrayó.

En 2024, el índice de fraude fue de 2.51% en el archipiélago, según la unidad puertorriqueña de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. El índice de Estados Unidos fue de 5.09% en ese período.

“La información de que Puerto Rico tiene menos fraude en estos programas que los estados será de gran utilidad. El tercer escollo es saber cuál va a ser la composición del Congreso y cuál va a ser el vehículo legislativo en el que vamos a insertar estos cambios”, dijo Hernández, al referirse a las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que se elegirán 435 representantes y 35 de los 100 senadores.